Servindi, 28 de enero, 2018.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Marlene Huamán y Julio Quispe.
Mundo Indígena al 28 de enero de 2018 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").
Contaminados con mercurio. El reconocido medio británico The Guardian dio a conocer un informe del Ministerio de Salud que muestra la existencia de contaminación por mercurio en el pueblo Nahua.
A partir de este documento inédito filtrado por The Guardian, el medio explica como esta etnia amazónica viene siendo afectada por una epidemia de envenenamiento por mercurio.
A partir del informe "Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros" el medio señala que las autoridades de salud peruanas fueron alertadas por primera vez de esta crisis entre los nahuas en noviembre de 2014.
Según el informe se desconoce la fuente del mercurio pero se consideran como dos posibles explicaciones el consumo de pescado contaminado, que concluye como poco probable, y el proyecto Camisea, al que recomienda que se investigue.
Cuestionan consulta. La forma en que se aplica la consulta previa para mineras y petroleras ha convertido este derecho en un mero trámite.
Así lo afirma un reciente informe sobre la consulta que también denuncia que dicho proceso se realiza en las etapas finales de la inversión cuando ya no hay decisiones relevantes que tomar.
Ante estas y otras omisiones se ha lanzado la campaña “Consúltame de Verdad”, que demanda se la consulta siga los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La iniciativa es impulsada por las organizaciones ambientalistas CooperAcción y Oxfam.
Piden estado de emergencia. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió declarar en estado de emergencia el distrito de Inambari, en Madre de Dios, donde se encuentra la zona de minería ilegal conocida como “La Pampa”.
Mediante una carta dirigida a Mercedes Aráoz, presidenta del Consejo de Ministros, el Defensor recordó que en la zona se registran delitos como asesinatos y trata de personas
Asimismo, indicó que el uso inadecuado de mercurio afecta la salud de la población de Madre de Dios.
Rechazan carreteras en Ucayali. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología rechazó la ley promulgada por el Congreso que prioriza la construcción de carreteras en Ucayali.
La comisión indica que la denominada Ley N° 30723 pone en riesgo los derechos de los pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, quienes están en “extrema vulnerabilidad".
La norma afecta directamente a tres reservas indígenas, dos reservas territoriales, tres parques nacionales y una reserva comunal.
Peligrosa carretera. La construcción de la carretera Puerto Esperanza- Iñapari, propuesta de la Ley 30723, afectaría alrededor de 275 mil hectáreas de bosque primario.
Así lo reveló un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Peruana (MAAP), quien señala que los afectados serán las áreas protegidas y los pueblos indígenas más vulnerables.
La vía atravesaría tres áreas críticas para los pueblos indígenas en aislamiento y biodiversidad como la Reserva Territorial Madre de Dios, Parque Nacional de Purús y la Reserva Comunal Purús.
AIDESEP rechaza norma pro carreteras. La organización indígena AIDESEP invocó a diversos sectores a pronunciarse contra la promulgación de la ley que promueve carreteras en Ucayali, denominada Ley 30723.
En un comunicado, AIDESEP exigió su derogación inmediata por atentar contra la vida e integridad de los pueblos indígenas, especialmente, aquellos en estado de aislamiento voluntario.
Demandó respeto para las reservas indígenas que se verían afectadas, y que fueron creadas en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de la Constitución peruana.
Rechazan ley. El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra se pronunciaron contra la Ley 30723, promotora de carreteras en la región Ucayali.
Los colectivos, que reúnen a más de 20 organizaciones, exigen la derogatoria de esta ley que entre sus impactos más graves facilitaría el ingreso de la tala y minería ilegal, narcotráfico, invasiones y tráfico de tierras.
Advirtieron también que con esta ley se activarían otras normativas orientadas a la ejecución de obras de infraestructura carretera, las cuales en la práctica debilitan el marco de protección territorial de los pueblos indígenas.
Criminalización por Tía María. La Fiscalía de Arequipa formalizó la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.
Sin embargo, los acusados argumentan que se les está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.
En el mismo sentido, el abogado de FEDEPAZ, David Velazco, advirtió que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de integrar una organización criminal.
Mientras que para Javier Jahncke de Red Muqui, este sería el primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir a una protesta legitima y que podría sentar un precedente.
Lo que omitió el Papa. El economista Hugo Cabieses consideró que el papa Francisco, en su visita al Perú, omitió hablar de temas importantes como la “lamentable protección de curas pederastas”.
Cabieses cuestionó que no se haya referido a las omisiones del Gobierno en mitigar los daños ambientales, sociales y culturales de la minería informal en Madre de Dios.
Sin embargo, entre otras cosas, el economista destacó que en Puerto Maldonado “fustigó al extractivismo neoliberal” y defendió a los Pueblos Indígenas en general y a los pueblos en aislamiento voluntario.
Proponen estudio independiente. Organizaciones indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en Loreto, propusieron la realización de un estudio independiente sobre la contaminación por petróleo del que fue el Lote 1AB, en Loreto.
De este modo se busca asegurar una evaluación confiable que propondrá la remediación ambiental de zonas contaminadas por petróleo, lejos de la desconfianza de los indígenas hacia el Estado.
Como se recuerda, en el referido lote, que coincide con el actual Lote 192, existen más de dos mil pasivos ambientales y más de 90 sitios contaminados.
El estudio independiente sería realizado por expertos extranjeros y financiado con un fondo otorgado por el Ministerio de Energía y Minas gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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