Ecuador: Íntag, ejemplo de resistencia y alternativa al extractivismo colonial del siglo XXI

Servindi, 28 de agosto, 2015.- La resistencia del pueblo de Íntag, en las serranías de la Cordillera de Toisán, se ha convertido en un caso emblemático de alternativa viva al extractivismo colonialista del siglo XXI, observa el analista Horacio Machado Aráoz.

Se trata de una región rural de bosques húmedos que además de estar dotada de una belleza paisajística indescriptible y de una vasta riqueza hídrica, alimentaria y de socio-biodiversidad, hoy es un territorio ocupado por la fuerza policial a fin de imponer la actividad minera.

Íntag, una región remota y montañosa de los Andes, situada en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, es escenario de una digna resistencia contra la mega minería transnacional de la empresa Codelco patrocinada por el progresismo extractivista del gobierno de Rafael Correa.

A continuación el artículo completo de Horacio Machado:

La lucha de Íntag contra mega-minería transnacional y los avatares coloniales del progresismo extractivista

Por Horacio Machado Aráoz

El caso de Íntag, una región rural de bosques húmedos desplegada en las serranías de la Cordillera de Toisán, dotada de una belleza paisajística indescriptible y de una vasta riqueza hídrica, alimentaria y de socio-biodiversidad, se ha constituido, ya a estas alturas, en un caso emblemático del colonialismo/colonialidad que estructuralmente afecta, desde sus propios orígenes, a las formaciones sociales latinoamericanas.

Íntag es hoy un territorio ocupado, con su población espiada y amedrentada por la fuerte y continua presencia policial, y al mismo tiempo, una tierra fértil de digna resistencia, donde van germinando las alternativas vivas (1) al extractivismo/colonialismo del siglo XXI.

El sentido de una lucha

En ese territorio, desde hace más de dos décadas, se libra una batalla intensa por el sostenimiento de sistemas de vida autónomos, amenazados por los intereses de la mega-minería transnacional a gran escala, que han puesto sus codiciosos ojos en las entrañas geológicas de sus montañas, con la pretensión de hacer de ellas, un nuevo enclave extractivo integrado subordinadamente a la “cadena de valor” global controlado por las grandes corporaciones transnacionales del sector.

Se trata efectivamente de una lucha entablada no apenas en torno a un proyecto de minería a gran escala (otro más, de los tantos que con particular intensidad desde los años ’90 se han radicado en las distintas geografías de América Latina), sino más bien, de una disputa entre proyectos civilizatorios completamente antagónicos. De un lado, las comunidades rurales de Íntag, que representan un modelo civilizatorio centrado en la gestión comunitaria de sus bienes socioterritoriales, administrados como base de una economía local, donde la prioridad está centrada en la producción de valores de uso para el abastecimiento de las necesidades vitales de sus pobladores. Del otro lado, los intereses de la minería transnacional, ahora asumidos como propios por el gobierno de la “revolución ciudadana”, que representan un proyecto más, encuadrado dentro de los cánones estereotipados del “desarrollo”, ese discurso que eufemísticamente suele enunciarse para encubrir el nombre y el alma de la vieja y carcomida civilización colonial del capital.

En la visión de los pobladores de Íntag, lo que está en juego, y lo que constituye el centro de su resistencia al proyecto minero, es el cuidado de sus nacientes y cursos de agua, fuente matricial de toda su biodiversidad y pilar clave de sus sistemas productivos, que por eso mismo constituye un bien/valor estratégico, de riqueza ecológico-económica inconmensurable y, por tanto, de carácter políticamente no-negociable.

En la visión de la empresa minera y del gobierno, lo que está en juego es la posibilidad de generar ganancias (para la empresa) y divisas (para el Estado) a través de la exportación de concentrados de cobre, requeridos principalmente por la acelerada industrialización china, hoy por hoy, el motor más dinámico de la economía mundial.

