Captura del Estado: Cuando la (i)legalidad es motor del crecimiento

Por Luis Hallazi*

27 de agosto, 2014.- El actual Gobierno de Ollanta Humala con los ministerios que conformar el Poder Ejecutivo han alcanzado una situación de alarmante desconfianza. A poco menos de dos años para el fin de su mandato, es probable y necesario que exista en la ciudadanía una alerta constante hasta julio del 2016, respecto a la potestad normativa que ejerce el gobierno a través del “IusImperium”

o el derecho del Estado a dar leyes, reglamentos y otras normas que mejoren nuestra organización como nación y se supone, generen bienestar en sus ciudadanos.

La evidente crisis de gobernabilidad que entre muchos rasgos se ha estado traduciendo en la falta de liderazgo presidencial, ha ido generando un vacío que hoy ha sido ocupado por poderes facticos con una agenda oculta. Esto lo podemos evidenciar ante los recientes intercambios de correos entre el ex primer ministro René Cornejo y los ministros Castilla y Mayorga (ratificados recientemente), donde se muestran hechos concretos y plausibles de investigación para constatar al menos una falta administrativa (como es la violación de Ley de Ética de la Función Pública (1) cuyo hilo de la madeja, podría acarrear la imputación de delitos de corrupción.

En ese sentido, dichos indicios corroboran una presunción que hace mucho se estuvo comprobando: la captura del Estado (2) por intereses empresariales que están influyendo en la formulación de políticas (iniciativas de Alianzas Público-Privada o APP), planes, programas, leyes (Ley 30230 llamada “paquetazo reactivador”), reglamentos (propuesta de Reglamento para la protección ambiental en actividades de Hidrocarburos) sin ninguna transparencia y participación, pasando por encima el interés general de la sociedad y presumiblemente a cambio de favores que desconocemos y que muchos de ellos pueden ser ilícitos graves.

Por otro lado, las recientes discusiones sobre la existencia e importancia o no de los lobbies, no debería ser el centro del debate. Sabemos desde mucho que existen grupos de interés de los más diferentes matices que tratan de influir sobre la agenda del país. Para definir su legalidad o ilegalidad, existe incluso una Ley 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, faltaríahacer cumplir dicha ley. Pero esta situación es mucho más grave, estamos hablando de un grupo de tecnócratas, lo más altos funcionarios, representantes de sectores económicos, sociales, ambientales y culturales a los que se les encarga no solo la gestión de su respectivo ministerio, sino la dirección de una política de Estado y si esta política no hace más que favorecer a intereses particulares, buscando el beneficio de empresas transnacionales para la ejecución de determinados proyectos extractivos, sin duda que estamos ante hechos gravísimos.

Lo que deberíamos observar en esta situación, es la reacción de los otros poderes del Estado, dentro de lo que nuestra democracia defectuosa nos puede ofrecer, hemos podido presenciar como el Congreso de la República ha mostrado dos veces su voto de desconfianza al Gabinete Ana Jara, gabinete que al contrario, ha ratificado al Ministro Mayorga. Las reacciones por parte del Congreso deberían ser más contundentes, también deberíamos esperar la reacción de la Contraloría General de la República, conjuntamente con las instituciones más fuertes del Estado e incluso los Gobiernos Regionales honestos deberían lanzar su voz de protesta ante una agenda oculta que es manejada por altos funcionarios. Si bien es ciertoque nuestra frágil institucionalidad no dan reacciones rápidas que puedan ejercer un equilibrio ante estas situaciones, son también los ciudadanos los llamados a ejercer una presión al actual gobierno para sacudirse de operadores políticos que ejercen función pública y han capturado la agenda de Gobierno.

