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- El jueves 22 vence plazo para que Estado peruano informe a la CIDH sobre cumplimiento de medida cautelar a favor de defensores de las lagunas.
Servindi, 21 de mayo, 2014.- Representantes de las comunidades y rondas campesinas de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca de la región Cajamarca pidieron al Ministerio de Justicia y al Procurador Público Especializado Supranacional cumplir la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mediante una comunicación escrita expresaron su preocupación por que a la fecha el Estado peruano no se ha comunicado con las personas solicitantes, toda vez que las medidas deben ser concertadas con ellas.
Los suscritos también manifestaron su malestar por los comunicados públicos del Ministerio de Justicia y las declaraciones del embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, que contradicen lo dispuesto por la CIDH.
Tales declaraciones darían a entender que el Estado no quiere acatar el mandato de la CIDH, lo que constituiría mala fe, en violación de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados.
Desde entonces, a decir de la CIDH, se han dado “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia" contra quienes se oponen a dicho megaproyecto minero.
El plazo vence mañana
La CIDH dio un plazo de 15 días para que el Estado informe sobre las medidas adoptadas, en concierto con las personas beneficiarias, para garantizar su vida e integridad, así como para investigar las causas del riesgo que corren.
El plazo que empezó a correr desde la notificación del otorgamiento de la medida cautelar y que lleva como fecha el 5 de mayo vence el jueves 22 de mayo 2014.
La Resolución 9/2014 de la CIDH dispone la protección a favor de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta, opositores sociales al megaproyecto minero Conga. La medida también alcanza al comunicador indígena César Estrada Chuquilín.
La CIDH determinó que la vida e integridad personal de todos ellos se encuentran en riesgo grave, urgente e irreparable, debido a las acciones represivas de agentes de la fuerza pública y de la seguridad privada de la empresa minera Yanacocha.
La medida cautelar fue solicitada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas cuando el gobierno declaró en 2011 el Estado de Emergencia en la región de Cajamarca para tratar de imponer por la fuerza el megaproyecto minero Conga.
El citado proyecto pretende secar cuatro lagunas, cinco ríos y unos setecientos ojos de agua, lo que tendría un impacto significativo en las condiciones de vida y subsistencia de las comunidades y rondas campesinas de la región Cajamarca.
Acceda a la carta de la CUNARC mediante el siguiente enlace:
- Carta Cunarc al Ministerio de Justicia, 19 de mayo 2014 (PDF, 2 páginas)
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