Bolivia: Balance de un año de gobierno de Evo Morales, por Pedro Portugal Mollinedo

A un año de gobierno de Evo Morales en Bolivia se han hecho evaluaciones marcadas por sumisos elogios o por ataques simplemente tendenciosos. El texto que quiero compartir es publicado en el número 16 del mensual Pukara (http://www.periodicopukara.com) tiene una aproximación desde la tendencia de los pueblos indígenas, lo que le da un valor de análisis particular. Un análisis sin complacencias para discriminar lo revolucionario de lo evolucionario en este año de gobierno.

Preludio

En enero del pasado año, 30.000 personas asistían en Tiwanaku a la entronización de Evo Morales. En La Paz, al día siguiente, una cantidad menor pero igualmente impresionante, acompañó su posesión oficial como Presidente de Bolivia. Se vivían días eufóricos, se pensaba que tal apoyo de multitudes difícilmente podía ser igualado, menos revertido contra el inicio de un período radicalmente transformador en la historia de Bolivia.

Un año después los autonomistas cruceños reunieron a casi un millón de personas para enfrentar la política del MAS y en el festejo en La Paz del aniversario de posesión, el gobierno no logró reeditar las impresionantes multitudes del año anterior.

Evo Morales llegó al poder en medio de una expectativa por su origen indígena. Se tejieron fábulas, por ejemplo, sobre la «chompa» famosa de la gira antes de su posesión. Se quisieron ver simbolismos de «difícil comprensión para nuestras concepciones occidentalizadas», como escribía acomplejada y humildemente uno de sus exegetas. Un año después, los analistas y el pueblo en general, observan menos sus orígenes y vestimenta que los resultados de sus políticas de gobierno.

El decálogo del MAS

Para evaluar un año de gestión es justo medirlo con los parámetros de su oferta electoral, conocida como el «decálogo del MAS», destinada a «desterrar el Estado neoliberal, excluyente, discriminador y colonial y diseñar un Estado nacional digno, comunitario y productivo, dirigido a mejorar la vida de los habitantes de este país.»

Este decálogo prometía «la nacionalización de hidrocarburos y la industrialización del gas». Promesa cumplida de manera amorfa, pero cuyos resultados en el incremento de recursos para el Estado es positivo, pues se espera eleve el ingreso por hidrocarburos de 282 a 1.300 millones de dólares. Hay quienes muestran que esta nacionalización no provocó juicios internacionales ni fuga de capitales; justamente porque no se trata de una nacionalización (que conlleva expropiación) sino de la firma de nuevos contratos que aumentan las regalías estatales.

Estos nuevos contratos impiden a YPFB realizar inversiones y asumir responsabilidades, reduciendo su función a la de fiscalizador de las empresas que explotan hidrocarburos. Actuando así, Evo Morales consolida el modelo neoliberal pues las empresas mantienen su poder en la economía boliviana: la empresa petrolera brasileña Petrobras es responsable del 20% del PIB boliviano y controla el 46% de las reservas de hidrocarburos del país, en tanto la española Repsol-YPF tiene el 23%.

Incrementar los ingresos fiscales a costa de las transnacionales, pero no cuestionarlas radicalmente, no es nada revolucionario. Los mismos Estados Unidos están, en este tema, tan adelantados como Evo Morales. El Financial Times (edición del 20-21 de mayo, 2006), anuncia que el Congreso de ese país aprobó una ley para aumentar la parte de su gobierno en los beneficios petroleros hasta 20.000 millones de dólares, mediante el pago de seis dólares por mil metros cúbicos de gas, mientras que Bolivia espera que Brasil le pague cinco dólares por mil metros cúbicos de gas.

