Imagen: Blog de la CNDDHH
- Gobierno levanta estado de emergencia luego que organizaciones suspende paro interprovincial.
Servindi, 30 de octubre, 2015.- Dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau sostendrán el 16 de noviembre anunciaron una mesa de diálogo con el Gobierno central luego de que el Comité Central de Lucha de ambas provincias suspendiera el Paro Interprovincial y luego el gobierno levantará el estado de emergencia.
Según informó Rodolfo Abarca, del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, en la mesa de diálogo participará la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Regional de Apurímac, los gobiernos locales, la empresa Minmetal Group Limited y las organizaciones sociales de base de los poblados de la zona de influencia minera.
“Solo nos informaron que en esta mesa de diálogo participarán estos cinco actores. No se ha hablado de ver si se convoca a alguna organización de la sociedad civil”, comentó Abarca, en declaraciones a la Red Muqui.
Decisión de diálogo partió de los pobladores
La Asamblea Provincial Extraordinaria celebrada el miércoles 28 de octubre realizada frente a la Municipalidad del poblado de Pisaccasa, la cual se registró ante el Juzgado de Paz del distrito de Tambobamba, acordó deponer la medida de fuerza como la mejor opción para propiciar el diálogo.
Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha Interprovincial, informó que estuvo buscando el diálogo con el Ejecutivo motivo por el cual viajó a Lima y Cusco, siguiendo además de cerca la situación judicial de los diecisiete detenidos por la Policía Nacional.
Temas pendientes
El acta de la reunión extraordinaria en Tambobamba, indica que algunos dirigentes no confían en los resultados de la Mesa de diálogo de Coyllurqui que se llevó a cabo el 16 de octubre entre ministros y alcaldes distritales.
Uno de los motivos de insatisfacción es que aun no existen condiciones favorables claras para la provincia, además de que existen temas pendientes de resolver como la atención a los heridos y a los deudos de los fallecidos.
De otro lado pobladores de la comunidad de Pumamarca refirieron que la empresa minera Minmetal Group Limited les ofreció dos camiones, además de otros “intercambios” en lugares aledaños como medidas de compensación que consideraron arbitrarias e insatisfactorias.
También manifestaron su desacuerdo frente a la “distritalización” que ofrece el Estado en centros poblados como el de Tambulla.
Conflicto latente
El Paro Interprovincial se acató en la zona en rechazo a la instalación de una planta de Molibdeno del proyecto minero Las Bambas a cargo de la empresa Minmetal Group Limited (MMG).
Luego de anunciarse el levantamiento de la medida de fuerza los ministros del Interior, Energia y Minas, Vivienda y Salud viajaron a la región Apurímac para levantar el estado de emergencia decretado en cuatro provincias de Apurímac y dos de Cusco.
El proyecto Las Bambas está valorizado en diez mil millones de dólares y su inicio está previsto para el primer trimestre del 2016.
Existe un aproximado de 30 mil ciudadanos y ciudadanas representados en dos frentes de defensa y seis comunidades, que están a la espera de participar en un proceso de diálogo con el Ejecutivo, que ha privilegiado reunirse únicamente con autoridades ediles y algunos dirigentes.
En el contexto del paro se produjo la muerte de tres comuneros y a la fecha ningún efectivo policial ha sido procesado ni sancionado por estas muertes.
Como lo advirtió un informe especial elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros el proyecto Las Bambas fue modificado hasta en cinco ocasiones en menos de 20 meses, siendo este uno de los motivos de preocupación de la población afectada por el citado emprendimiento minero.
A ello se agregan las sobreexpectativas económicas y laborales generadas por el proyecto durante su fase de preparación y que ahora se han reducido de manera drástica.
Comentarios
¡Cinco modificaciones en 20 meses! Ese es señal de algo que seriamente anda mal en el proyecto. Están forzando a que salga el proyecto. Cuando se hace ésto el proyecto termina dañando a las comunidades.
Los líderes deben recordar qué originó el paro; es decir, qué problema, que les afectaría o ya les afectaba, logró convocar el paro. Uno de ellos es que no quieren la planta de concentración de molibdeno. Esto es lo que tienen que atender los dirigentes, sean comunales o gobiernos locales. De lo contrario, lo que logren se convertirá en decepción social. Esa consecuencia no conviene a las comunidades.
No se extrañen, la minera va a trabajar con alta tecnología que no requiere mucha mano de obra; porque ellos quieren dar valor a su tecnología y no a las personas (obreros, campesinos).
Que les dé dos camiones para que en menos de un año esté parado (malogrado) en la plaza como adorno, es un pedido tonto.
Sus luchas en defensa de la vida y salud de las comunidades y su ambiente tiene mucho más valor que las migajas que obtengan. Eso hay que cuidar.
Las comunidades necesitan pedir estudio y monitoreo independiente del impacto medio ambiental. Y para eso el dinero debe salir de la minera; y el Estado es solo un garante de eso; el gobierno está perdiendo confianza cada vez más porque siempre se está ladeando hacia favor de la empresa.
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