Los compromisos del gobierno con líderes indígenas amenazados

El cumplimiento de las promesas y compromisos de autoridades serán determinantes para salvaguardar la integridad de líderes indígenas y defensores de la Amazonía.

Servindi, 8 de diciembre, 2020.- Una delegación de líderes indígenas de la Selva Central llegó la semana pasada a Lima para exigir protección y soluciones a los problemas de fondo que generan la violencia en sus territorios. 

A su paso por la capital, lograron reunirse de emergencia con ministros, viceministros, congresistas y jefes de organismos como Devida y el Ministerio Público, quienes les alcanzaron promesas y asumieron compromisos. 

Estos acuerdos dan pie a un listado de decisiones políticas que se tienen que tomar para empezar a transformar realmente las condiciones de violencia en las comunidades nativas. 

Tales decisiones que, a continuación detallaremos, pasan por implementar protocolos de atención, potenciar la inteligencia policial, fortalecer la investigación fiscal y la lucha contra la corrupción, y promover la titulación comunal. 

Fuente de la imagen: ORAU

Protocolos de atención

El ministro de Justicia, Eduardo Vega, reconoció la urgencia de contar de una vez con los Protocolos de Atención a Defensores de Derechos Humanos.

Estos protocolos deben lograr que realmente se active la reacción inmediata de la Policía, el Ministerio Público y los gobiernos regionales, en coordinación con las organizaciones indígenas.

Ello, con el fin de asegurar la presencia permanente de agentes de estas entidades mientras continúe latente la situación de amenaza en los territorios indígenas.

En lo inmediato, el ministro Vega ha desginado al Dr. Jorge Abrego, como el responsable de avanzar hacia ese escenario. 

Además de coordinar con la defensa judicial en el caso de la señora Zulema Vargas, viuda de Arbildo López, recientemente asesinado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez y el congresista Alberto De Belaunde, se comprometieron a presentar iniciativas legislativas para lograr una política de atención a favor de los defensores de derechos.

Inteligencia policial

Durante la reunión, el ministro del Interior admitió que se necesita potenciar los esfuerzos de inteligencia de la policía nacional con dos objetivos claros. 

Para desarticular al crimen organizado alrededor del narco y el tráfico de tierras, y también para prevenir cualquier intento de estos criminales de atacar a los líderes indígenas.

Investigación fiscal y lucha contra la corrupción

Resulta imperativo que la Procuraduría Ambiental cuente con mayores recursos para realmente activar acciones de instancias como la Dirección Antidrogas de la Policía.

Así como para recoger, procesar y perseguir denuncias ambientales en los territorios indígenas.

Todo esto mientras el Ministerio Público, tal como ofreció, interviene en los casos donde hay denuncias de colusión entre los fiscales de Puerto Inca y otras zonas de Pasco y Ucayali. 

Fuente de la imagen: Feconau

Titulación comunal y desarrollo alternativo

Pese a los millones de dólares que recibe el Estado desde la Cooperación Internacional, la titulación comunal sigue siendo la gran deuda debido a que los títulos, simplemente, no avanzan. 

Uno de los problemas es la propia actuación del Minagri, Devida y los gobiernos regionales que insisten en lanzar grandes convocatorias para predios privados, pese a que eso incentiva la ocupación ilegal y el tráfico de tierras.

Las intervenciones de Devida en la zona han causado más problemas que respuestas. 

Por ello, es absolutamente necesario hacer una reingeniería de todas las intervenciones, en particular a las que llegan a territorios indígenas dónde el cultivo de coca está tan consolidado.

En todos los casos presentados, los funcionarios que recibieron a la comitiva indígena y a sus aliados de la sociedad civil, se comprometieron a hacer seguimiento a las promesas hechas. 

Muchos de estos casos se vienen reportando desde hace más de una década sin obtener respuestas significativas de parte de las autoridades. 

Las organizaciones indígenas han hecho su parte para proteger a sus bases, por lo que si ahora, algo le llegará a suceder a cualquiera de sus miembros, la responsabilidad será plenamente del gobierno.

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