 |
| Imágenes proporcionadas por Secretaría AIPNEE |
- Participaron representantes de Bangladesh, Camboya, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal y Filipinas.
Servindi, 5 de mayo, 2014.- Un rechazo a las industrias extractivas y destructivas, perjudiciales para los intereses de los pueblos indígenas y que avasallan su desarrollo con autonomía expresó un encuentro regional de los pueblos indígenas de Asia, suscrito en Filipinas.
Se trata del Taller Regional sobre Industrias Extractivas, Energía y Derechos Humanos organizado por el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), Philippine Task Force on Indigenous Peoples (TFIP), la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (CPA), la Red de los Pueblos Indígenas de Asia sobre el Cambio Climático (AIPNEE), y la Red Defensores de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (IPHRD).
La declaración suscrita el 22 de abril en Sagada, provincia de Mountain, Filipinas, pidió revisar y revocar las licencias, permisos, concesiones y otros acuerdos firmados para proyectos perjudiciales.
Asimismo, exhortó a las instituciones financieras internacionales dejar de financiar industrias extractivas, proyectos energéticos, plantaciones y otros emprendimientos que destruyen las tierras, recursos e identidad cultural de los pueblos indígenas.
También, asegurar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas como prerrequisito antes de brindar cualquier financiamiento para proyectos en sus territorios.
El costo del desarrollo asiático lo pagan los indígenas
La declaración observa que mientras el continente asiático se convierte en una nueva potencia económica se incrementa la inseguridad alimentaria, los desplazamientos, la destrucción de sitios sagrados, la militarización, las amenazas a la salud y el tráfico de jóvenes y mujeres indígenas.
La explotación masivas de las tierras indígenas, la minería, las represas hidroeléctricas, las plantaciones de gran escala, la exploración petrolera, los proyectos geotérmicos, las zonas económicas especiales, la imposición de la agricultura comercial dependiente de agroquímicos entre otros proyectos se imponen sin el consentimiento de los pueblos, violando el derecho a la autodeterminación.
Respuesta indígena
Entre los acuerdos adoptados para enfrentar las agresiones se encuentra consolidar y expandir la Red Asiática de Pueblos Indígenas sobre Proyectos Extractivos y Energéticos (AIPNEE) y la Red de Defensores de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPHRD).
Asimismo, organizar campañas y apoyar las vigentes sobre industrias extractivas, energía y derechos humanos, para fortalecer las luchas locales de los pueblos indígenas.
Otro acuerdo es conducir adelante actividades de lobby nacionales e internacionales que apunten a gobiernos, a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional (SAARC), instituciones financieras multilaterales, Naciones Unidas y las empresas con inversiones u operaciones en nuestras tierras.
Finalmente, extender su apoyo solidario concreto para los indígenas que en todo el mundo luchan contra proyectos extractivos y energéticos, violaciones a los derechos humanos y el actual modelo de desarrollo insustentable.
 |
| Imágenes proporcionadas por Secretaría AIPNEE |
A continuación el texto completo de la declaración:
Taller Regional de los Pueblos Indígenas de Asia sobre Industrias Extractivas, Energía y Derechos Humanos
Declaración: ¡Por el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas!
Nosotros, 68 participantes del Taller Regional de los Pueblos Indígenas de Asia sobre Industrias Extractivas, Energía y Derechos Humanos desarrollado en Sagada, provincia de Mountain, Filipinas, entre el 20 y el 22 de abril de 2014; en representación de 54 organizaciones de los pueblos indígenas de Asia, África, Sudamérica y Estados Unidos; declaramos nuestra posición en relación al avance de las industrias extractivas y los proyectos energéticos en territorios de los pueblos indígenas.