Fiesta para las petroleras

Según fuentes (APG Noticias, enero, 2007), petroleras argentinas en Bolivia tienen instalados gasoductos clandestinos en Yacuiba, por donde sacan gas y petróleo sin control alguno. Los cisternas de Tranredes tampoco serían objetos de fiscalización. Bien valió aumentar en algunos puntos el precio del gas, pues «no afectaba a la economía de los argentinos» y más bien los beneficia al consolidar su situación de revendedor del gas boliviano a Chile.

La Asamblea Constituyente

La promesa de Asamblea Constituyente fue cumplida en la forma, en los resultados el inmovilismo es total. La Ley de Convocatoria fue resultado de componendas del MAS con los partidos de oposición. Por esos acuerdos se desechó la elección de representantes corporativos (incluso el gobierno anterior de C. Mesa los había adoptado) aceptando de elección mediante partidos políticos. Este diseño impidió la presencia directa de delegados de las organizaciones y pueblos más interesados en reestructurar este país.

Este acuerdo hacía que matemáticamente nadie podía obtener más del 65 % de la votación. Así el gobierno se encadenó al veto de la oposición. Fruto del acuerdo entre gobierno y oposición están los dos tercios, la obligatoriedad de alianzas, acuerdos y consensos y otras modalidades plasmadas en la Ley de Convocatoria.

Después y por la presión de sus bases, el gobierno movilizó demagógicamente la opinión oponiendo la «mayoría absoluta de trabajadores e indígenas», a los «dos tercios de oligarcas y latifundistas». Ahora vuelve a aceptar el principio de los dos tercios para en algo viabilizar esta Asamblea.

Este cambio de reglas revive a partidos que estaban fuera del escenario político, favorece la emergencia de una nueva oposición regional y hace que una Constituyente descolonizadora sea actualmente sólo un discurso vacío.

Andrés Ibañez autónomo

La autonomía departamental fue también propuesta del MAS, teniendo además la gentileza de bautizarla con el nombre de un héroe cruceño. Al igual que con la Constituyente, el MAS renegó rápidamente de sus principios, posicionando a su gobierno como izquierdista, indigenista y contrario a las autonomías y, en el bando contrario a la oligarquía reaccionaria autonomista.

Esta dicotomía fue una mala aproximación ideológica y un peor cálculo político, pues puso al margen de la política gubernamental a cuatro departamentos que aportan el 43 % del PIB y que cuentan con las mayores reservas energéticas en Bolivia. Desenmascaró, también la fatuidad ideológica y pro-gramática del MAS: no tiene una pro-puesta alternativa para la descentralización del poder y el desarrollo local.

Corrupción e impunidad

Otro punto del decálogo es la «Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupción y la impunidad». Cuando el poder político está concentrado en pocas manos, fruto del esquema colonial, los abusos y degradación de la moral política son moneda corriente. La opinión esperaba un cambio y también en este aspecto focalizó sus esperanzas en el MAS.

El deseo del MAS por marcar diferencias es loable, sin embargo a la corrupción no se la elimina con decretos. Es necesario desmontar la corrupción institucionalizada, como el contrabando, el tráfico de influencias, el mal uso de recursos del Estado, el nepotismo.... Para ello se necesitan actitudes más que legislación. La corrupción en el sistema de salud, por ejemplo, se mantiene intacta y la única iniciativa del gobierno fue ¡la importación de médicos cubanos que puedan prestar servicios allí donde nuestros acomodados médicos no quieren hacerlo!

En el actual gobierno el nepotismo campea, lo prueba el poder del clan Morales Dávila. Manuel Morales-hijo, ahora presidente de YPFB, fue denunciado de cometer tráfico de influencias al haber contratado para YPFB una firma de auditaje, de la cual su padre era socio. Y, ¿es necesario recordar que Jorge Alvarado fue retirado del mismo YPFB por denuncias de haber violado el decreto de nacionalización al suscribir un contrato con una intermediaria para exportar crudo al Brasil?, sólo por citar unos casos.

