- Organización coordinadora del Pacto de Unidad Indígena exige adecuada implementación del derecho a la consulta previa y no escamotear derechos esenciales.
Servindi, 12 de abril, 2014.- Esta semana el nuevo ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga se presentó ante la Comisión de Pueblos, Ambiente y Amazonía del Congreso. Pero más que despejar dudas en temas controversiales avivó la desconfianza en su gestión. Por este motivo la Confederación Nacional Agraria (CNA) exigió una adecuada implementación del derecho a la consulta previa mediante un pronunciamiento.
La CNA, que es la organización vocera del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, sostuvo que el denominado "acuerdo previo" entre comunidades y empresas no sustituye el derecho a la consulta previa.
Rechazpo la expresión del ministro quién manifestó que en toda la sierra peruana solo se presentaría un caso de consulta previa por un proyecto minero, desconociendo así la numerosa existencia de comunidades indígenas y por ende, su derecho a la consulta previa, libre e informada.
"En la Consulta Previa estamos aprendiendo a caminar juntos. Tenemos que resolver los pasivos y esto quiere decir que ya no estamos contaminando", respondió Mayorga.
La CNA llamó a las bases campesinas, especialmente las afectadas por actividades extractivas, a cerrar filas y exigir juntos un derecho fundamental "que no puede ser sustituido por un “acuerdo previo” entre las comunidades y las empresas".
La organización agraria también observó la intención del Estado peruano de no consultar los estudios de impacto ambiental (EIA) como lo establece el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la jurisprudencia sobre el tema.
Esta estrategia del Estado peruano revela serias deficiencias en el proceso de implementación del derecho de consulta y no son ninguna garantía de un verdadero respeto al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas.
En tal sentido la CNA se ratificó en su posición de cuestionar algunos artículos de la Ley de Consulta y su reglamento, que generan justamente todas estas actuales deficiencias en la implementación de este derecho.
Por último la CNA respaldó la denuncia de la congresista cusqueña Veronika Mendoza sobre los Lotes 31 B y 31 D concesionados a la empresa MAPPLE GAS y que al vencerse el contrato se le ha prorrogado la concesión en lugar de revertirlo a PETROPERU.
Destacó al respecto la protesta de la comunidad shipiba Cannan de Cashiyacu, afectada por la explotación de esta empresa, que ha exigido la consulta para este caso, pero que el MINEM ha utilizado la prórroga como excusa para no cumplir con el derecho a la consulta.
Cabe destacar que el ministro Eleodoro Mayorga manifestó que la consulta no se debe utilizar "como una herramienta para frenar las actividades extractivas y la economía."
Ello motivó una rápida respuesta del congresista Eduardo Nayap, del pueblo Awajún, quien replicó que la prioridad de la Ley de Consulta Previa es la de salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas por sobre las actividades extractivas.
El ministro también argumentó que la eliminación de los EIA en las actividades de exploración de gas y petróleo buscan evitar el retraso en las inversiones y no implican riesgos al medio ambiente.
La congresista Marisol Pérez Tello le pidió que aclare "cuáles eran las bases científicas" que apoyaban este último argumento. Mayorga se comprometió a enviar la respuesta en un audio a la Comisión de Pueblos Andinos.
Ante la pregunta de la congresista Verónika Mendoza sobre en qué empresas trabajó anteriormente el ministro Mayorga reconoció que en los últimos cuatro años laboró en una consultora vinculada a empresas del sector energético, pero precisó que desde que integra el Gabinete Ministerial está desligado de ella.
A continuación el pronunciamiento completo de la CNA:
Pronunciamiento sobre la presentación del ministro de Energía y Minas ante la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos
La CNA exige al Estado peruano una adecuada implementación del derecho a la consulta
¡El “acuerdo previo” entre comunidades y empresas no sustituye al Derecho de Consulta!
La Confederación Nacional Agraria (CNA), se dirige a las autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo, así como a la opinión pública para expresar su preocupación sobre las declaraciones del titular del Ministerio de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso de la República. El ministro manifestó que toda la sierra peruana solo se presentaría un caso de consulta previa por un proyecto minero, desconociendo nuevamente la existencia de comunidades indígenas en este sector y por ello desconociendo su derecho a la consulta previa libre e informada.
Exhortamos a nuestras bases y a diferentes comunidades indígenas ubicadas en la sierra de nuestro país, especialmente aquellas afectadas por las empresas extractivas, a que juntos exijamos al Estado Peruano una adecuada implementación de Ley de Consulta Previa, y sobretodo exijamos el respeto de este derecho que no puede ser sustituido por un “acuerdo previo” entre las comunidades y las empresas.
Así mismo, respaldamos la denuncia de la Congresista cusqueña Veronika Mendoza, respecto a los casos de los Lotes 31 B y 31 D que estaban concesionados a la empresa MAPPLE GAS y que habiéndose vencido el contrato se le ha prorrogado la concesión en lugar de revertirlo a PETROPERU. La comunidad shipiba Cannan de Cashiyacu, afectada por la explotación de esta empresa, ha exigido la consulta para este caso, pero el MINEM ha utilizado como excusa esta prórroga para no llevar a cabo la consulta.
Otra de las deficiencias de la implementación del derecho de consulta, es que el Estado supuestamente garante de este derecho, pretende no consultar los Estudios de Impacto Ambiental - EIA, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la propia jurisprudencia en materia de derechos indígenas.
Con todo esto, está claro que la Ley de Consulta Previa, tiene muchas deficiencias y no es garantía de un verdadero respeto del “derecho de consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas”; por ello la CNA ratifica su posición de cuestionar algunos artículos de esta Ley y su reglamento, que generan justamente todas estas actuales deficiencias en la implementación de dicha Ley.
Confederación Nacional Agraria (CNA)
Comentarios
Una economía nacional basada en actividades extractivas de recursos naturales está condenada al fracaso. Y si eso es lo que quiere privilegiar el gobierno, pues está sembrando mayor pobreza de muchos y acumulación de riqueza en pocas manos. La gente se da cuenta de los intereses que tiene el gobierno de Canadá para darle laureles de mejor presidente a Ollanta.
Si por un centavo se lleva las riquezas naturales de los territorios de los pueblos, y deja basura como vemos en yahaqocha; los pueblos tienen derecho de exigir que se cumpla la consulta previa libre e informada. ¿Qué los capitales se van a correr? Eso es un cuento que ahora ya nadie cree.
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