Servindi, 17 de septiembre, 2016.- Escuche a Lyndon Pishagua, presidente de ARPI-SC; a Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de CARE; a Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal; y a Katia Pinedo, abogada de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), en una nueva edición de la Ronda Informativa Indígena.
Ronda informativa indígena al 17 de septiembre de 2016 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").
Incendio forestal en Selva Central
Lyndon Pishagua, presidente de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (ARPI-SC), informó sobre el incendio forestal registrado en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Junín. El incendio, que se registra desde hace 15 días en la margen derecha del río Ene, habría afectado a más de 20 mil hectáreas de bosques.
Pishagua comentó que el siniestro venía siendo controlado por la oportuna precipitación de lluvia en la zona. Sin embargo, aún hay focos de fuego por ser controlados. Por otro lado, el dirigente indígena indica que las autoridades han priorizado trámites burocráticos antes que proceder con la declaratoria de emergencia ambiental en la zona afectada.
Finalmente, Lyndon Pishagua señaló que dentro de las causas que originaron este siniestro, la falta de agua en la zona es un motivo fundamental. De esta manera, exige al gobierno priorizar los bosques y los pueblos indígenas.
Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), indicó que el incendio se originó debido a la sequía y a la práctica de roza y quema, técnica aplicada para abrir nuevas chacras. Buendía también señala que las autoridades de Satipo y del Gobierno Regional, conocían sobre la aplicación de esta técnica, dado que hace diez años se registró un siniestro similar en la misma zona.
La dirigente asháninka indicó que el Ministerio de Agricultura debe implementar campañas de sensibilización sobre la práctica de la roza y quema y de mitigación de incendios forestales.
Por último, Buendía mencionó que el día miércoles 14 se conformó un Consejo Multisectorial que evaluará los daños. No obstante, las autoridades indicaron que no es posible declarar en estado de emergencia la zona afectada.
Curva del Diablo: A pocos días de la sentencia
Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien junto a los abogados de la Comisión Episcopal de Acción Social, el Vicariato Apostólico de Jaén, AIDESEP y un abogado particular, defienden a los 53 procesados por el caso Curva del Diablo, indicó cuáles son las consecuencias psicológicas y sociales de los indígenas y mestizos procesados.
El abogado defensor señala que hay cuatro elementos resultantes de tan prolongado proceso que dejarán precedentes para los casos judiciales en los que se vean implicados integrantes de pueblos indígenas.
Quispe concluyó indicando que el proceso debería terminar en una absolución dado que no existen pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad de los procesados. La sentencia, a cargo del Dr. Gonzalo Zabarburú, presidente de la Sala de Bagua, será histórica por ser el primer caso en el que indígenas serán juzgados por cuidar su integridad territorial.
Katya Pinedo, abogada de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), participó del conversatorio “La experiencia del proceso penal Curva del Diablo”, llevado a cabo por la Asociación Civil Foro Académico, el jueves 15 de septiembre. Inició su intervención resaltando las diferencias entre la justicia occidental y la justicia indígena.
En otro momento, recordó el episodio en el que Asterio Pujupat, uno de los tres acusados que fueron injustamente encarcelados en 2009, fue detenido e impedido de declarar en su propio idioma.
Finalmente, la abogada cuestionó la lógica con que los oficiales intervinieron en la zona pues emplearon armas de guerra. Cuestionó también la invisibilización informativa sobre los demás heridos y fallecidos durante el suceso además de la estigmatización de los indígenas procesados.
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