Nos preocupa el agresivo impulso de la globalización neoliberal mientras las tierras, vidas, territorios y recursos de los pueblos son privatizados y liberalizados. Este modelo de desarrollo afecta el modo de vida sustentable de los pueblos indígenas basado en el respeto, cuidado y relación inseparable con la Madre Tierra. El desproporcionado énfasis en el desarrollo liderado por el sector privado y las asociaciones público privadas para la explotación de nuestras tierras y territorios, bosques, agua, recursos energéticos y aéreos debilitarán aún más las culturas, tradiciones, identidades y derechos humanos de los pueblos indígenas.
Mientras Asia se convierte en la nueva potencia económica, somos testigos de la explotación masiva de nuestras tierras y recursos en nombre del desarrollo. Minería, represas hidroeléctricas, plantaciones de gran escala, exploración petrolera, proyectos geotérmicos, concesiones, zonas económicas especiales y programas de transformación económica, imposición de la agricultura comercial dependiente de agroquímicos, zonas de seguridad como el Comando de Seguridad de Sabah Oriental (ESSCOM) en Malasia, parques nacionales y otros proyectos conservacionistas se encuentran entre las múltiples iniciativas que están siendo impuestas en nuestros territorios sin el consentimiento libre, previo e informado ni el reconocimiento de nuestro derecho a la autodeterminación. Inseguridad alimentaria, desplazamientos, destrucción de sitios sagrados, militarización, amenazas a la salud, tráfico de jóvenes y mujeres indígenas y violaciones a nuestros derechos civiles y políticos se encuentran entre los abusos que estamos viviendo.
Más aún, la actual cooperación regional fomentada por instituciones financieras multilaterales, así como la cooperación económica regional entre gobiernos como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional (SAARC), cuyo objetivo es promover el libre mercado, incrementan nuestra vulnerabilidad y marginación. Casos testigo son la línea de alta tensión, caminos y vías férreas que conectarán a los países asiáticos en preparación de la Integración Económica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, prevista para el 2015.
Otra cuestión que enfrentamos son los procesos de paz en los que nuestra vida, identidad, soberanía, tierras y recursos están en juego. Esto se evidencia en la representación equivocada-no representación de los pueblos indígenas en los actuales procesos de paz de la región de Mindanao en Filipinas, India y Bangladesh, como también entre las nacionalidades étnicas de Myanmar, en los cuales nuestra participación plena y efectiva no está asegurada y nuestros propios procesos de paz no son respetados ni implementados, particularmente en el noreste de India y Bangladesh. Estas cuestiones cruciales nos han llevado a las luchas y movimientos por la defensa de nuestro derecho a la autodeterminación y desarrollo autónomo, en contra de modelos insustentables. Al mismo tiempo, promovemos nuestras alternativas de desarrollo, basadas en el respeto y la protección de nuestras tierras, territorios y recursos, integridad y fortalecimiento cultural, bienestar social y económico, manejo sustentable de los recursos naturales y auto-gobierno de los pueblos indígenas mediante nuestras instituciones tradicionales.
A la luz de esta alarmante situación en Asia y de las luchas en defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas, presentamos las siguientes recomendaciones de acciones apropiadas urgentes a quienes correspondan:
A los gobiernos de Asia:
1. Detener las industrias extractivas y destructivas, los proyectos energéticos, las concesiones económicas, los monocultivos y otras intrusiones a nuestros territorios ancestrales. Revisar y revocar las licencias, permisos, concesiones y otros acuerdos firmados para proyectos que sean perjudiciales para los intereses de los pueblos indígenas.
2. Asegurar nuestro reconocimiento constitucional como pueblos indígenas y nuestros derechos inherentes tal como fueron expresados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Revisar los marcos legales nacionales, aprobar legislación y formular políticas consistentes con la declaración, asegurando su apropiada implementación. Rechazar/enmendar toda legislación violatoria de los derechos de los pueblos indígenas.
3. Reconocer y respetar nuestro derecho a la autodeterminación y consentimiento libre, previo e informado, en concordancia con las estructuras políticas indígenas y sistemas ancestrales de gobierno y otras formas colectivas de toma de decisiones, incluyendo el derecho a veto sobre proyectos de desarrollo y políticas que violen nuestros derechos.
