Carlos Sandi (Feconaco); Alfonso López (Acodecospat); Fernando Meléndez, presidente regional de Loreto; Ana Jara, presidenta del Consejo de Ministros; y Aurelio Chino (Fediquep). Foto: PCM
Servindi, 12 de marzo, 2015.- Luego de más de tres años de lucha intensa, las federaciones indígenas de las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo para que se atiendan las necesidades prioritarias de los pueblos afectados por más de 40 años de actividad petrolera.
Si bien el Gobierno calificó el acuerdo de "histórico", lo cierto es que los apus que participaron de la ceremonia, que tuvo lugar el martes 10 en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, no se mostraron igual de triunfalistas.
Cabe precisar que el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y los apus incluye acciones en el lote 1-AB, en los siguientes planos: remediación ambiental, titulación de tierras, estudios epidemiológicos y toxicológicos en la población, educación y proyectos de desarrollo.
"Una cosa es la firma de un acta y otra cosa es su implementación", aseveró Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de río Corrientes (Feconaco).
Para el dirigente lo acordado es sin duda importante y, según él, marca el inicio de una nueva relación con el Estado, al cual no deja de responsabilizar por todo lo que han tenido que vivir y continúan viviendo las comunidades nativas donde existe actividad petrolera.
"En más de 40 años (el Estado y las empresas) han hecho lo que han querido (...) en adelante ya no más, vamos a exigir que los acuerdos no queden en letra muerta ", apuntó.
En ese mismo sentido se manifestó Alfonso López, presidente de la federación nativa Acodecospat que representa a 57 comunidades de la cuenca del Marañón.
Señaló así que "más de tres años de trabajo permanente ha tomado hacer que el Estado voltee a ver a los pueblos indígenas". No obstante, al igual que Sandi, reconoció lo valioso de lo acontecido el martes último en Lima.
"Yo creo que hemos llegado, entre los pueblos indígenas y el Estado, a un punto medio. La percepción de desarrollo desde el lado occidental y de los pueblos indígenas ha encontrado un punto de equilibrio".
Con el mismo ánimo agregó: “Nosotros como pueblos al firmar este documento le decimos al Estado tenemos confianza... (nosotros) queremos crear esa confianza (…) y queremos que ustedes (Estado) nos ayuden a mantener esa confianza."
No más burlas
Consciente de que en repetidas ocasiones el Estado ha faltado a su palabra, López sostuvo que sería una burla que el Estado nuevamente no cumpla con su promesa, en este caso, de implementar lo dispuesto en el acta.
“Si no se implementa será la provocación más grande que pueda hacer el Estado a los pueblos", explicó.
Añadió luego que de ningún modo permitirán que la historia se repita. "Si vuelve a pasar tendrán a los pueblos indígenas movilizándose, protestando y exigiendo que se cumplan estos acuerdos, pero más allá de eso exigiendo que se respeten los derechos integrales de los pueblos indígenas”, afirmó.
Tema pendiente
El acuerdo firmado el 10 de este mes establece una serie de acciones que esperan contar con un cronograma preciso y los respectivos fondos.
No obstante, uno de los puntos sobre el que no hubo acuerdo fue el de la valorización de sus tierras. Sobre este tema se seguirá conversando, dijo Carlos Sandi.
Según el apu, sin esta valorización no se puede establecer una indemnización por los impactos ambientales causados en sus territorios ancestrales, así como tampoco se puede establecer una compensación por el uso de sus tierras para actividades petroleras.
Lo conseguido hasta ahora tiene que ver, y de esto dio cuenta la PCM, con la creación de un fondo “inicial o semilla”, de 50 millones de soles para remediación ambiental.
La visita de los apus a la capital peruana finalizó el miércoles, en estos momentos ellos se encuentran camino a sus comunidades para próximamente cumplir con informar a sus hermanos lo conseguido en este largo proceso.
A continuación la matriz de las acciones que se llevarán a cabo por parte del Estado:
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