- A propósito del artículo fallido del periodista Ricardo Uceda El pantanoso casi Chaupe.
Servindi, 4 de marzo, 2015.- ¿Cómo deben resolverse los litigios de propiedad? ¿mediante el abuso y la prepotencia o mediante los canales institucionales democráticamente constituidos? Esta son algunas preguntas de fondo que propone la asociación CooperAcción frente al litigio que enfrenta la poderosa empresa minera Yanacocha y la familia Acuña-Chaupe.
Los trabajadores de Yanacocha incurrieron en el delito de usurpación al perturbar violentamente la posesión pacífica del predio de Tragadero Grande de la familia Acuña-Chaupe. ¿Respalda el periodista Uceda la comisión de este delito? se interroga CooperAcción.
En un artículo de opinión donde se desmenuza y refuta el enfoque sesgado contra Máxima Acuña de Ricardo Uceda, CooperAcción concluye en que el actuar de Yanacocha en base a la prepotencia y la ilegalidad es injustificable y representa un retroceso muy peligroso como forma de dirimir litigios de propiedad.
CooperAcción
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A continuación la posición de Cooperacción sobre el artículo de Uceda:
Cooperacción responde a Uceda por caso Máxima Acuña Chaupe: derechos en juego y la necesidad de fortalecer la institucionalidad
El Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática "Laguna Azul".
Uceda da a conocer a la opinión pública la versión que Yanacocha brindó sobre los hechos en diversos medios y en el juicio que perdió contra lo familia Chaupe por delito de usurpación. Tratando de demostrar objetividad, Uceda da por cierta la versión de minera Yanacocha, y acusa a las ONG de haber creído a ciegas, en lo sostenido por Máxima.
Ante esto, hay que revisar los puntos planteados por Uceda:
1) Títulos existentes que se oponen
En un primer argumento, Uceda expone que Yanacocha tiene títulos irrefutables de propiedad de amplias extensiones de tierras, adquiridas de la comunidad de Sorochuco y que éstas comprenden el terreno Tragadero Grande. Lo que Uceda no dice es que la defensa de Máxima no está en cuestionando eso títulos de propiedad. Lo que viene sosteniendo es que, esos títulos no comprenden el terreno de Tragadero Grande. En las ventas realizadas por la comunidad de Sorochuco los límites no están definidos. La situación por lo tanto, no es tan clara como lo sostiene Uceda, pues si lo fuera, la Minera Yanacocha hubiera recurrido a un juicio de desalojo, que es de naturaleza sumaria y habría resuelto el problema. No lo hizo, ¿cabría preguntarse por qué?
De otro lado, Uceda sostiene que Máxima y su familia suelen ocupar tierras para hacerse luego de la propiedad de ellas. Para demostrarlo, señala que Máxima y su familia tienen la propiedad de otros terrenos adquiridos de esa manera. Para el caso, esto es imposible porque tratándose de una propiedad comunal no se aplica la prescripción adquisitiva.
Por otro lado, lo que no dice Uceda es que Máxima y su esposo tienen en su poder dos documentos: una transferencia de dominio y un certificado de posesión sobre ese terreno que data de 1994, antes que Yanacocha adquiriera terrenos de la comunidad de Sorochuco, a la que pertenecían los esposos Chaupe. Es decir, que no se trata de una invasión como se insinúa. La existencia de esos documentos es irrefutable. Es decir, que estamos ante dos sujetos que alegan un mismo derecho. Dilucidarlo, es un tema que deberá ventilarse en los tribunales.
Decir que los Chaupe tienen otros terrenos y que no son pobres es una estrategia mediática. Tal cosa se intentó sostener en los tribunales durante el juicio por usurpación, del cual los Chaupe fueron absueltos y en ese entonces los jueces desestimaron tales argumentos por no ser pertinentes.
De otro lado, los Chaupe han sostenido que efectivamente tienen 9 terrenos que en conjunto suman 8,6 hectáreas y que los han adquiridos, en gran parte por herencia. Uceda para desmentirlos señala que en realidad los han adquirido vía un programa de formalización de la propiedad rural sobre la base de acreditar con testigos la posesión continua durante cinco años. Lo cierto es que es muy usual en la zona rural, donde el Estado no tiene formalizada la propiedad de tierras, que quienes tienen títulos de propiedad no saneados recurran a los programas de formalización para regularizar su situación, evitándose con ello, todos los problemas legales, que supone sanear sus títulos.
Uceda ha cuestionado el por qué la familia Chaupe usa el terreno de Tragadero Grande y no los otros terrenos que, tendrían según su opinión mayor valor, deslizando la idea de que lo hace para mantener la posesión en un terreno que no es suyo. Para cualquier persona de ciudad, la pregunta por la preferencia o la forma de uso de sus propiedades, resultaría fuera de lugar porque es algo que corresponde a su libre albedrío. Sin embargo, es lógico preferir usar un terreno de 22 hectáreas a otros, dispersos en varios lugares y que suman 8,6 hectáreas.
Por otro lado, el que la familia Chaupe tenga otros terrenos además de Tragadero Grande no los hace ricos, ni de clase media. Todos sabemos que el valor de la propiedad rural es muy pequeño, y que muchas comunidades campesinas, a pesar de tener grandes extensiones de tierras, se ubican dentro de los niveles de extrema pobreza.
2) Un tema de institucionalidad y Estado de Derecho
Finalmente, nos llama la atención que el señor Uceda no diga nada sobre la actitud de minera Yanacocha de desconocer la sentencia judicial de segunda instancia, que además de absolver a familia Chaupe ordenaba el cese de su desalojo así como, de la administración del predio de Tragadero Grande por la empresa. Minera Yanacocha pese a esta sentencia se presentó, a través de sus trabajadores, en el lugar respaldada por la policía para, ilegalmente derrumbar una construcción de la familia Chaupe. Al haber perturbado violentamente la posesión pacífica del terreno, los trabajadores de minera Yanacocha han incurrido en delito de usurpación. Nos preguntamos si el señor Uceda respalda la comisión de un delito.
Esta transgresión al Estado de Derecho nos parece inaceptable y lo que hace es reafirmar la imagen que minera Yanacocha tiene en Cajamarca. Consideramos, que es necesario, que el país resuelva sus problemas a través de sus instituciones democráticamente constituidas y que no sea la prepotencia y el abuso que se legitime como la forma natural de proceder. Este retroceso es muy peligroso. Por lo que, diga lo que diga, el señor Uceda, el actuar de minera Yanacocha es injustificable.
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