«Tijera» y seguridad

El MAS denominó Ley «Tijera» a la que reglamente la austeridad en la administración pública. La rebaja de altos sueldos de funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales recibió aprobación de la opinión pública. Incluso el presidente recortó sus ingresos en un 50%. Quita lustro a esta medida, sin embargo, la transmutación de los «gastos reservados», la indiscreción en los ingresos de los constituyentes y el poco aumento del salario básico.

El decálogo prometía también «un plan eficaz de seguridad ciudadana», tema sobre el cual hasta el momento no se hizo nada notable.

Desarrollo productivo

El programa del MAS prometía un programa económico de desarrollo productivo que sentaría las bases de una economía diferente a la neoliberal. En realidad parece que el Estado, con la administración de Evo Morales, se fortalece en este modelo.

Por la negociación de nuevos contratos con las multinacionales petroleras que operan en Bolivia, la renta se incrementa notablemente. Estos ingresos, sin embargo, no cuentan con un plan de inversión productiva, sino que servirán, aparentemente, a obras sociales del tipo «bono Juancito Pinto». En el rubro petrolero, lo mismo que en el minero, se consolida el factor exportador, en detrimento del industrializador y productivo, lo que prevé «grandes beneficios en el corto plazo y problemas en el tiempo largo».

Superintendencias

El control de tarifas de los servicios públicos eliminando las superintendencias, los sueldos millonarios, el oculta-miento de información al Estado y la burocracia, fue otra de las promesas del MAS. Indudablemente atacar este problema significa desmontar el actual aparato de Estado y sustituirlo por otro. Es una medida necesaria pero que no se la ha hecho, porque conlleva articular con otras reformas en diferentes sectores de gobierno y de poder.

Se han implementado, sin embargo, algunas medidas. Por ejemplo, la «tarifa solidaria del consumo de energía eléctrica», que beneficiará a muchas familias de bajos recursos y la creación del Banco de Fomento para la Pequeña y Mediana Empresa.

Reforma agraria

La «Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria» intenta poner fin al acaparamiento de tierras por latifundistas y promover la propiedad colectiva de la tierra. Esta medida provocó oposición de connotados políticos de derecha que, coincidente-mente, son grandes propietarios en el oriente y de la amazonía boliviana. Esta ley, sin embargo, no afecta directamente a las grandes propiedades, incluso si su improductividad es evidente, pues privilegia la distribución de las tierras estatales, que son las menos fértiles y están ubicadas en regiones alejadas de los mercados.

A pesar de estas limitaciones esta Ley ofrece expectativas a los campesinos sin tierras, cuyo éxito dependerá de las posibilidades de acceso fácil al crédito, de adecuada asistencia técnica y de la capacidad de presión de las propias organizaciones campesinas y de colonizadores.

Descolonización cultural

El MAS también proponía la descolonización cultural a través de la «Ley Elizardo Pérez para la educación y cultura». Esta Ley está en su etapa de anteproyecto y ha sido objeto de crítica por especialistas calificados (ver, por ejemplo, artículos de José Luís Saavedra en Pukara Nº 15 y Nº 16).

El destino de este anteproyecto es aun más incierto con el cambio como ministro de su mentor, Félix Patzi, pues la estrategia del actual gabinete parece ser «distender» todo conflicto creado por sus predecesores. Lo irónico del caso es que la ofensiva contra Patzi desde diferentes sectores sociales y profesionales, obedecía más que a su pretendida vocación descolonizadora, a las torpezas e insuficiencias con que expresaba esa necesidad histórica.

Evaluación de conjunto

El gobierno no promulgó ninguna Ley ni aplicó política alguna que hubiese profunda y radicalmente afectado los intereses de los poderosos, como para explicar los enfrentamientos y tensiones que caracterizaron el año 2006, en tanto «reacción natural de autodefensa de la derecha y la oligarquía». Los enfrentamientos y muertos que hubo pueden ser explicadas por incoherencias y errores internos del gobierno (casos de Mandiola y Huanuni) y por tensiones generadas por políticas aun no definidas ni aplicadas por el gobierno (San Julián, Cochabamba).

