Servindi, 14 de abril, 2015.- Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), denunció ser víctima, junto a otros miembros de la organización, de persecución política por parte del gobierno que preside Rafael Correa.
En conferencia de prensa, Pérez expuso que el pasado 17 de marzo recibió una notificación de la Fiscalía General del Estado para que cuatro miembros de Ecuarunari presenten sus declaraciones por participar en un supuesto intento de golpe de Estado, en setiembre de 2010.
“El movimiento indígena no tiene nada que ver en este proceso del 30S, no obstante se busca a toda costa involucrarnos en este acto. Su intención, sabemos, es la persecución política a las cabezas más visibles del movimiento”, declaró.
Los citados para rendir manifestación el próximo 16 de abril son: Pacha Cabascango, Patricio Zhingre, Ascencio Farinango y el mismo Carlos Pérez Guartambel.
El líder de Ecuarunari añadió que el 30 de setiembre de 2010, día que se registró el inicio de la revuelta policial, él estaba ocupado en labores domésticas en la ciudad de Tarqui, en la provincia de Azuay.
“Estuve ayudando a mis padres a cosechar mellocos de siete a nueve de la mañana. Terminado eso me fui a mi oficina jurídica y recién a las 10:30 empezó la alarma en Cuenca de que algo pasaba de un motín policial”, sostuvo el dirigente durante la conferencia de prensa que tuvo lugar el viernes último.
De otro lado, Patricio Zhingri, encargado del área de comunicación de Ecuarunari, explicó que la Fiscalía le ha exigido presentar copias de los correos electrónicos que la institución recibió durante el 30S.
Al respecto Zhingri afirmó que el acceso a esos documentos no es posible por su antigüedad. “Es de 2010, entonces eso se archiva o automáticamente se borra por lo que, ¿cómo vamos a hacer llegar esa copia?”, dijo.
Sospechosos sucesos
Pérez Guartambel aclaró que el hostigamiento en su contra y la de otros dirigentes se dio con más notoriedad cuando en marzo de este año se les negó el permiso para salir del país a cumplir con unas ponencias en la Universidad de Sevilla, en España.
Pérez esperaba viajar junto a tres dirigentes para dar una conferencia acerca de la “radiografía de los Derechos Humanos en Ecuador”, no obstante el país ibérico les negó la visa. Por lo que calificaron lo sucedido como un acto de discriminación contra el movimiento indígena.
“Es un acto de racismo, de clasismo, y de colonialismo, tal como califica el diario ‘Calle Rioja’ de España”, remarcó.
Además, reclamó por una persecución a los sistemas de aguas comunitarios en la provincia de Azuay por parte de la Secretaria Nacional del Agua (Senagua). Ya que Ecuarunari participó recogiendo firmas para la consulta popular del proyecto minero de Quimsacocha.
Esta instigación estaría a cargo del subsecretario de Senagua en Azuay, quienes también es el director de Alianza País, partido político oficialista, en la misma provincia.
“El afán es desbaratar la organización comunitaria. Todas estas juntas de aguas que tienen una existencia de más de medio siglo”, refirió Pérez.
Seguimientos
Posteriormente, el presidente de Ecuarunari denunció que hace más de un año el servicio de Inteligencia les viene haciendo reglaje sobre todas las actividades y eventos que cumplen, incluso los viajes que realizan al interior y exterior del país.
“Les puedo dar mi agenda de visitas a las comunidades, de visitas a los pueblos, a las provincias, les puedo decir cuando viajo en avión, cuando viajo en bus, cómo viajo, les puedo decir absolutamente todo. Todo lo que hacemos es transparente”, dijo Carlos Pérez.
Además denunció la intervención de los teléfonos celulares de los miembros de Ecuarunari, y otras comunicaciones personales. Finalmente, agregó que teme por su integridad personal y la de sus menores hijas y sus ancianos padres.
“Estamos ante un terrorismo de Estado. Son actos de ‘fascistoides’. Y queremos denunciar públicamente por esta persecución en el que nos encontramos”, concluyó.
Acerca del 30S
Como se recuerda, el 30 de setiembre de 2010, un grupo de policías iniciaron una revuelta en la ciudad de Quito en contra la Ley de Servicio Público. Los oficiales acusaban que la norma les reduciría 15 millones de dólares al presupuesto destinado para bonos y condecoraciones.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, intentó persuadir a los manifestantes desde el Regimiento Quito Número Uno, el mayor cuartel de la Policía en la capital. Sin embargo, mientras explicaba el contexto de la legislación, recibió el rechazo de los manifestantes.
La violencia se generó cuando la irritada multitud comenzó a arrojarle botellas de plástico y gases lacrimógenos. Correa se alteró y contestó desafiante desde la ventana del recinto: “Si quieren matar al presidente, mátenme, aquí estoy”.
Cuando la seguridad del mandatario ecuatoriano intentaba ayudarlo a salir del Regimiento Quito, los sublevados se lo impidieron bloqueando la salida principal. Incluso los revoltosos impidieron que un helicóptero aterrice tomando el helipuerto.
Correa tuvo que salir por una puerta falsa que lo condujo al Hospital de la Policía, local adyacente al cuartel policial. Desde allí los amotinados siguieron hostigando al presidente. “(Me) tienen prácticamente secuestrado, pero son una minoría”, confirmó Correa.
Para la tarde de ese día, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a cargo de Ernesto González, reafirmaron la lealtad al gobierno de Correa y procedieron con su rescate. Para las 9 de la noche, el jefe de estado fue trasladado al Palacio de Carondelet.
Como resultado del motín, se registraron 10 fallecidos y 274 heridos. En conferencia posterior a los hechos, Rafael Correa señaló como posible instigador del “golpe de Estado” al ex presidente y coronel retirado del Ejército Lucio Gutiérrez, destituido en 2005 por el Congreso.
Dato:
Escuche el audio de la denuncia pública de Ecuarunari en el siguiente enlace.
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