Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de nacionalidad filipina
Servindi, 25 de octubre, 2015.- "Las cláusulas de inversión de los acuerdos de libre comercio y de los tratados bilaterales y multilaterales de inversión, tal y como se conciben y se aplican actualmente, afectan negativamente, de forma real y potencial, a los derechos de los pueblos indígenas, en particular a sus derechos a la libre determinación, a sus tierras, territorios y recursos, a la participación y al consentimiento libre, previo e informado".
Así lo sostuvo Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su informe: Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, presentado a la Asamblea General en 2015.
La relatora señala que las inversiones no son, en sí mismas, destructivas, pero el presente informe pone de relieve los aspectos injustos del actual sistema de gobernanza económica y financiera mundial y sobre la limitada capacidad de protección de los Estados y los sistemas de gobernanza local.
Analiza el modo en que los pueblos indígenas, que se encuentran entre los más marginados del mundo, sufren de manera desproporcionada las consecuencias de un sistema que contiene desequilibrios sistémicos entre el ejercicio de los derechos de las sociedades inversoras y el ejercicio de los derechos humanos.
El informe concluye que, para garantizar el respeto, la protección y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, es preciso realizar un examen más exhaustivo de las repercusiones de los acuerdos internacionales de inversión y de libre comercio y emprender reformas más profundas de las políticas y los sistemas.
Anuncia asimismo que futuros estudios se centrarán en averiguar cómo pueden los acuerdos de inversión beneficiar por igual a los inversores y a los pueblos indígenas.
Recomendaciones
El documento finaliza con un conjunto de recomendaciones a los Estados como actuar colectivamente para encontrar formas de lograr un mayor equilibrio entre los derechos de los inversores y las empresas y los derechos humanos de todos los ciudadanos en los regímenes de inversión y de libre comercio.
Asimismo, participar activamente en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos.
También propone replantear los paradigmas de desarrollo que no conllevan un desarrollo inclusivo y sostenible y la reducción de la pobreza en todos los grupos, especialmente los pueblos indígenas.
Acceda al documento de la relatora en el siguiente enlace:
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