Perú: Nuevos informes sobre Bagua coinciden en responsabilidad política del gobierno

Servindi, 15 de mayo, 2010.- La Comisión del Congreso encargada de investigar los sucesos de Bagua concluyó con la elaboración de cuatro informes que coinciden en señalar la responsabilidad política de altas autoridades del gobierno.

El informe en minoría de Guido Lombardi, presidente de la Comisión, señala que la ex Ministra del Interior Mercedes Cabanillas actuó con incapacidad absoluta y recomienda que el Congreso de la República evalúe la posibilidad de denunciarla por infracción constitucional.

Lombardi sostiene que ex la ministra del Interior no hizo nada para evitar el desenlace fatal y su responsabilidad política deriva de su inexcusable omisión.

"Era exigible que, en una circunstancia de tamaño contenido político, estuviera involucrada y no fuera meramente una observadora (...) Demostró incapacidad absoluta al declarar al mediodía del 5 de junio que la situación estaba controlada”, dice el informe.

Para sustentar esta sugerencia, el legislador señala una serie de omisiones cometidas por la ex funcionaria antes, durante y después del denominado “Baguazo’. “Cabanillas ha alegado abstencionismo absoluto, derivando todas las responsabilidades a la Policía (...)".

El congresista recuerda, además, que el 3 de junio del año pasado, en una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Alan García llamó la atención a Cabanillas para que solucionara el problema en la “Curva del Diablo’, que estaba tomada por los nativos.

Para Lombardi, si Cabanillas no hizo nada, como lo ha expresado en reiteradas ocasiones, entonces desoyó un llamado del mandatario. Lo que queda claro –sostiene el legislador– es que la ministra no adoptó ninguna medida para prevenir un desenlace tan trágico como el ocurrido el 5 de junio.

Es más, indica que con su inacción incumplió el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que pone a los ministros al frente de las políticas de sus sectores.

Lombardi también propone que se evalúe denunciar a los ministros Mercedes Aráoz y Octavio Salazar y al ex premier Yehude Simon. De la primera afirma que es “deleznable” que la ministra dijera que, por desconocimiento, no se consultó a los nativos sobre las leyes que generaron la protesta en la selva.

“Su responsabilidad política se desprende del incumplimiento de la obligación constitucional de someter a consulta los decretos que afectaban a los pueblos indígenas”, refiere.

Respecto de Yehude Simon, el parlamentario sostiene que no dio una solución política a la crisis en Bagua y que se concentró en organizar “mesas de diálogo infructuosas”. Finalmente, señala que el actual ministro del Interior, Octavio Salazar, incumplió con su obligación de entregar la información que le solicitó la comisión investigadora.

El informe determina que sólo un alto mando policial tiene responsabilidad penal por lo ocurrido en la Estación 6, donde comenzó la tragedia que enlutó a 34 familias de la policía y de comunidades indígenas.

Los cuatro informes son: El de Guido Lombardi, uno del Apra suscrito por Wilder Calderón y Luis Falla Lamadrid, otro del nacionalista Víctor Isla y otro de la legisladora fujimorista Martha Moyano que finalmente fue apoyado por los legisladores Eduardo Espinoza, de UPP; y Juan Perry de Alianza Parlamentaria, obteniendo la mayoría oficial.

“Como presidente me corresponde hacer llegar a la Oficialía Mayor y a la Presidencia del Congreso, el informe en mayoría y hasta antes del minuto previo a que se debata en el pleno, se podrán presentar los informes en minoría”, indicó Lombardi quién advirtió que los congresistas del APRA hicieron llegar su informe a última hora.

Por su parte, Moyano confirmó que sí se encontró responsabilidad penal en el general PNP Luis Muguruza, ex jefe de la Diroes y hoy asignado a la Oficina de Derechos Humanos, por su accionar negligente en la Estación Nº 6 de Petroperú donde 12 policías fueron víctimados.

Desinterés por aplicar sanciones

A pesar de contarse con distintos informes sobre los hechos ocurridos en Bagua (Amazonas) el Ejecutivo no demuestra mayor interés por sancionar a los responsables políticos por dicho episodio.

Así lo sostuvo la religiosa Maricarmen Gómez, ex integrante de la Comisión Multisectorial encargada de investigar el "Baguazo", al referirse a la reciente presentación del informe congresal sobre los acontecimientos registrados el 5 de junio del 2009.

"Creo que no se ha avanzado. ¿Dónde hay una señal de que se ha tenido en cuenta las responsabilidades? Quienes representan al oficialismo no las reconocen", declaró al programa "Diálogo Directo" de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).

Gómez Calleja indicó que, en todo caso, lo más rescatable es que tanto en la comisión del gobierno como en la del Congreso -aun con la presión del oficialismo- existieron informes en minoría que dan una versión distintas de los hechos y sí señalan a responsables políticos.

"Hay que estudiar sus fundamentos. No se trata de votos sino del peso de la argumentación de lo que se dice. Es un reto para las instituciones defensoras de los derechos humanos seguir indagando y tratar que esto no se repita", recalcó.

En el caso particular del documento que preparó junto con el dirigente awajún Jesús Manacés, invocaron al Poder Judicial y al Ministerio Público a cumplir con sus roles e iniciar los procesos correspondientes.

Además, recordó que a la fecha siguen sin derogarse los decretos legislativos que originaron el descontento de las comunidades indígenas. "Tiene que haber un esfuerzo de la sociedad civil -comenzando por la prensa- para atacar las causas del conflicto".

Por último, informó que ha sido invitada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) a la presentación de los informes preparados por los dirigentes de las organizaciones sociales de Amazonas que participaron en las cuatro mesas de diálogo convocadas por el Ejecutivo.

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Fuente: Con información de los diarios La Primera, La República y el despacho informativo de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR)