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- Pidió mano dura contra los "violentistas anti mineros". Hoy carga la responsabilidad política de un agricultor muerto por la Policía. Primer Ministro Pedro Cateriano y un gobierno que debe caerse... pero de verguenza.
Por Jorge Agurto
Servindi, 27 de abril, 2015.- El lunes 27 de abril el Primer ministro Pedro Cateriano acudirá al Congreso de la República a pedir el voto de confianza para su desempeño como premier. Pero acudirá deslucido, con el peso político de llevar un agricultor asesinado en su cortísima gestión. Victoriano Huayna Nina, de 61 años, fue baleado por la fuerza pública durante la represión de la protesta contra el proyecto minero Tía María.
La mayoría de los políticos de oposición, temerosos de que el Ejecutivo pueda disolver el Congreso si el nuevo Premier no obtiene la confianza parlamentaria, evitan señalar la responsabilidad política de Cateriano, pero esta es enorme e indudable.
Cateriano que dialogó con manos de seda con diversos sectores políticos acudió a Arequipa a pedir mano dura contra los "violentos" y "anti mineros" sin ponderar que se trata de agricultores que tienen legítimo derecho a la protesta y a oponerse a un proyecto que amenaza con afectar sus condiciones de vida.
Cateriano llegó al extremo de calificar de delincuentes al actual alcalde de Deán Valdivia, Jaime De la Cruz y al dirigente del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, por respaldar la protesta de los agricultores del Valle de Tambo a quienes no se les ha permitido conocer la opinión de la UNOPS sobre el levantamiento de las 136 observaciones que éste organismo de Naciones Unidas hizo al primer estudio de impacto ambiental. (1)
Cateriano habló de diálogo, pero ordenó la detención de los opositores con los que precisamente debía dialogar. La arbitraria captura de Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, quién fue liberado por falta de pruebas, confirmó la innecesaria actitud provocadora del premier que en lugar de apaciguar las aguas caldeó los ánimos.
Cateriano habló de imponer autoridad y el respeto a la ley pero en la práctica se zurró en la condición de autoridades de los cuatro alcaldes, uno provincial y tres distritales, que participan de las protestas al lado de los pobladores que representan legítimamente como autoridades locales.
Cateriano prometió superar los métodos del pasado y no emplear métodos vedados para restablecer el orden pero fue una bala la que asesinó al agricultor de 61 años como tuvo que admitir el ministro del Interior luego de que la policía circulara el infundio de que el occiso murió debido a la fractura de una pierna cuyo hueso le cortó una arteria.
La parcialidad política de Pedro Cateriano a favor de la minería debe ser evaluada en toda su dimensión, en un contexto donde el conflicto se polarizaba cada vez más y su deber como primer ministro era escuchar de manera imparcial a toda la ciudadanía, incluida la que defiende la agricultura, una actividad esencial para su subsistencia.
Imponer el supuesto imperio de la ley a favor de la minería como si la defensa de la agricultura y el ambiente no fueron también legales; avivar los animos represivos contra los "violentos anti mineros" sin considerar que se trata de agricultores con derechos y el saldo de un muerto y numerosos heridos son razones suficientes para censurar la actuación política del premier.
Metodos fuji-montesinistas
Todo lo anterior se ha visto agravado con la revelación de un ardid en el que un agente de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) obliga a un agricultor detenido a tomar un "miguelito", un arma artesanal formada por púas metálicas afiladas a manera de erizo empleada para pinchar neumáticos.
El agente "especializado" obliga al detenido a coger el miguelito el instante suficiente para que un extraño agente fotográfico -aún no identificado- lo registre. A pocas horas esta imagen aparece en el sitio web del diario Correo, uno de los medios del Grupo El Comercio, presentándolo como un agresivo anti-minero.
El registro en vídeo de toda la operación descrita por un medio local permitió desmontar la estratagema (2) y despertar la indignación nacional por una acción alevosa que desluce no solo la imagen de la institución policial sino que evidencia la catadura moral de una prensa nacional controlada en un 78 por ciento por un solo grupo editorial.
Todo esto se produce en un contexto fuertemente agresivo contra los opositores al proyecto minero Tía María a quienes se les acusa sin ambages y sin pruebas de "terroristas anti mineros".
El extremismo de esta campaña desplegada por el gobierno, gremios empresariales, políticos y medios de información pro-mineros ha llegado a la situación delirante de comparar el ex sacerdote Marco Arana, líder ambiental y cabeza del partido Tierra y Libertad con el demencial subversivo terrorista Abimael Guzmán Reinoso, ex cabecilla de Sendero Luminoso (3).
Pero la ofensiva pro minera dirigida ahora por Pedro Cateriano se extiende en acusaciones contra la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que son acusadas -sin ninguna prueba- de promover la agitación social y política contra el crecimiento, la inversión y el desarrollo. De esta manera se busca crear un peligroso clima de opinión favorable a la represión y la censura de estas asociaciones (4).
Por eso, no es extraño que agentes fuji-montesinistas como Plinio Esquinarila (5)- de conocida trayectoria por prestar servicios para-periodísticos al servicio de inteligencia para mellar la imagen de diversas personalidades- ahora dirijan sus ataques contra asociaciones sin fines de lucro que prestan servicios de asesoría legal y ambiental. Tal es el caso de la asociación Grufides, que tiene el mérito de enfrentar y derrotar en el terreno legal varias acciones nefastas de la empresa minera Yanacocha contra la familia Chaupe y ronderos de Cajamarca.
El problema de fondo
Como lo han advertido diversos analistas Pedro Cateriano no representa sino la continuación del mismo modelo impuesto por la República Empresarial, tal como define el sociólogo Francisco Durand al régimen instaurado por el fujimorismo a favor de reducidos y concentrados grupos de poder empresarial, y que el periodista cajamarquino Jorge Pereyra describe como un "Estado narco, minero y militar" (6).
Es este régimen intocable según la jauría política dominante el que pretende sembrarnos la idea de que "el Perú es un país minero". Esto, a pesar que el Perú tiene enormes facetas y diversas potencialidades como el ser un país: agrícola, amazónico, pesquero, turístico, gastronómico, biodiverso, etc, que expresan con mejor autenticidad su extraordinaria diversidad, no solo biológica, paisajística, ecosistémica sino también, y principalmente, cultural.
Es la dictadura mediática y el autoritarismo pro minero el que se pretende imponer sobre casi todo el territorio nacional avasallando el derecho de los pueblos y comunidades a elegir sus propias prioridades de desarrollo, como lo aconseja el sentido común y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero en un frenesí delirante y trasnochado, la derecha ignorante, bruta y achorada, busca torpedear cualquier avance o iniciativa de regulación ambiental, como sucede actualmente con el empeño de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que ha acorralado al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en un proceso administrativo cuya intención es desfinanciarlo mediante la eliminación del Aporte por Regulación (7).
Es el mismo régimen que permite la existencia de una bancada congresal pro-minera financiada por la oenegé Reflexión Democrática con aportes empresariales, y cuyos voceros son los que reiteradamente vemos en los medios de prensa clamando por reprimir y vigilar a las oenegés "anti mineras" (8).
Un régimen que es bueno si favorece a los empresaurios
¿Cuándo se animará la República Empresarial a detener y encarcelar a ex vicepresidente de la CONFIEP?
Se trata del régimen que es bueno si favorece al sector empresarial, el mismo donde se incuban y prosperan personajes como Lelio Balarezo Young, a quien no le tembló la mano ni tuvo escrúpulos para adulterar y falsificar 176 facturas de proveedores para omitir el pago de impuestos al Estado peruano por 5 millones 934 mil soles.
Balarezo, ex presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y vice presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), fue sentenciado a mediados de abril a cinco años de cárcel por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado pero -suponemos, gracias a sus influencias- aún no ha sido capturado. Cabe puntualizar que ambos importantísimos cargos empresariales los ocupó hasta que se hizo pública la sentencia.
¿El pueblo se despercude de tanta falacia?
Felizmente, el régimen narco minero militar no puede mantenerse indemme de manera indefinida y salirse con la suya en base a mentiras e infundios por más oprobiosos o asfixiantes que estos sean. La seudo democracia con la que pretende cubrirse se cae a pedazos frente a la realidad de las mayorías, especialmente juveniles, que han aprendido a leer entre líneas y desconfían y responden de manera ágil a los políticos de oficio y la prensa basura.
Una encuesta nacional urbana de la consultora GFK publicada el domingo 26 de abril por el diario La República registra que solo el 17 por ciento de los encuestados cree que la minería es el sector "más importante para el desarrollo económico del Perú."
El 74 por ciento piensa que "la minería es importante pero se debe desarrollar junto con otras áreas de la economía" y un 9 por ciento incluso considera que la minería "no es importante para el desarrollo económico del país" y "hay otras maneras de crecer económicamente".
Estos datos indican que el modelo narco-minero-militar y autoritario no armoniza con la percepción ciudadana y resulta cada vez más necesario hacer un balance serio de la viabilidad y sustentabilidad de la minería como opción prioritaria y supuesto pilar para el crecimiento y desarrollo del Perú. El debate está abierto.
Para la mayoría de las opciones políticas en curso -tanto las de derecha, como las que fungen de centro y algunas hasta de izquierda- el modelo económico y el rol clave de la minería son paradigmas y dogmas fuera de discusión.
