Fuente de la imagen: CNDDHH
Servindi, 7 de octubre, 2015.- Las autoridades peruanas deberían llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de la muerte de tres personas durante un enfrentamiento ocurrido el 28 de septiembre de 2015 entre policías y manifestantes que se oponen a un proyecto de minería, señaló la organización Human Rights Watch.
“Los manifestantes que cometen actos violentos deben rendir cuentas por sus actos, pero también debe hacerlo cualquier policía que haya empleado fuerza excesiva en contra de manifestantes”, observó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.
“Por supuesto que los policías tienen derecho a defenderse, pero no tienen derecho a usar la fuerza de forma letal salvo que no exista otra repuesta proporcional ante una amenaza inminente a la vida.”
Uso no letal de la fuerza
Human Rights Watch recordó que los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley exigen que los funcionarios de seguridad pública, al intervenir en protestas violentas, recurran en primera instancia a un uso de la fuerza proporcionado que no sea letal.
Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios de seguridad pública deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del riesgo que enfrentan.
El objetivo legítimo debe cumplirse reduciendo al mínimo los daños y las lesiones, y preservando la vida humana, indicó la organización internacional.
Los hechos
El conflicto se desató cuando miembros de la Policía abrieron fuego el 28 de setiembre contra un grupo de manifestantes que intentó ingresar a un campamento minero en Cotabambas, en el departamento de Apurímac.
Los manifestantes que murieron son Exaltación Huamaní Mío, de 32 años, Alberto Cárdenas Chaco, de 24, y Beto Chahuayllo Huillca, de 39.
Al menos otros 15 manifestantes sufrieron heridas, en varios casos provocadas por armas de fuego. Doce policías también resultaron heridos por manifestantes que participaron en actos violentos, como arrojar piedras, según señalaron medios locales.
De acuerdo con datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo a la organización no gubernamental peruana Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), 7 civiles y 3 policías continúan hospitalizados.
El motivo de las protestas fue el rechazo a cambios importantes introducidos en el estudio de impacto ambiental de la mina de cobre Las Bambas y que generan desconfianza y temor en la población local.
Conflictividad e impunidad
Human Rights Watch sostiene que es común que manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras iniciativas del sector privado y gubernamentales en Perú sean escenario de enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales civiles resultan heridos o mueren abatidos por disparos policiales o militares.
Si bien en los últimos años la cantidad de víctimas fatales de estos enfrentamientos ha descendido, hubo escasos avances en la investigación de casos de personas heridas y víctimas fatales, y la legislación adoptada recientemente ha debilitado incluso más la rendición de cuentas por parte de la Policía y el Ejército.
Aunque continúan las investigaciones judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Perú, el progreso en las causas ha sido lento y limitado.
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