En este proceso jugaron rol importante los medios de comunicación. «Los medios atacan sistemáticamente a Evo Morales», se afirmó, olvidando que varias veces recibió halagos casi unánimes de estos medios, como cuando «nacionalizó» el petróleo.

En los enfrentamientos el gobierno aplicó una táctica que le puede costar el apoyo de las bases que lo sostienen. En San Julián motivó a los migrantes collas oponerse al cabildo de los autonomistas cruceños. Así lo hicieron y cuando los autonomistas más radicales apalearon collas y quemaron sus puestos en los mercados, el gobierno no intervino, ni mucho menos «radicalizó» el conflicto como algunos esperaban. En Cochabamba el discurso oficialista soliviantó a los sectores sociales, quienes extremaron recursos para expulsar a Manfred Reyes Villa. Cuando se llegó al máximo hecho político de expulsión, que es designar en cabildo otro prefecto, el gobierno retiró sus bases, calmó las tensiones y ratificó la autoridad de Reyes Villa.

Tendencias en el MAS

Existe una heterogeneidad de tendencias ideológicas que conviven en el actual gobierno. Oscar Olivera, dirigente de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, señala que este gobierno es «una mezcla de todo tipo de corrientes: partidarias tradicionales, de movimientos sociales emergentes y de arribistas que se colaron a último momento» (Entrevista de Raúl Zibechi del semanario Brecha de Montevideo).

En efecto, existen distintas lecturas de la realidad, muchas veces contradictorias. En esta mixtura la «tendencia» indigenista es la menos fuerte en presencia física y solidez ideológica. Sin embargo, el «carácter indígena del gobierno» es la marca de fábrica que se exhibe, sobre todo en el exterior, para motivar respeto y ganar apoyo y solidaridad. En medio de estas fracciones el Presidente Evo Morales duda y oscila, aun cuando el nivel de decisión parece estar circunscrito a un grupo asesor, conservador y «pragmático» que habría definido, entre otras cosas, la sujeción plena a las medidas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La coartada indigenista

Este vacío ideológico y programático se pretende encubrir con la legitimidad de un indígena en función presidencial en Bolivia. Ya lo dijo James Petras: «Decir simplemente yo soy indígena o vengo de orígenes humildes o populares, no garantiza nada»

El discurso oficial indigenista no corresponde ni a las políticas que se aplican, ni al origen étnico de los principales decididores políticos del MAS. «Indígena» es la perorata con que se espera motivar a las bases para que defienda a muerte a Evo Morales y al MAS. Así se explica el recurso preferente del gobierno al culturalismo ritualistas y pseudo filosófico, generando un discurso plagado de extravagancias, al cual se pretende dar el título de pensamiento indígena.

Epílogo

Para algunos «un año es insuficiente para concluir cambios trascendentales» y «la revolución y los cambios se hacen poco a poco». Así Evo Morales de revolucionario se muta en «evolucionario». En realidad este gobierno perdió la oportunidad de iniciar cambios trascendentales. Las elites coloniales reorganizadas y las nuevas formas de oposición (autonómicos, por ejemplo) hacen que una iniciativa en ese sentido sea más incierta.

El gobierno puede «evolucionar» al estilo MNR, consolidando sus ansias de poder y desnaturalizando sus primitivas pretensiones. Puede inscribirse en una línea más radical, en términos de izquierda, prestando para ello oídos más a Hugo Chávez que a Fidel Castro (o a su sucesor). Puede, finalmente, iniciar una verdadera tarea descolonizadora, seria, original y radical en los términos de referencia que plantean los modelos de nuestras sociedades originarias. Todo depende de qué fracción logre la hegemonía en ese conglomerado llamado MAS. A menos que el pueblo decida dotarse de otro instrumento político...

Fuente: Periódico mensual Pukará N° 16, http://www.periodicopukara.com