Se trata, como puede apreciarse, de dos miradas radicalmente antitéticas sobre el mismo territorio: de un lado, una mirada local, interna, que prioriza la continuidad y horizontalidad de los flujos energético-materiales ya existentes; del otro lado, lo que se proyecta es una mirada “desde arriba y desde afuera” sobre el territorio, que lo ve a éste como un eslabón primario de una cadena productiva verticalmente estructurada y que demanda/implica la retención en el exterior del control y la capacidad de disposición (tecnológica, comercial, ecológico-política) sobre dicho territorio, sobre sus recursos, y, por ende, sobre su población.

Minería y militarización de los territorios/cuerpos

Conscientes de sus implicaciones, los pobladores de Íntag, sus mujeres y sus varones, sus ancianos, jóvenes y niños, vienen protagonizando una ardua y férrea resistencia a las pretensiones de mineralización de su hábitat, base material de sus modos de vida. En una tesonera lucha que lleva ya más de dos décadas, se fueron constituyendo, por ella y a través de ella, como un nuevo sujeto político, cuya ejemplaridad se proyecta hacia toda América Latina.

Habiendo resistido los embates de la Bishi Metals (subsidiaria de la japonesa Mitsubishi) en los ’90, luego, habiendo expulsado de su territorio a la canadiense Ascendant Copper en el 2006, sufren ahora el acoso violento de un gobierno paradójicamente surgido de las luchas populares contra el neoliberalismo y de las pugnas por trascender el horizonte civilizatorio del capitalismo y el desarrollismo occidental océntrico, expresado en la consagración de los principios del Buen Vivir o Sumaj Kawsay, como nuevo imaginario político emancipatorio.

Ese gobierno, que nació justamente bajo el mandato de la Constitución de Montecristi - donde se consagraron los Derechos de la Naturaleza, como nuevo concepto, ética, política y jurídicamente revolucionario para la historia de la humanidad- apeló a la creación de una ficcional “empresa nacional de minería” para que, revestida con ropaje nacionalista, operara como punta de lanza para penetrar la férrea resistencia del pueblo integño. El año pasado, con un escuadrón de 120 policías fuertemente armados, embistieron contra la población para tomar por asalto el control del territorio local y asegurar la instalación de la empresa minera. Desde entonces a esta parte, se sucedieron los atropellos y violaciones a los derechos más elementales.

Entre ellos, uno de los episodios más ignominiosos fue la injusta e ilegal detención por más de 10 meses del entonces presidente de la Comunidad de Junín, Javier Ramírez, acusado falsamente en actos encuadrados bajo la figura de sabotaje. Este escenario expone así, con total crudeza, las condiciones efectivamente requeridas para que “prospere” un proyecto minero: lejos de la propaganda corporativa de “minería responsable” que sostiene que “ningún proyecto minero se lleva a cabo sin el consentimiento de las comunidades”, lo que acá se puede ver es cómo las empresas (en complicidad con los gobiernos) apelan a todo tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos más elementales para imponer sus intereses por sobre la voluntad de los pobladores locales.

En Íntag –como en la gran mayoría de los pueblos minados de la region- no hubo proceso de consulta previa, ni mucho menos “consentimiento libre e informado”; al contrario, lo que hubo y lo que hay es la desvergonzada militarización del territorio, la persecución de sus líderes y autoridades locales, la represión y criminalización de la resistencia al proyecto minero. Hoy, Junín es una comunidad literalmente ocupada por las fuerzas policiales del gobierno progresista de Correa.

Mientras técnicos y geólogos de Codelco realizan el cateo y la exploración avanzada de las serranías comprendidas dentro del proyecto hoy llamado “Llurimagua”, varias decenas de policías armados, uniformados y de civil, se “entremezclan” entre los pobladores de Junín, para espiarlos, vigilarlos y controlar sus más mínimos movimientos y sus más elementales charlas y actividades cotidianas. Eso es –como sucede en otras comunidades de nuestras latitudes- vivir en un “territorio minado”: antes que las voladuras en las montañas emprendan con la irreversible destrucción de hábitats, paisajes y biodiversidad, los procesos de militarización, represión y asistencialización avanzan destruyendo el tejido social comunitario, la normalidad y la intimidad de la vida personal y colectiva de sus pobladores.

