Por Rafael Ponte*
Servindi, 28 de setiembre, 2017.- Tras los escándalos de corrupción revelados en el caso Lava Jato, que puso en evidencia la amplia y compleja red de sobornos que la empresa Odebrecht tejió en sintonía con funcionarios y autoridades de gobiernos de 12 países, las consecuencias en la opinión pública peruana empiezan a ser develados.
Una mayor desconfianza, casi generalizada, hacia el Estado y su desempeño en la lucha anticorrupción —que este debe encabezar—, junto a un claro reconocimiento de la ciudadanía sobre el impacto de la corrupción en su vida cotidiana, son resultados que deben preocupar al gobierno de turno.
Súmese a estas percepciones las que se tienen sobre los otros dos poderes: el Poder Judicial y el Congreso de la República encabezan el ránking de percepción sobre corrupción, seguidos por la Policia Nacional del Perú.
Estas son algunas de las conclusiones que demuestra la Décima Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2017, que acaba de ser presentada al público gracias al constante esfuerzo de Proética, capítulo peruano de Transparency International y la elaboración de Ipsos Apoyo.
La encuesta tiene estadísticas duras. Señala que 61% de ciudadanos/as considera que tras el caso Lava Jato es más difícil confiar en el Estado y que un 75% considera como ineficaz la labor del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la lucha contra la corrupción.
Imagen: Décima Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2017
Los motivos para desconfiar parecen ser razonables, considerando que el último presidente, Ollanta Humala, se encuentra bajo prisión preventiva; que el expresidente Alejandro Toledo rehuye a contundentes denuncias en su contra; y que el gobierno de Alan García destaca como el más corrupto (35%), delante de Alberto Fujimori (23%) y Humala (22%).
Similar situación debe vivirse en países de la región americana, razón por la cual el tema principal del debate de la VIII Cumbre de las Américas, a celebrarse entre el 23 y 25 de marzo de 2018 en Lima, será "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción".
Si la tendencia se mantiene, en 2019 la corrupción habrá desplazado a la delincuencia al segundo lugar de los principales problemas que preocupan al país.
Además, la incertidumbre de la ciudadanía no se limita al actual desempeño del gobierno sino que prevee que la corrupción seguirá aumentando en los cinco años. Si en el 2015 un 80% consideraba que este fatídico fenómeno aumentaría al 2020, este año un 84% espera lo mismo hacia el 2022.
El problema ha cobrado tanta relevancia en los últimos años que a diferencia de la encuesta del 2015, en que la corrupción era considerada como un problema principal del país por un 46%, ahora ha escalado seis puntos, colocándola en el segundo puesto tras la delincuencia. Sin embargo, la delincuencia ha reducido en cinco puntos su relevancia para la opinión pública (de 62% en 2015 a 57% en 2017).
Si la tendencia se mantiene, en 2019 la corrupción habrá desplazado a la delincuencia al segundo lugar de los principales problemas que preocupan al país.
Comentaristas tras la presentación (de izq. a der.): Walter Albán (Proética), Fernando Berckemeyer (El Comercio), Patricia del Río (periodista), Jaris Mujica (Lab. Criminología - PUCP), Mariana Rodríguez Risco (Empresarios por la Educación). Foto: Rafael Ponte
Las varias raíces de la corrupción
La presentación de la Décima Encuesta inició con las palabras de Jorge Medina, presidente de Proética, quien destacó la necesidad de contar con una estrategia anticorrupción que se debata a nivel nacional, considerando que es tan o más importante que las estrategias de defensa o de salud nacional, y que no basta con "atacar al escándalo sino a la raíz".
Pero, ¿cuál es la raíz y cómo atacarla?
Uno de los comentaristas invitados a la presentación, Jaris Mujica, antropólogo e investigador del Laboratorio de Criminología de la Pontifica Universidad Católica del Perú, destacó que cuando hablamos de corrupción estamos hablando de una "bolsa de conceptos", por lo que hablar de soluciones integrales resulta inútil.
Sobre todo, cuando, según Mujica, la racionalidad detrás de los actos de corrupción de autoridades, funcionarios y grandes empresas (macrocorrupción) y los de ciudadanos/as y medianas y pequeñas empresas (microcorrupción) responde a fines distintos.
Según el antropólogo, la microcorrupción no sigue un afán de ganancia económica inmediata sino que intenta resolver una situación de incertidumbre en la que se dinamizan las funciones del Estado según intereses individuales.
De este modo, los sobornos o favores que agilizan cuestiones burocráticas para trámites personales están fuertemente vinculados con deficiencias de los servicios y sectores públicos, baja calidad y escaso presupuesto.
Mujica citó como ejemplo el caso de un funcionario de un municipio distrital que recibió una coima de 20 soles para agilizar un trámite pero que al momento de distribuir el monto con otros funcionarios le generó una pérdida de 10 soles, es decir, repartió 30 para agilizar un trámite por el que recibió una coima menor.
El motivo es que este funcionario no deseaba una ganancia inmediata sino que consideró que el gasto fue una "inversión" a través de la cual podía construir redes de contacto con otras personas para obtener futuros beneficios laborales.
Mariana Rodríguez Risco, presidenta de Empresarias por la Educación, cree que este comportamiento es la manera en que luego autoridades y funcionarios del gobierno se convierten en grandes estrategas de la corrupción.
Desde su experiencia en labores educativas considera que la capacidad de ser corrupto no es innata a las personas sino que se adquiere a través de vivencias reales en las que experimentan y ponen en práctica valores y antivalores.
Ante ello, sugiere que el ejercicio y la difusión de prácticas cívicas y éticas sean permeables a todas las etapas de enseñanza de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Necesidad de liderazgo de alto nivel ético
José Ugaz, presidente de Transparency International, al igual que Jorge Medina, destacó la necesidad de un liderazgo de alto nivel ético en respuesta al patrón casi sistemático de deficientes liderazgos en la lucha anticorrupción desde la caída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y que confirma la encuesta con la percepción sobre la labor del gobierno de PPK.
Denunció también que tras la caída fujimontesinista no hubo aprendizajes significativos y que incluso ahora, en el gobierno de Kuczynski, se hace caso omiso a recomendaciones que podrían poner en vilo a la corrupción, como las cien propuestas que entregó la Comisión de Integridad, liderada por el ex Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, en diciembre de 2016.
Esta encuesta, realizada cada dos años desde el 2002, es un documento que pone en relieve las brechas que hay entre la implementación de políticas nacionales y la percepción de ciudadanos y ciudadanas sobre este fenómeno. Se espera que sea aprovechada por las instituciones competentes así como por la sociedad civil para crear nuevas oportunidades, desde distintos frentes, pronto.
Acceda al documento con un clic en el siguiente enlace:
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*Rafael Ponte es comunicador ambiental en Servindi. Twitter: @rafa_pont
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