Servindi, 19 de junio, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Ian Bravo y Marjorie Ugaz.
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Resumen nacional del 13 al 19 de junio
Emergencia Wampís. El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis declaró el estado de emergencia por 30 días en todo su territorio ante la ola de amenazas que afrontan, principalmente por la tala ilegal.
Tras esta primera medida, la Nación Wampís realizó un nuevo pronunciamiento frente a la inacción del Estado ante la tala ilegal y por la inmediata protección de defensores amazónicos.
En concertación con autoridades estatales, comerciantes de madera ilegal estarían ingresando masivamente a la cuenca del río Santiago, provincia de Condorcanqui, Amazonas.
Cabe recordar que la Nación Wampis vive actualmente los estragos de la extracción indiscriminada de especies maderables, minerales, recursos ictiológicos, de fauna y flora.
Demandas indígenas. Dirigentes de pueblos indígenas amazónicos de todo el país exigieron al presidente Pedro Castillo tomar medidas concretas para garantizar sus derechos colectivos.
Tras meses de espera y reiterados pedidos, desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) extendieron demandas de protección, titulación comunal, salud, representación de pueblos indígenas, entre otros puntos.
Sin embargo, hubo descontento de líderes y lideresas porque no les permitieron desarrollar sus propuestas a raíz de que el Ejecutivo priorizó un evento del proyecto de Reforma Agraria que no tiene en cuenta a la Amazonía.
Ahora, se espera que el Estado cumpla con disponer medidas efectivas en atención a las urgentes demandas y a que el Gobierno programe otras reuniones para profundizar en la situación específica de los pueblos indígenas de la Amazonía.
Consulta a medias. Líderes de tres federaciones indígenas del norte de Loreto llegaron a Lima para exigir al Estado avances concretos en los procesos de consulta previa de los lotes 8 y 192.
En el caso del lote 192, gran parte de los acuerdos alcanzados en la consulta previa está pendiente de concretarse mediante grupos de trabajo con sectores del Estado.
Mientras que en el Lote 8 hay preocupación porque el Plan de Abandono de Pluspetrol ya ha sido rechazado. Como denuncian las comunidades, la empresa busca evadir su responsabilidad sobre el daño ocasionado en territorio indígena.
Defensa de los pueblos. Indígenas amazónicos de nueve regiones del Perú emitieron una declaratoria en defensa de los derechos, la vida y territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
Así, exigieron a las autoridades pronunciarse para frenar una campaña que intenta desaparecer la normativa que protege a esta población de extrema vulnerabilidad y adoptar acciones para garantizar el respeto de sus derechos.
“Los pueblos indígenas seguiremos defendiendo nuestros derechos colectivos, con el fin de lograr la Vida Plena. Por ello, la protección de los hermanos y hermanas PIACI es deber del Estado, y de la sociedad en general”, indica el pronunciamiento.
Salud indígena. Las brechas de salud que enfrentan los pueblos indígenas de zonas fronterizas evidencian la necesidad de contar con una política integral para los distritos de frontera.
Así lo revela el diagnóstico “Aproximaciones a la situación de salud en zonas de frontera”, que centra su estudio en los distritos de Río Santiago (Amazonas) y Purús (Ucayali).
De esta forma, el trabajo de Cynthia Cárdenas Palacios y Leonardo Cortéz Farfán, antropólogos especialistas en salud indígena, detalla que la oferta de servicios de salud en estas zonas es extremadamente precaria.
Minearía en el Nanay. En medio de la indiferencia de las autoridades y la criminalización de defensores, la minería ilegal viene contaminando con mercurio al río Nanay, en Loreto.
Así lo alertaron grupos ciudadanos de Iquitos, quienes denunciaron el actuar negligente de autoridades municipales, regionales y fiscalizadoras, así como de fuerzas del orden.
Ante la amenaza de que la cuenca de este río se convierta en un nuevo epicentro de minería ilegal, la ciudadanía demandó la inmediata acción de instituciones para eliminar las actividades delictivas en el Nanay y sancionar a los responsables de esta contaminación.
Río contaminado. La volcadura de un camión que transportaba Zinc para la empresa minera Volcan terminó contaminando las aguas del Río Chillón, en la provincia de Canta, Lima.
Tras el hecho, entidades públicas llamaron a tomar previsiones por las afectaciones que generó este suceso para los canales de regadío que emplean agricultores de la zona.
Convenios mineros. El Tribunal Constitucional resolvió definitivamente el caso de los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas, conocidas como “convenios de servicios policiales extraordinarios”.
La demanda fue entablada por el Colegio de Abogados de San Martín contra el Poder Ejecutivo debido a que estos servicios policiales eran usados de forma abusiva a favor de las empresas.
Si bien, no eliminan los ‘servicios policiales extraordinarios’, se ordena un conjunto de reglas para evitar que estos convenios deriven en la violación de derechos fundamentales.
Defensores. Más de 70 defensoras y defensores de todo el Perú llegaron a Lima para exigir un alto a la violencia extrema que sufren por proteger sus territorios, el medio ambiente y la vida.
En un encuentro, analizaron la situación actual de los defensores y se evaluó los avances en la implementación de políticas públicas para su protección. De igual forma, se movilizaron para exigir al Estado justicia y la no criminalización.
Tráfico animal. El pleno del Congreso aprobó por unanimidad la ley que incluye al tráfico ilegal de vida silvestre en los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado.
Con esta norma, se busca que las personas que incurran en este delito reciban penas y multas más severas, además de que sean investigadas por equipos especiales.
Blindaje. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia contra Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintando, en noviembre de 2020.
La decisión, que también encubre a Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, exministros de su breve régimen, fue adoptada con los votos de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso.
La resolución fue tomada luego de que el congresista Alejandro Cavero sustentó su informe, donde exculpa de toda responsabilidad por la violencia policial del 2020 a Merino y compañía.
Dicho informe fue cuestionado por omitir pruebas de la Fiscalía y no recoger declaraciones de las víctimas. La Defensoría del Pueblo rechazó el hecho, mientras que los familiares anunciaron que recurrirán a instancias internacionales.
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