Pero, la mayoría ciudadana está en busca de alternativas de desarrollo al modelo vigente y que en lugar de generar conflictos sociales y ambientales y daños a los ecosistemas brinde oportunidades de bienestar para todos los peruanos y peruanas, sin exclusión.
La población sabe que los minerales no se comen. Las promesas de un chorreo económico han sido falsas mientras hubo bonanza económica y el afan de compensar el decrecimiento económico con paquetazos anti ambientales y anti comunidades son falaces salidas de un régimen que nunca priorizó el desarrollo agrario, como lo establece la Constitución Política, una actividad sostenible más familiar al pueblo, que sustenta la alimentación y la gastronomía en el país.
Las localidades del interior y las comunidades invadidas por concesiones mineras están cansadas de la conflictividad asociada a los proyectos extractivos que se pretenden imponer a la fuerza, sin un diálogo efectivo e intercultural, sin transparencia ambiental y en medio de un fuerte y optimista despliegue mediático que suena a falsedad.
Lo que no entiende la clase política dominante es que la población está harta de que se vapulee su condición ciudadana y que cuando hace efectivos sus derechos a la disidencia o a la oposición democrática se la acuse de actuar manipuladamente, se le castigue y reprima aún de costa de muertos y heridos. Allí están los muertos de Conga, allí están los muertos de Tía María.
La "nueva minería" que no contamina o contamina poco porque emplea tecnología de punta, o que la minería traerá beneficios para todos son mitos o cuentos neoliberales que ya no se los cree nadie, ni los que los repiten como muletillas o como zombies en los medios de desinformación.
Por el contrario, cada vez la población es más conciente e informada de que en los lugares donde la minería se ha enseñoreado agravó las desigualdades y solo trajo beneficios para unos pocos y numerosas desgracias para las mayorías. Sino preguntenselo a la población de Pasco o Cajamarca.
Notas:
(1) Servindi: Tía María: Puntos críticos y objeciones al Estudio de Impacto Ambiental. Ver en: http://servindi.org/actualidad/127354
(2) Servindi: Indignante. Vídeo muestra cómo los medios pro mineros fabrican noticias fraudulentas. Ver en: http://servindi.org/actualidad/128653
(3) Diario Expreso: Excura Marco Arana es el ‘sucesor’ de Abimael. Ver en: http://www.expreso.com.pe/politica/excura-marco-arana-es-el-sucesor-de-abimael/
(4) Pedro Cateriano dijo: “Se estaba debatiendo sobre un informe técnico que ya había sido superado y es ahí cuando entramos al terreno de la manipulación política de ONG que tienen un financiamiento con un propósito caritativo y resulta que ese dinero lo usan para bloquear inversiones”. Fuente: Diario La Primera: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/cateriano-ongs-tienen-la-culpa-del-rechazo-a-tia-maria_143579.html
(5) "Plinio Esquinarila, fue una suerte de paraperiodista informante e informador 'infidencial0' de Expreso, Frecuencia Latina y La Razón. En realidad siendo estudiante de Sociología (y Psicología) en la UNSA, abandonó los estudios para marchar a Lima. Después de firmar su carta de sujeción a Montesinos, se convirtió en un habitual beneficiado del SIN para que escribiera informes como La Telaraña Roja, contra Jorge Santistevan y Diego García Sayán, y La Telaraña Azul, contra Drago Kisic y el equipo de analistas económicos de Macroconsult" informa El Jornal de Arequipa: http://www.jornaldearequipa.com/cachetada.htm
(6) Servindi: El Perú tiene un estado narco minero militar. Ver en: http://servindi.org/actualidad/105821
(7) Servindi: Plan minero para eliminar al OEFA en manos de Indecopi. Ver en: http://servindi.org/actualidad/128027
(8) Los congresistas beneficiados en su campaña electoral con aportes económicos de la ONG Reflexión Democrática financiados por la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Pesquería son: Luis Galarreta, Marisol Pérez Tello y Juan Carlos Eguren (APGC), Luz Salgado Rubianes, Cecilia Chacón, Alejandro Aguinaga Recuenco y Juan José Díaz Dios (Fuerza 2011), Michael Urtecho (Solidaridad Nacional) y la aprista Luciana León (Concertación). Fuente: Diario La República: http://www.larepublica.pe/29-09-2011/afirman-que-hay-bancada-pro-minera
( ) La República: Dictan cinco años de prisión efectiva para el vicepresidente de la Confiep. Ver en: http://www.larepublica.pe/18-04-2015/dictan-cinco-anos-de-prision-efectiva-para-el-vicepresidente-de-la-confiep
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