La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es uno de los organismos internacionales que trabaja, junto con el Fondo Indígena, por los derechos de los pueblos indígenas de América. Los derechos de los pueblos indígenas de América Latina, un colectivo tradicionalmente olvidado, ocupan los primeros puestos en el interés de organismos internacionales tan importantes como la Segib y la Organización de Estados Americanos (OEA), que esta semana han suscrito sendos acuerdos con el Fondo Indígena, destinados a la defensa de los derechos fundamentales de este grupo social y al aumento de su participación en la vida política.
El lunes, el secretario general de la Segib, Enrique Iglesias, y el presidente del Fondo Indígena, Leandro Yax, firmaban en Bolivia un convenio interinstitucional para promocionar e incorporar la perspectiva indígena regional en los proyectos de cooperación iberoamericana, según lo establecido en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en noviembre de 2006 en Montevideo (Uruguay).
En el transcurso del acto, Yax manifestó la importancia de un Memorándum de Entendimiento en un contexto en que "los pueblos indígenas aportan los datos más negativos al proceso de globalización" por lo que "consideramos que la cooperación y las propuestas de resolución de problemas también deben globalizarse". El presidente del Fondo aprovechó para agradecer la solidaridad de la Segib y recordar su vocación de servicio, apoyando los procesos de autodesarrollo de los pueblos indígenas.
Por su parte, Iglesias elogió el desarrollo del Fondo, y su cooperación con países ajenos a la realidad iberoamericana. Según sus palabras "estamos en la tarea de crear un sistema de cooperación política entre países que saben convivir en la diversidad respetándose". El secretario subrayó que, en su momento, el organismo apoyó la creación de un Fondo Indígena porque "era el momento de reconocer que había una deuda muy grande con la integración de las comunidades iberoamericanas".
El convenio, que abarca un período de cuatro años prorrogables, está orientado al fortalecimiento del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas e institucionalidad hacia los pueblos indígenas de América, así como al fortalecimiento de la comunidad iberoamericana de naciones.
Días más tarde, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reanudaban las negociaciones del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en especial en lo que se refiere a los derechos relacionados con la identidad cultural y los derechos políticos y organizativos de este colectivo.
En la inauguración de la que constituyó la novena "Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos" el secretario adjunto de la OEA, Albert Ramdin, aprovechó para reiterar el compromiso de la organización de trabajar para concluir el proceso lo más pronto posible, y resaltó la necesidad de que el documento final contemple la diversidad del hemisferio en cuanto a geografía, idiomas y otros elementos que deben servir como base a la unidad.
Ramdin también destacó que, a lo largo de los últimos años, se ha registrado una mayor participación por parte de la sociedad civil y de sectores tradicionalmente marginados, como las comunidades indígenas, la mujer o la juventud. Aunque reconoció las dificultades en el proceso de negociación, subrayó la necesidad de contar con resultados tangibles en cuanto al proyecto de Declaración, por lo que aprovechó para instar a las delegaciones a ser más creativas y constructivas.
Por su parte, el presidente del grupo encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el embajador Juan León, explicó que la finalidad de esta ronda era establecer los derechos relativos a diversidad cultural, idiomas, educación o patrimonio cultural, entre otros, ya que en muchos países, las comunidades indígenas no participan en las decisiones porque ellos mismos no quieren o "porque los gobiernos no abren canales para su participación".
Ambos funcionarios instaron a los países miembros a hacer el máximo esfuerzo para que se pueda entregar el proyecto de Declaración a la Asamblea General de la OEA en 2008.
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