Foto: María Fajardo del diario La Estrella de Panamá
Servindi, 31 de marzo, 2014.- Los habitantes de la comarca Ngäbe-Buglé que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco buscan hacerse de un nuevo frente. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitaron al organismo internacional visitar la zona de conflicto.
El pedido lo hizo la representante de los ngäbe-buglés, Adelaida Miranda, quien exhortó a los integrantes de la Comisión a pedir autorización al gobierno panameño para trasladarse a la zona donde se ubica el proyecto de la empresa Genisa, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.
El proyecto es cuestionado por las comunidades porque utilizará las aguas del río Tabasará e impactará en el distrito de Müna, región Kädriri, comarca Ngäbe Buglé, inundando aproximadamente 10 hectáreas de territorios indígenas.
A ello se suma la tala, quema y la destrucción de la biodiversidad de la región donde habitan, y el hecho de que el proyecto no ha sido consultado con los pueblos indígenas de la zona de influencia.
De esta grave situación dio cuenta Miranda ante los integrantes de la CIDH el jueves último, en Washignton D.C. Ella denunció también el uso de la fuerza por parte de la policía panameña contra los indígenas, en las protestas que ocurrieron en febrero de 2012, en la zona de San Félix.
Mientras, hasta el día de hoy, la resistencia en la zona del proyecto continúa. Los indígenas denuncian que la empresa, sin consulta alguna, ingresó maquinaria para ampliar la zona de embalse que inundará las comunidades de El Palomar, Kiad, Quebrada Caña y Plata.
Según refieren medios locales, en la zona de resistencia indígena se mantienen unidades policiacas para el control de multitudes, en vigilia las 24 horas, que salvaguardan las operaciones de la empresa hidroeléctrica. A su vez, día y noche llegan también refuerzos indígenas a las barricadas cercanas al proyecto.
En respuesta a la petición hecha por la representante de los ngäbe-buglés, el presidente de la CIDH, Felipe Gonzales, aseguró que su organización buscará fomentar el diálogo entre las partes en conflicto y que estará al tanto de las acciones que tome el Estado al respecto.
Sobre el desarrollo del conflicto se pronunció Luis Carlos Buob, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quien aseguró que la tendencia del Gobierno es hacia una “mayor represión y una menor rendición de cuentas de los agentes de orden público”.
Indicó que la respuesta policial ha pasado de ser intimidante y no violenta, a ser caracterizada por el “uso desmedido de la fuerza".
"Con el auge económico, los conflictos en torno a la construcción de proyectos se han extendido a muchos lugares y han crecido en intensidad, magnitud y afectación. Esto ha llevado a una situación de continuo conflicto", declaró el representante del CEJIL.
Representando al gobierno de Panamá en Washington estuvieron el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Vallarino y la viceministra de Asuntos Indígenas, Toribia Venado.
La viceministra aseguró que a pesar de que se han dado algunos “eventos desafortunados”, se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas, en la actual gestión y que se han invertido 500 millones de dólares para apoyarlos.
Asimismo, Venado afirmó que los “niveles de comunicación” con los pueblos indígenas están mejorando, y que el diálogo es "franco y sincero, no agresivo".
El proyecto
El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, cuyo comienzo se remite al año 2011, represará el río Tabasará, lugar sagrado para los habitantes de la comarca Ngöbe-Buglé, quienes viven en las riberas del mismo.
Pese a que la figura jurídica de Comarca reconoce el derecho de propiedad de los indígenas, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó el desalojo de los indígenas del lugar que en conjunto suman más de tres mil familias.
Con el avance de las obras (cerca del 64 por ciento) se hace más evidente la tala, quema y destrucción de la biodiversidad de esta región de la comarca indígena.
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