4. Basta de militarización de las comunidades indígenas, violaciones de los derechos humanos, asesinatos de indígenas y sus defensores y criminalización de la resistencia legítima de los pueblos en el ejercicio de sus derechos. Reclamamos justicia y que los perpetradores sean responsables de sus actos.
5. Establecer mecanismos apropiados de consulta y presentación de quejas para los pueblos indígenas y otros actores del desarrollo en diferentes niveles.
6. Establecer mecanismos de documentación, monitoreo e información sobre el desarrollo de proyectos implementados en territorios indígenas para asegurar su transparencia.
7. Establecer un marco de responsabilidad corporativa para las empresas, tanto privadas como públicas.
A las instituciones financieras internacionales:
1. Basta de financiar industrias extractivas, proyectos energéticos, plantaciones y otros emprendimientos que destruyen las tierras, recursos e identidad cultural de los pueblos indígenas. Asegurar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas como prerrequisito antes de brindar cualquier financiamiento para proyectos en sus territorios.
2. El financiamiento de instituciones multilaterales a proyectos que utilicen a militares y paramilitares como fuerzas de seguridad debe cesar de inmediato.
3. Asegurar la transparencia con participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la revisión de los procesos de salvaguardas de las instituciones financieras multilaterales. Asegurar la alineación de estas salvaguardas a los instrumentos internacionales de derechos humanos como la DNUDPI.
4. Aplicar estrictamente instrumentos vinculantes y sanciones que aseguren el cumplimiento de las salvaguardas.
A las corporaciones:
1. Respeto por los estándares internacionales sobre pueblos indígenas, especialmente la DNUDPI, el Convenio 169 de la OIT y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Estos estándares internacionales deben extenderse a todas las prácticas y políticas corporativas.
2. Respetar el consentimiento libre, previo e informado como un proceso definido y manejado por las comunidades indígenas cuyas vidas son impactadas por los proyectos extractivos y energéticos. Respetar los protocolos de los pueblos indígenas cuando estos existan.
A las organizaciones de la sociedad civil:
1. Apoyar las luchas locales de los pueblos indígenas ofreciendo asistencia en investigación, información, educación, incidencia y lobby. Apoyar el desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas para el ejercicio efectivo de sus derechos.
A los pueblos indígenas y sus organizaciones:
1. Fortalecer nuestros modos de vida sustentables para las futuras generaciones y nuestra determinación para defender las tierras, territorios y recursos en contra de los proyectos destructivos.
2. Fortalecer a las organizaciones indígenas para reafirmar nuestros derechos frente a los proyectos extractivos y otras iniciativas que impactan en nuestras vidas y territorios. Construir alianzas entre los pueblos indígenas y redes más amplias para generar el mayor apoyo posible.
3. Utilizar procesos y medios de queja y reparación a nivel local, nacional e internacional. Aprender de las experiencias de otras comunidades para informar sobre nuestros procesos de toma de decisiones y planificación.
Acordamos también dar los siguientes pasos concretos:
1. Consolidar y expandir la Red Asiática de Pueblos Indígenas sobre Proyectos Extractivos y Energéticos (AIPNEE) y la Red de Defensores de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPHRD).
2. Organizar campañas y apoyar las vigentes sobre industrias extractivas, energía y derechos humanos, para fortalecer las luchas locales de los pueblos indígenas.
3. Llevar adelante actividades de lobby nacionales e internacionales que apunten a gobiernos, la ASEAN, la SAARC, instituciones financieras multilaterales, Naciones Unidas y las empresas con inversiones u operaciones en nuestras tierras.
4. Extender el apoyo solidario concreto para nuestros compañeros y compañeras indígenas que en todo el mundo luchan contra proyectos extractivos y energéticos, violaciones a los derechos humanos y el actual modelo de desarrollo insustentable.
Firmada el 22 de abril de 2014 en Sagada, provincia de Mountain, Filipinas.
---
Traducción para IWGIA y Servindi de Luis Claps
Añadir nuevo comentario