Servindi, 4 de noviembre, 2009.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los impactos generados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) violan el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.
La Audiencia, desarrollada en Washington DC (Estados Unidos), emitió este veredicto luego de escuchar a los representantes de las organizaciones indígenas que solicitaron la reunión.
Según sus intervenciones, los megaproyectos de la IIRSA han provocado desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades, delincuencia y degradación ambiental irreversible, entre otros impactos negativos.
Al término de la Audiencia, Luz Patricia Mejía, señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión mucho más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales.
Agregó que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando acerca del tema.
Megaproyectos
La IIRSA comprende 502 megaproyectos, de los cuales se incidiría en la Audiencia en tres: la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia, el complejo hidroeléctrico del Río Madeira en Brasil y la misma carretera en el Perú.
El primer expositor del Indian Law Resource Center, Leonardo Crippa, hizo hincapié en que estos megaproyectos sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente.
Explicó que la IIRSA viene vulnerando particularmente los derechos a la propiedad colectiva de la tierra, al ser trazados sobre territorios indígenas; a la libre determinación y el autogobierno; y a la integridad y la salud.
¿Quiénes son los afectados?
En otro momento, el primer cacique general de la Organización Indígena de la Chiquitanía, Rodolfo López, recordó que la idea de la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia proyecta unir Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, en los cuales afecta directamente a 31 comunidades, amenazando su cultura, su biodiversidad y su integridad.
De otro lado, Narciso Roca, presidente de la Central de Comunidades de la zona, añadió que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre a quienes facilita el acceso, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros.
Por su parte, Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil, denunció que los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira tienen como verdadero objetivo favorecer el monocultivo de soja.
Miguel Palacín Quispe, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciónes Indígenas (CAOI), aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo.
Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir los puertos peruanos de Ilo, Matarani y Marcona con el Brasil y que ello afecta los territorios de 3 mil 952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, 3 parques nacionales y 2 reservas naturales que suman más de 5 millones de hectáreas.
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