Foto: Cajamarca Reporteros
- Indignarse solo para la foto no es suficiente, señalan.
Servindi, 7 de noviembre, 2014.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sostuvo que es necesario que el gobierno de Ollanta Humala exprese en acciones concretas su rechazo a los abusos policiales que acabaron con la vida de Fidel Flores, de 62 años, el pasado 30 de octubre en Cajamarca.
A través de un pronunciamiento difundido hoy, la organización planteó que no es suficiente con que el mandatario haya manifestado su indignación en los medios. Pidió por ello la destitución del ministro del Interior Daniel Urresti, bajo cuya gestión ya han perdido la vida siete civiles.
Según explica, la muerte de Fidel Flores no es un hecho aislado ya que, señala citando cifras de la Defensoría del Pueblo, con su muerte son 46 los civiles muertos en situaciones de conflicto social durante el gobierno de Ollanta Humala.
Recuerda, además, que de este número, 32 han perdido la vida por uso de arma de fuego de las fuerzas armadas y policiales. "Ninguna de las víctimas portaba armas, inclusive dos eran niños y tres recibieron tiros por la espalada", señala el pronunciamiento.
Reparación para las víctimas
Como es sabido, Flores fue asesinado por un efectivo policial durante el desalojo de su vivienda familiar. Él falleció luego de que le impactara en el cuerpo 60 perdigones de plomo.
En ese sentido, la CNDDHH sostuvo que además de garantizar el acceso a la justicia y una reparación inmediata de sus deudos, es necesario que el Estado adopte las reformas necesarias para evitar que más civiles mueran por la actuación abusiva de las fuerzas del orden.
En esa línea, solicitan que se tomen las medidas que garanticen que la policía, en el marco de sus acciones, respete los derechos humanos de la población.
De otro lado recomiendan derogar las normas que favorezcan la impunidad de los abusos policiales y reducen los estándares para el uso de la fuerza, especialmente, la Ley 30151 y el Decreto Legislativo 1095.
Cabe precisar que la Ley 30151 modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, liberando de responsabilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.
Protesta
Colectivos ciudadanos convocaron a una protesta para hoy viernes, a las 6 de la tarde, en el frontis del Palacio de Justicia, en rechazo al brutal asesinato de Fidel Flores a manos de la policía de Cajamarca.
A continuación el pronunciamiento de la CNDDHH:
Ni un muerto más
Con Fidel Flores van 46 personas fallecidas en conflictos sociales y 32 por arma de fuego
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su más enérgica condena ante la ejecución extrajudicial de Fidel Flores Vásquez en Cajamarca a manos de un efectivo policial durante el desalojo de su vivienda familiar el pasado 30 de octubre. Esta muerte no es un caso aislado: con Fidel Flores son 46* los civiles muertos durante el gobierno de Ollanta Humala en situaciones de conflicto social y 32 de ellos por uso de arma de fuego de las fuerzas armadas y policiales. Ninguna de las víctimas portaba armas, inclusive dos eran niños y tres recibieron tiros por la espalda.
Por ello, además de garantizar el acceso a la justicia y una reparación inmediata de los deudos de Fidel Flores Vásquez, es necesario que el Estado adopte las reformas necesarias para evitar que más civiles mueran por la actuación abusiva de las fuerzas del orden.
En particular es necesario:
1. Garantizar que la Policía Nacional del Perú cuente con el entrenamiento y el armamento adecuado para sus efectivos a fin de realizar operaciones de control del orden interno respetando los derechos humanos de la población, así como regular de manera precisa los procedimientos para el uso de las mismas y fiscalizar que estos protocolos se ejecuten de manera estricta
2. Acabar con la impunidad total que actualmente impera en este campo, con especial atención a la responsabilidad de los mandos policiales y militares involucrados, generando un protocolo para la investigación de casos de uso abusivo de la fuerza y capacitando a los jueces y fiscales. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deberían colaborar plenamente en las investigaciones
3. Derogar las normas que favorecen la impunidad de los abusos policiales y reducen los estándares para el uso de la fuerza, especialmente, la Ley 30151 y el Decreto Legislativo 1095.
En lo inmediato, es necesario que el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, exprese la indignación que ha manifestado a los medios frente a los abusos policiales con acciones concretas: un gesto importante al respecto sería destituir al ministro de Interior Daniel Urresti, bajo cuya gestión ya han perdido la vida siete civiles.
Lima, 7 de noviembre del 2014
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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*Según la Defensoría del Pueblo
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