Los pobladores integños saben que defender sus cerros es defender sus propios cuerpos y el de sus hijos y nietos por venir. Ellos saben que sus cuerpos dependen –no “románticamente” sino en estricto sentido realista, material, biológico y científico- de las nacientes de agua y de la frondosa biodiversidad que albergan esos bosques húmedos que el interés minero pretende explotar.

Ellos saben, en carne propia, que defender sus cerros implica, hoy por hoy, exponer sus cuerpos a múltiples violaciones y atropellos cotidianos. Cuando los intereses de la minería transnacional se ciernen sobre un determinado territorio comunitario, de base generalmente agraria, un horizonte de violencia estructural y de conflictividad de largo plazo afecta insoslayablemente la vida de sus pobladores. De allí en más, las afectaciones (ecológicas, económicas, políticas y socioculturales) serán irreversibles.

Un “territorio libre de minería”. Desarrollo versus Buen Vivir y la cuestión de las Alternativas Vivas.

Escenas como las descritas se suceden y se re-viven a diario en tierras latinoamericanas tanto de países gobernados por fuerzas ultra-conservadoras e incondicionalmente alineadas a Washington como de países con gobiernos progresistas y (autodenominados) de “izquierda”.

Pese a que, por ejemplo, la señal bolivariana de Telesur en sus diversas plataformas informa y pone al aire frecuentes atropellos provocados por la minería transnacional en México, Colombia, Perú y Chile, los mismos acontecen también en países como Argentina, Brasil y aún, en Bolivia y Ecuador, sobre los que dicho medio ha mantenido un sistemático y hermético ocultamiento. Las razones de este doble estándar empleado por un medio de comunicación presuntamente comprometido con los procesos populares y emancipatorios regionales, se acoplan a las propias acusaciones que hacen los gobiernos progresistas sobre los “activistas” que se resisten a este tipo de explotaciones: son “minorías” que, ya por “ingenuidad” o ya por “malas intenciones”, terminan “haciéndole el juego a la derecha”.

Este tipo de acusaciones es de las preferidas por los gobiernos progresistas; la usan cada vez más y la repiten unívocamente ante cada nueva protesta o rechazo social a estos proyectos. Mientras siguen avanzando –igual que los gobiernos abiertamente de derecha- en la ampliación de la frontera extractivista, alimentando la profundización de una matriz socioterritorial y productiva basado en la reprimarización (y extranjerización) exportadora de las economías nacionales, los gobiernos progresistas no parecen tener más escrúpulos que los de derecha, a la hora de viabilizar sus “planes de desarrollo nacional” sea como sea.

No los detienen ni aún el hecho de que en frente se hallen las mismas bases sociales campesinas, indígenas y populares cuyas luchas los llevaron al poder del Estado. En el caso del gobierno de Ecuador, estas contradicciones son más manifiestas y violentas aún. Mientras que la Constitución de Montecristi consagró los derechos de la Naturaleza y el horizonte del Buen Vivir, el presidente Rafael Correa sigue cada vez más empeñado en un colonial proyecto desarrollista; y desarrollismo del peor: ése que apuesta a “superar las brechas” existentes con los países del Norte intensificando la matriz extractivista, onerosa huella historico-geográfica de nuestra condición colonial.

El gobierno de Correa hace rato ha dejado de lado el programa político del Buen Vivir, si es que alguna vez lo tomó honestamente como propio. Pese a que lo emplee confusamente como sinónimo, “buen vivir” no es lo mismo que “desarrollo”; ni siquiera es una “alternativa de desarrollo”, sino más bien su antítesis filosófica y política. No es de ninguna manera una invención nueva, ni mucho menos, algo que nació desde arriba. Como aclaran quienes protagonizan esta lucha descolonial de resistencia, “Intag y sus comunidades entendieron el significado profundo del buen vivir y lo pusieron en práctica mucho antes de que éste surgiera como concepto y marco filosófico, como derecho y objetivo de la nueva Constitución del Estado Ecuatoriano.

