| Delegación de la Comunidad Nativa Tres Islas. Foto: IIDS |
- Plaga de mineros y taladores ilegales, y otros agentes foráneos invaden comunidad sin que la justicia haga respetar la propiedad comunal.
Servindi, 9 de mayo, 2015.- Representantes de la comunidad nativa Tres Islas recorrieron miles de kilómetros desde la selva de Madre de Dios para llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC) en Lima y exigir que éste organismo haga cumplir su sentencia de setiembre de 2012 que protege sus derechos a la propiedad territorial, autonomía y autodeterminación.
"Exigimos que se cumpla la sentencia ya. Queremos vivir tranquilos y que nuestros hijos no se sigan contaminando con el mercurio que dejan los mineros que invaden nuestra comunidad”, expresó Sergio Perea Ponce, presidente de Tres Islas.
De acuerdo a los estudios realizados por la Universidad de Stanford, los habitantes de Tres Islas presentan una concentración muy alta de mercurio en sus cabellos de 6ppm (partícula por millón), cuando lo permitido es 1ppm.
Luego de más de dos años y medio del fallo del TC, las autoridades de la región de Madre de Dios aún se niegan a acatar la sentencia exponiendo a la población a las consecuencias de la minería y la tala ilegal.
Con la finalidad de lograr la ejecución total y efectiva de su sentencia, en el año 2013 la comunidad presentó un recurso de apelación por salto ante el TC. Luego de más de dos años desde la presentación de dicho recurso el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado.
Cuatro años y medio esperando justicia
En total, la comunidad lleva más de cuatro años y medio esperando justicia. “Si uno no reclama, eso no avanza. Tenemos que hacer fuerza para que de una vez nos den la razón”, manifestó Juana Payaba, ex presidenta de Tres Islas.
Los cuatro representantes de Tres Islas arribaron desde la comunidad ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios hasta la sede del máximo tribunal la mañana del viernes 8 de mayo donde hicieron un plantón. Luego ofrecieron una conferencia de prensa en la sede institucional de la Confederación Nacional Agraria (CNA).
La delegación estuvo conformada por las autoridades comunales Sergio Perea Ponce, presidente y Brenda Chapiama Silva, vocal. Asimismo, por Juana Payaba Cachique, ex presidenta, y Alexa Medalid Velásquez Aguilar, representante de Palmichal, anexo de Tres Islas.
Delegación de Tres Islas que llegó hasta Lima a pedir el cumplimiento del fallo del TC. Imagen: inforegion.pe
Incursión ilegal y abusiva
Los problemas se iniciaron durante el 2010 cuando los habitantes de Tres Islas advirtieron la presencia de personas ajenas a su comunidad que iban contaminando y depredando parte de su territorio.
“En una asamblea comunal determinamos que debemos controlar nuestro territorio. Entre todas la aldeas acordamos poner una tranquera para que no entren los mineros ilegales, los taladores de madera, los comerciantes, los vendedores ilegales de combustible, la prostitución, la contaminación ambiental”, narró Perea a Servindi.
Ante la construcción de una caseta de control y una reja que permitía controlar a los comuneros de Tres Islas la vía de acceso a su propio territorio, las empresas de transporte “Los Mineros” y “Los Pioneros” demandaron a la comunidad por obstrucción al libre tránsito.
“A través de un habeas corpus, en menos de un mes, nos sentencian. Con 100 policías más 50 matones nos tumbaron la caseta. Nosotros nos defendimos y por eso nos procesan con una demanda de seis años de cárcel y una reparación civil, solo por defender nuestra tierra”, explicó.
Después de este incidente, se inició una batalla legal en los tribunales de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, donde los fallos del Poder Judicial en las tres instancias no favorecieron a la comunidad.
“Por ello apelamos en Lima a través un habeas corpus también, y aquí sí ganamos. El Tribunal Constitucional nos da la razón en su sentencia”, dijo.
La medida del TC de setiembre del 2012 fue trascendental porque sentaba un precedente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Perú.
La justicia en el papel
Sin embargo, todo el esfuerzo legal se ha visto infructuoso debido a que “no se ha resuelto a cabalidad. Las autoridades regionales no se han querido pronunciar tal como debe ser. Solo lo han hecho una parte”, se quejó Perea.
Indicó que no se han realizado acciones para subsanar el daño ocasionado: no se ha repuesto la caseta de control ni la tranquera, tampoco la salud de los pobladores ni la contaminación del agua y los suelos.
Según los cálculos de los expertos, los mineros informales contaminan las aguas del río Madre de Dios con mercurio, elemento que usan para refinar el oro.
Raquel Yrigoyen Fajardo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), que lleva la defensa de la comunidad precisó que “la jueza de ejecución deberá ordenar pagar costos y costas del daño ya causado, y la reparación de los daños ambientales”.
Si en caso no se resolviera el caso, la comunidad de Tres Islas llegará hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), agregó Brenda Chapiama Silva, vocal de la comunidad que forma parte de la comitiva.
Dato
- La minería informal ha destruido aproximadamente más de 55 mil hectáreas de la Amazonía en Madre de Dios.