Vayamos a dos breves ejemplos relacionados con esa captura del Estado. Remitámonos al correo entre el Ministro Mayorga y Manual Pulgar -Vidal titular de Ambiente, donde según el correo una empresa petrolera australiana (Karoom) es la consultora encargada de la elaboración del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (3). No hay que ser adivino para saber a quién favorecerá ese Reglamento y lo peor, que se hará en perjuicio de derechos medio ambientales y con consecuencia en los derechos humanos. Otro ejemplo que va mucho más allá, es el caso del llamado “paquetazo reactivador” de la economía, Ley 30230, una norma “cajón de sastre” o norma “ómnibus” donde se encuentran artículos diversos casi al gusto del cliente- inversor.

La Ley 30230 llamada en un primer momento “paquetazo ambiental” advertía una flexibilización en los estándares ambientales y la reducción de las capacidades fiscalizadoras de la institución encargada de ello. Las críticas se centraron en eso y se debatía sobre la discrecionalidad en la graduación de dichos estándares, sin advertir que en la misma ley a partir del artículo 36 se cometía el más grande atentado contra la seguridad jurídica de las tierras y territorios de todos los peruanos que podría ser una “bomba de tiempo” para generar conflictos ecoterritoriales de diverso orden (4).

En dicha ley el actual gobierno bajo el argumento de promover las inversiones implementará “procedimientos especiales”, que serán ejecutados por el COFOPRI, para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión, como ampliación de la frontera agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales, hidroeléctricos, nuevos ejes viales, etc. Y se harán efectivos “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” (artículo 37, inciso a), es decir que parece no importar o al menos pasar a segundo plano los derechos a la tierra y territorio, de comunidades, agricultores rurales, tierras eriazas, tierras de gobiernos locales y hasta regionales que se interpongan ante proyectos de inversión privada y pública es decir que dichos territorios le interese a determinada empresa con tan solo ser declarado por el Gobierno como un proyecto de “gran envergadura” a partir de allí, a solicitud del interesado (inversor) se inicia un procedimiento especial de saneamiento; que no solo entregará a los inversionistas derechos sobre la tierra en el área de influencia directa de sus proyectos, sino también sobre el área de influencia indirecta, lo que significa que se afectará las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones. La Ley 30230 trae más sorpresas y su peculiaridad radica en su técnica jurídica para la redacción, por la que estuvo pasando desapercibida. Finalmente, una vez más los más vulnerados serán los pueblos indígenas, ya sean comunidades campesinas y nativaspuesto que son en sus territorios donde se superponen los intereses de proyectos de inversión y además son sus territorios los que mayoritariamente están desprotegidos, ante una deuda histórica del Estado que ha paralizado la formalización y saneamiento de los territorios comunales, sin un catastro rural unificado y con precariedad en la tenencia, sin demarcación y georreferenciación de sus tierras.

La situación de alarma no es para menos, las leyes y reglamentos parecen ser un instrumento para legalizar la injusticia y los despojos, puesto que el Estado ha sido capturado por intereses de grandes transnacionales, cuyos operadores políticos parecen ser funcionarios del más alto nivel que utilizan los mecanismos jurídicos para legalizar acciones que están cambiando y generando una nueva arquitectura jurídica que confunde competencias y debilita las instituciones del Estado. Mientras tanto contraviene la misma Constitución Política, los tratados internacionales e incluso compromete el interés nacional, bajo la justificación de ser leyes que favorecerán al crecimiento económico. Una forma de gobierno que da indicios claros que colindan con un tipo corrupción sofisticada, donde ganan algunos pocos a costa de la pauperización de los derechos básicos y humanos de la mayoría de peruanos.

Notas:

(1) Veasé Ruiz, Juan Carlos http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1435

(2) VeaséHelman y Kaufman https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/09/pdf/hellman.pdf y Ramírez, Lilianahttp://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1432

(3) Veasé Diario La República http://www.larepublica.pe/12-08-2014/petrolera-elaboro-el-sustento-del-reglamento-que-quiere-eliminar-los-eia

(4) Veasé Pronunciamiento http://www.ibcperu.org/advierten-que-paquete-reactivador-amenaza-derechos-sobre-la-tierra/

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*Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente consultor en el Instituto del Bien Común.