Grufides responde a campaña de pro-mineros

Servindi, 29 de mayo, 2015.- La asociación Grufides respondió a la agresiva campaña difamatoria emprendida por políticos y medios informativos pro-mineros y rechazó enérgicamente que se relacione el uso de los recursos que maneja de la cooperación internacional privada con el financiamiento de actividades violentistas.

Mediante un comunicado difundido hoy Grufides declaró que es una institución respetuosa del ordenamiento legal y que el dinero que maneja proviene de fondos concursables de la cooperación internacional "que son auditados minuciosamente por las propias entidades cooperantes a través de auditorías anuales".

Aclaró que sus actividades son informadas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a la que voluntariamente están suscritos.

Además de recibir la información respectiva dichas entidades poseen las facultades de realizar acciones de fiscalización cuando lo requieran, precisa la asociación que es representada y dirigida por Mirtha Vásquez Chuquilín, directora ejecutiva de Grufides.

La reconocida oenegé ambientalista reafirmó que la solución a los conflictos socio-ambientales pasa por afirmar canales que profundicen la democracia y permitan un diálogo respetuoso y de buena fe entre las partes, en el que se cautelen los derechos ciudadanos y se respete el estado democrático de derecho.

Abogada Mirtha Vásquez, directora de Grufides

La campaña contra Grufides

Desde hace algún tiempo Grufides es objetivo de una agresiva campaña difamatoria que la pretende asociar -sin ninguna prueba- al financiamiento de actividades violentistas en la provincia de Islay, en Arequipa, y en otros lugares del país.

La campaña de desinformación también se extiende a otras asociaciones ambientalistas como Cooperacción y Red Muqui a las que se les acusa de promover directa o indirectamente el "terrorismo antiminero" y provocar el rechazo a la minería, menoscabando las causas locales de los conflictos socio-ambientales.

Cabe agregar que las agresiones contra Grufides se reproducen de una manera multiplicada en el contexto de la región Cajamarca, donde la empresa minera Newmont-Yanacocha intenta desacreditarla en el afan de crear condiciones para hacer viable el proyecto Conga, actualmente suspendido.

La guerra mediática en Cajamarca se ha visto atizada por una serie de reveses legales que viene sufriendo Newmont-Yanacocha gracias a la intervención de Grufides que contribuyó a la victoria judicial en el caso de Máxima Acuña de Chaupe y familia, frente al intento de la empresa por despojarla de su predio en Tragadero Grande.

Gracias a la asesoría directa de Mirtha Vásquez, directora de Grufides, se logró revertir la sentencia del Juzgado Penal de Celendín que condenó a dos años y 8 meses de prisión suspendida a Jaime Chaupe, Máxima Acuña, Elías Chávez e Isidora Chaupe por el delito de usurpación agravada en perjuicio de la empresa minera Yanacocha.

Otro triunfo judicial de Grufides que ha sacado de sus casillas al sector empresarial es que el Tribunal Constitucional ordenó al Poder Judicial de Cajamarca admitir a proceso la demanda de amparo que solicita proteger el derecho de vivir en un ambiente sano y adecuado, el cual se encontraría amenazado por el mega-proyecto minero Conga.

El blanco político de la campaña

El blanco de la campaña difamatoria es el ex sacerdote Marco Arana Zegarra, líder del partido Tierra y Libertad, una organización ecopolítica que posee inscripción válida para participar en las elecciones generales 2016 y que ha hecho del tema ambiental uno de sus principales baluartes programáticos.

Tierra y Libertad es una de las pocas agrupaciones políticas que desde agosto de 2012 tiene una propuesta de nueva minería, que respete el ambiente y el derecho de los pueblos y que apoye una estrategia sostenible e inclusiva de construcción del buen vivir.

A pesar que la propuesta se encuentra sustentada en el documento público: “Nueva minería exige debate nacional” el afan de los medios de prensa por demoler la imagen de Marco Arana llegó al extremo de acusársele de ser el "sucesor" de Abimael Guzmán Reynoso, el demencial subversivo terrorista que desencadenó una guerra al país en la década de 1980.

La campaña es propalada por congresistas pro-mineros como Martín Belaúnde Moreyra, quienes se escudan en su inmunidad parlamentaria para proferir opiniones calumniosas, y que son reproducidos alarmistamente por los medios del Grupo El Comercio, que posee el 78 por ciento de la prensa escrita en el Perú.

Datos:

- El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) es una asociación civil sin fines de lucro, constituida como organización no gubernamental (ONG), fundada por un grupo de cajamarquinos en el 2001.

- Marco Antonio Arana Zegarra, líder del partido Tierra y Libertad, no es miembro del Consejo Directivo de GRUFIDES y, así lo aclaró un reciente comunicado público de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

A continuación el comunicado completo:

GRUFIDES a la opinión pública La ONG Grufides se dirige a la opinión pública. Ante las diversas opiniones e informaciones que involucran a nuestra institución y especulan sobre el uso de sus fondos, expresamos lo siguiente: 1. El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) es una asociación civil sin fines de lucro, constituida como organización no gubernamental (ONG), fundada por un grupo de cajamarquinos en el 2001. Como institución jurídica somos respetuosos del ordenamiento legal y cumplimos rigurosa y puntualmente las exigencias establecidas por el Estado peruano en cuanto a requisitos de funcionamiento solicitados a Organismos no Gubernamentales. 2. El señor Marco Antonio Arana Zegarra, no es miembro del Consejo Directivo de GRUFIDES y, tal como lo reconoce un reciente comunicado público de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)(1) , su actual Directora Ejecutiva es la señora Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, quien representa y dirige la institución. 3. El dinero que maneja nuestra institución proviene de fondos concursables de la cooperación internacional, los cuales se viabilizan mediante proyectos, que son auditados minuciosamente por las propias entidades cooperantes a través de auditorías anuales. Además, reciben información de nuestras actividades y realizan acciones de fiscalización cuando lo requieren: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a la que voluntariamente estamos suscritos. 4. Nuestros fondos están estrictamente destinados a las actividades contenidas en los proyectos aprobados y en el ámbito específico en que se definen los mismos. Por esto, rechazamos enérgicamente que se intente relacionar el uso de los recursos de la cooperación internacional privada con el financiamiento de partidos políticos, actividades individuales de alguno de nuestros miembros o las protestas y acciones violentistas en la provincia de Islay y en diversos lugares del país. Estas falsas aseveraciones han sido desmentidas por la propia Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional COEECI . 5. Nos reafirmamos en que la solución a los conflictos socio-ambientales pasa por afirmar canales que profundicen la democracia y permitan un diálogo respetuoso y de buena fe entre las partes, en el que se cautelen los derechos ciudadanos y se respete el estado democrático de derecho. Cajamarca, 28 de mayo de 2015 Comité Directivo --- (1) Comunicado de la APCI. (2) Pronunciamiento ante difamación contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Proyecto minero Tía María