Esta comprensión del sumak kausay nació de su propio quehacer de vida, de su relación con el otro y con el entorno, de su cuidado y protección y de la lucha y resistencia por el agua y por la vida.” (Carlos Zorrilla et Alt., “Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas”, Global Response, Quito: 2014. Pág. 3). Desde las soberbias alturas del poder, progresismos de derecha y de izquierda, desprecian y descalifican de plano estas posturas; como en los orígenes, las acusan de “atrasadas”, de “primitivas” y de “utópicas”; “sería como condenarnos al atraso”, responden colonialmente, cuando en realidad, lo verdaderamente viejo, atrasado y efectivamente caduco es la apuesta colonial al “desarrollo”.

Hoy, frente al abismo de la crisis ecológico-civilizatoria en ciernes, nada más realista y nada más adecuado que la apuesta por un modelo civilizatorio radicalmente alternativo.

Frente a este debate, es oportuno recordar que hace ya más de 40 años, el economista brasileño Celso Furtado, tras leer el Primer Informe Meadows titulado “Los límites del crecimiento”, señalaba:

“la hipótesis del colapso tendría sólo fundamento si el sistema tendiera a generalizar, en escala planetaria, la forma actual de vida (y de desperdicio de recursos) de los países capitalistas centrales. (…) Así llegamos, por medio indirecto, a una conclusión de gran importancia: el estilo de vida producido por el capitalismo industrial debe preservarse para una minoría, pues todo intento de generalización del mismo al conjunto de la humanidad necesariamente provocará una crisis global del sistema. Esta conclusión resulta de la mayor importancia para los países del Tercer Mundo, pues pone en evidencia que la opción del desarrollo económico tal como es definido y practicado en esos países –o sea, un camino de acceso a las formas de vida de los actuales países desarrollados- es simplemente un mito.” (Furtado, “El mito del desarrollo y el futuro del Tercer Mundo”, Ed. Periferia, Buenos Aires: 1974. Pag. 413).

Los pobladores de Íntag lo saben; no son ellos los que pretenden desestabilizar al gobierno, sino ayudarle a retomar su programa y rumbo emancipatorio. No son ellos los “terroristas”, sino los verdaderos defensores de la Naturaleza y, por tanto, de la Constitución. No son los enemigos ni los que han traicionado la “revolución ciudadana”, sino los que encarnan y representan una alternativa verdaderamente revolucionaria.

En definitiva, los pobladores de Intag saben que el desafío no es “buscar alternativas a la minería”, sino que mantener el “territorio libre de minería” es la alternativa. Los maizales, los frondosos frutales, el café, el ganado, la autoproducción de alimentos, las hidroeléctricas en pequeña escala, los ríos libres de contaminación, la preservación de la biodiversidad y de la belleza paisajística, esas son las alternativas vivas.

Como señala el maestro Boaventura de Souza Santos (“Una epistemología del Sur”, Clacso-Siglo XXI, Buenos Aires, 2009), no se trata de “buscar o construir” las alternativas, sino de saber verlas y poder sentirlas allí donde realmente están ya presentes, no como escenas anacrónicas del pasado, sino como Tierra y cuerpos vivos, preñados de futuro. Eso es hoy Intag; su lucha nos inspira; su lucha nos marca el camino. Su nombre es ya evocación de tierra-vida digna; tierra de justicia y libertad.

Nota:

(1) Precisamente “Alternativas Vivas” es el nombre del Festival Comunitario Creativo y Productivo que pobladores locales, jóvenes estudiantes y organizaciones sociales (Decoin, Acción Ecológica y otras) organizaron los días 18 y 19 de julio pasado en la comunidad de Junín, celebrando la liberación de la injusta e ilegal detención de Javier Ramírez y en adhesión al día mundial de lucha contra la mega-minería.