Servindi, 1 de setiembre, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
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Mundo Indígena Perú - 1 de setiembre de 2015
Lote 192. Tedy Guerra, apu de la comunidad Nuevo Andoas de la cuenca del río Pastaza, en Loreto, denunció a la Organización Interétnica del Alto Pastaza (ORIAP) por haber ingresado a la fuerza a su comunidad, el pasado jueves 27 de agosto.
Según contó, esto motivó enfrentamientos entre miembros de dicha organización y nativos de la comunidad.
De acuerdo al dirigente, ORIAP ingresó a Nuevo Andoas con el fin de desinformar a la población sobre la posición indígena respecto a la consulta previa del Lote 192 y las protestas en Iquitos a favor de que la empresa estatal Petroperú ingrese a dicho lote.
Recordó así que ORIAP es una oenegé que contó con el aval del Estado para ingresar al proceso de la consulta previa, y que en ese marcó firmó un acuerdo de beneficios económicos con el gobierno.
“El Gobierno nos está haciendo enfrentar entre hermanos”, acusó.
De otro lado, las federaciones indígenas Feconaco, del Corrientes, y Fediquep, del Pastaza, aclararon que sus reclamos por que se reabra el proceso de consulta no guardan relación con que Petroperú opere el Lote 192, tal como vienen señalando algunas autoridades y congresistas de la ciudad de Iquitos.
Alfonso López, presidente de la asociación cocama Acodecospat indicó que quienes protestan a favor de Petroperú son principalmente los kichwas de la cuenca del Tigre, además de otros grupos políticos y sociales de Loreto.
Palma aceitera. La Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU) facilitó el ilegal traspaso de bosques vírgenes de la comunidad nativa Santa Clara de Uchuya a la empresa de palma aceitera, Plantaciones de Ucayali S.A.C.
De acuerdo a un reportaje de Álvaro Masquez Salvador, del Instituto de Defensa Legal (IDL), en la irregular adjudicación, se consideró a las referidas tierras comunales como “tierras de libre disponibilidad del Estado”.
La publicación observó que el contrato ilegal vulnera derechos humanos fundamentales como la propiedad ancestral comunal, el derecho a la consulta previa y el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado.
En relación a este problema, el programa periodístico Panorama difundió el domingo un reportaje sobre el daño que este tipo de empresas viene ocasionando en la selva de Ucayali.
Se aprecia así que estas empresas no respetan la ley y por el contrario se imponen ante las propias autoridades.
Titulación. El jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, consideró que la demora en la titulación de la comunidad nativa Saweto demuestra una debilidad del Estado peruano.
Opinó así que ésta finalmente se dio debido a que la comunidad tuvo gran atención de los medios a raíz del asesinato de sus líderes a manos de madereros ilegales.
“Esto vislumbra un escenario negativo para otras comunidades que requieren también la titulación”, sostuvo.
Por otro lado, advirtió que existen grandes obstáculos que alargan por muchos años la titulación de las comunidades, principalmente por los numerosos procesos y trámites engorrosos.
Senace. A pocos meses de cumplir tres años de creación, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) aún no ejerce sus funciones, tales como la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Así lo revela un informe elaborado por la asociación CooperAcción, que calificó de preocupante que el SENACE todavía no cuente con un nuevo encargado de la Jefatura desde la salida de Rosa María Ortíz Ríos, en febrero de 2015.
El informe señala que el proceso de implementación del organismo estatal tiene un proceso lento y con permanentes postergaciones, que no coinciden con el carácter de urgencia con que fue creado.
Según CooperAccion, las omisiones se deberían a “la resistencia de autoridades sectoriales, la presión de los inversionistas y el accionar del Estado”.
Derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) cuestionó una sentencia del Tribunal Constitucional sobre tres decretos legislativos que autorizarían la presencia de las Fuerzas Armadas en operaciones de control interno.
Estas disposiciones facultarían la intervención militar sin declaratoria de emergencia y sin requisitos precisos, contraviniendo el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, señaló la organización de derechos humanos.
La Coordinadora tildó de “imprecisa” una acotación del Decreto Legislativo 1095, que autoriza la intervención militar cuando “esté en juego la vida, integridad, salud o seguridad de las personas” sin declaratoria previa de estado de emergencia.
En ese sentido, alertó del “gravísimo riesgo” que entraña la participación de las fuerzas armadas en operaciones de control del orden interno, por su falta de preparación y armamento para intervenir en estas circunstancias.
Hija de la laguna. La noche del sábado fue retirada de exhibición la película “Hija de la Laguna” del local de Cineplanet Cajamarca.
Según el periodista Jorge Pereyra, la cinta había registrado el viernes llenos completos en sus dos horarios de exhibición de 8:10 y 10:10 PM, por lo que nadie se explicaba qué había sucedido para retirarla.
Sin embargo, precisó Pereyra, fue la presión popular en las redes sociales la que determinó que el domingo volviera a la programación.
“Hija de la laguna” trata sobre una mujer de los Andes con un don especial que usa para defender de una abusiva empresa aquello que considera sagrado.
El argumento guarda relación directa con los planes que tiene la llamada gran minería con los recursos hídricos de una importante zona de la región Cajamarca, en el norte del Perú.
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