Servindi, 12 de junio, 2014.- Indígenas guaraníes y organizaciones de derechos humanos protestarán en tres estadios de Brasil durante el Mundial de fútbol, en rechazo a una iniciativa del Gobierno que expropiaría parte de sus tierras e impediría su demarcación, anunció el Consejo Indigenista Misionero (CIMI).
En una nota enviada a la Agencia Fides, el CIMI aseguró que las protestas se llevarán a cabo en los estadios de las ciudades de Sao Paulo, Paraná y Río Grande del Sul, donde se jugarán partidos de la Copa mundial de fútbol que empieza hoy.
Asimismo, señaló que buscará hacerse sentir durante la competencia deportiva contra una iniciativa del ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, que bajo el concepto jurídico y político denominado “ajuste de derechos”, reducirá la tierra de la comunidad Guaraní de Mato Preto, de 4.000 a 600 hectáreas.
La decisión de los indígenas ha sido tomada luego del “fracaso” de las mesas de diálogo establecidas con los presidentes de la Cámara y el Senado, realizadas a fines de mayo, reseñó la Agencia Fides en su sitio web.
“Ajuste de derechos”
En una asamblea realizada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 4 de junio, el ministro Cardozo anunció a la bancada ruralista –relacionada al sector latifundista- que “ajustará” los límites de los derechos indígenas.
“Suelen decir que los derechos no se negocian. La mediación no es para ceder derechos, sino para hacer ajustes de los límites de esos derechos”, explicó Cardoso.
Una medida promovida por Cardozo bajo el referido “ajuste de derechos” es la promoción de un proyecto de ley que pretende “reglamentar” el Decreto nº 1775/96 para hacer inviable la demarcación de tierras indígenas.
La propuesta de Cardozo, presentada en diciembre de 2013, fue rechazada por organizaciones indígenas con manifestaciones y pronunciamientos porque consideran que “eternizará” la demarcación de tierras, agudizará conflictos y debilitará la Fundación Nacional del Indio (Funai).
En un documento emitido a inicios de abril, las principales organizaciones indígenas consideraron que la iniciativa permitirá la interferencia de grupos contrarios en la identificación y demarcación de tierras indígenas y haría inviable el trabajo de campo de los profesionales y estudiosos.
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