Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
Servindi, 4 de setiembre, 2015.- Pobladores de la provincia cusqueña de Espinar, de la zona de influencia de las operaciones de la empresa Glencore Antapaccay, acusaron a las autoridades de salud y medio ambiente, del gobierno central y regional, de no tomar acciones concretas ante el comprobado deterioro de su salud provocado por la actividad minera.
Así lo dieron a conocer, el martes último, durante una reunión con autoridades de esa región, entre las que se encontraban el gobernador regional, el director del Plan MERISS, el director del Instituto de Manejo de Agua (IMA), el gerente regional de Recursos Naturales, el director regional de Salud, entre otras.
Ante esta acusación la Dirección Regional de Salud Ambiental (Diresa) señaló que desde el 2014 se viene implementando un plan al respecto.
No obstante, esto fue rebatido por los pobladores que representan a organizaciones sociales y que llegaron a la cita acompañados del alcalde de la provincia de Espinar y otros funcionarios de esa misma sede.
De acuerdo a lo dicho, las acciones a las que hizo referencia la Diresa no corresponden a la zona de influencia directa de la empresa, donde se ubican las comunidades campesinas de Alto Huarca, Huisa, Alto Huancane y Tintaya Marquiri, que sufren el impacto directo de la explotación minera.
De igual modo, se observó la falta de ejecución de proyectos de saneamiento básico pese a que en la Mesa de dialogo del año 2012 se estableció que las fuentes naturales de agua de estas zonas no son aptas para el consumo humano.
Acuerdos
Cabe destacar que al final de la reunión se acordó la conformación de una mesa técnica en salud, integrada por instituciones gubernamentales del Gobierno Regional quienes realizarán un informe en relación a las acciones desarrolladas en materia de salud.
Este será presentado el 17 de setiembre.
Asimismo, se acordó que esta misma instancia convocará a los representantes del Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y otros, para presentar un informe de las acciones desarrolladas para el 22 de setiembre.
Finalmente, el Gobierno Regional se comprometió a realizar acciones en coordinación con las organizaciones sociales para salvaguardar la salud de las personas de la provincia de Espinar.
Antecedentes de la inacción
Esta reunión se dio luego de que el mes de mayo se presentará una "demanda de cumplimiento" contra diversos sectores del Estado que tenían y tienen responsabilidad en la implementación de acciones a fin de atender a la población de Espinar.
En ese sentido, los demandados fueron el Ministerio de Salud, de manera especial el CENSOPAS -recientemente denunciado por ocultar información-, la DIRESA de Cusco, el Minam y el OEFA.
Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Entre los que presentaron esta demanda se encontraban organizaciones sociales, así como las instituciones Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco, Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Aporvidha), y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Como se recuerda, el 2012 tuvo lugar en Espinar un conflicto social de grandes dimensiones que terminó incluso con varios muertos. Los pobladores acusaban a la entonces empresa minera Xstrata Tintaya de contaminar sus principales fuentes de agua y sus suelos.
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