Bolivia: La necesidad de decir lo incómodo

¿Por qué nuestra capacidad social movilizadora y movilizante termina cada vez por ser neutralizada y capturada por aquello que pretendemos derrotar? Lejos de “hacerle el juego a la derecha”, reconocer las debilidades y los errores es la posibilidad de nuevos horizontes para enfrentar la ola reaccionaria.

Por Fátima Monasterio Mercado*

Considero que cuando se está en un momento de reflexión
en una coyuntura como ésta, el productor del texto histórico-político
no privilegia la persuasión del público,
sino la búsqueda de explicación para sí mismo
y para los que hacían parte comprometida del proceso.
Cuando esto logra coherencia y verosimilitud
se puede volver explicación para los demás.
Luis Tapia

No voy a responderle si en Bolivia hubo o no hubo un Golpe de Estado. A estas alturas usted ya debe haber asumido una postura al respecto y poco puede hacer este –o cualquier otro– texto para cambiarla.

Sin entrar al maniqueo en el que esa discusión nos encierra, me pregunto: ¿acaso podemos atribuirle únicamente a las fuerzas imperialistas y a la derecha boliviana las causas del desenlace del Gobierno de Evo Morales? ¿Realmente creemos que el destino de nuestras sociedades y el límite de realización de nuestros proyectos políticos está absolutamente determinado por los intereses externos?

Por otro lado, ¿podemos afirmar con total certeza que las potencias extranjeras no estuvieron implicadas en la planificación o financiación de los sucesos acaecidos en Bolivia? ¿Es acaso novedad que nuestros países latinoamericanos han sido y siguen siendo un escenario de disputa interimperialista?

Esta guerra de posiciones más que afianzar convicciones propias, poco ayuda a comprender lo que sucede en Bolivia. Cada quien cree y replica únicamente lo que resulta conveniente a su postura, anulando a cualquiera que disienta con ella.

Cuestionar de un lado es ser golpista, del otro es querer que vuelva Evo Morales. La grieta que parece haberse instalado en la academia, en los medios de comunicación y en las redes sociales, se tensiona con el curso de las negociaciones entre los legisladores del Movimiento al Socialismo y el Gobierno de Jeanine Añez que ya han resultado en la aprobación de la “Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales”.

Aún nos duelen los muertos, todos. Nadie debería pagar con su vida el abuso de poder. Nos duelen también las heridas que este conflicto ha abierto en la sociedad boliviana y que tardarán en sanar. En las calles y carreteras hay una tensa calma, la gente permanece atenta en vigilias, en reuniones autoconvocadas, en parlamentos de mujeres. Lejos de quienes estigmatizan la crítica, en Bolivia este es un momento de discusión política.

¿Cómo hemos llegado hasta acá?

El pasado 10 de noviembre despertamos con el anuncio de que Evo Morales convocaría a nuevas elecciones. Horas antes la Organización de Estados Americanos (OEA) había presentado un Informe Preliminar de Auditoría en el que denunciaba la manipulación del sistema electoral y la no validación de los resultados del 20 de octubre. Los hechos se precipitaron en las siguientes horas. Aquel día concluyó con la renuncia del presidente denunciando “un golpe cívico-político-policial”. Ese debe ser un punto de quiebre en el análisis. No el inicio.

Para nadie es desconocido que Evo Morales llegó a la presidencia con un amplio apoyo popular, campesino e indígena en las elecciones de 2005. Las movilizaciones populares que le antecedieron fueron parte de un acumulado de luchas y reivindicaciones más amplias que no se agotaban con la toma del poder: las demandas eran la nacionalización de los recursos naturales y la refundación del Estado plural y comunitario mediante una Asamblea Constituyente. Parecen lejanos aquellos días y aquellos sueños.

Han perdido la vida 33 personas según el registro oficial. Muchos de ellos víctimas de la represión del ejército que goza hoy de impunidad por un Decreto Supremo que le ha otorgado la actual Presidenta del Estado Plurinacional. Existe un cerco mediático y, a la vez, una intoxicación de noticias falsas difundidas por redes sociales que producen una mezcla de incertidumbre, paranoia y revanchismo en la sociedad boliviana.

¿Cómo hemos llegado hasta acá? Nos preguntamos. Y esa, suele ser una pregunta bastante incómoda.

Para pensar la complejidad del presente he recurrido a dos intelectuales que tuvieron la claridad -y la amargura- de interpretar la realidad social y política de su tiempo en términos de proceso histórico como lo fueron René Zavaleta y Sergio Almaraz. Ambos produjeron lo más lúcido del pensamiento nacionalista durante la década del 60’ cuando analizaron las condiciones internas como punto de partida para explicar la injerencia externa en el golpe de Barrientos en 1964.

Sería difícil que unas cuantas líneas condensen un análisis amplio del llamado "Proceso de Cambio". Me interesa, sin embargo, señalar algunos aspectos que demuestran la descomposición de las relaciones entre las organizaciones sociales y el Movimiento al Socialismo tomando como referencia a los actores movilizados después de las elecciones del 20 de octubre.

Composición de las movilizaciones: una breve genealogía de los actores

Se ha instalado la idea, en la opinión pública nacional e internacional, de que las movilizaciones suscitadas luego del 20 de octubre correspondieron a fuerzas políticas y cívicas de la oligarquía del Oriente. A partir de esta premisa, el análisis parece simple: la derecha ideó un plan exitoso con ayuda de los norteamericanos y en alianza con las fuerzas policiales y militares logró el derrocamiento de Evo Morales.

I. Santa Cruz de la Sierra

El paro general se inició el 22 de octubre y fue convocado por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. De más está decir que esta entidad aglutina al sector empresarial cruceño, baluarte en la defensa de los intereses de la oligarquía. Luego del fracaso del proyecto autonómico que tuvo su apogeo en 2008 y el desinflamiento de los líderes de la cruceñidad Branko Marinkovic y Rubén Costas, las fuerzas cívicas y los principales gremios empresariales desaparecieron de la escena política. Muestra de ello es que las movilizaciones por el respeto a los resultados del referéndum que dijo “No” a la reelección de Evo Morales el 21 de febrero de 2016 fueron protagonizadas por jóvenes sin una clara direccionalidad política.

La intención del MAS de posicionar el origen del conflicto post 20 O como una lucha étnico-racial se pone en entredicho cuando recordamos el acuerdo político implícito que los empresarios y partidos cruceños establecieron con el partido de gobierno, a través de concesiones económicas y normativas: la ley No. 337 del perdonazo a la revisión de la Función Económico Social de la Tierra; las autorizaciones a los transgénicos en cultivos como maíz, algodón y caña de azúcar; la regularización de los desmontes no autorizados; la liberalización de las exportaciones; el acuerdo de exportación de carne a China ampliando la frontera agrícola-ganadera fueron algunas de las medidas que favorecieron al sector agropecuario e industrial.

Luis Fernando Camacho fue catapultado en el Cabildo del 4 de octubre, cuando la población previamente movilizada por los incendios de la Chiquitania se dio cita a los pies del Cristo Redentor para demandar la abrogación de los Decretos Supremos que forman parte del paquete de concesiones previamente mencionados y que fueron la causa de aquel desastre ambiental. El líder cívico se montó sobre una heterogeneidad de actores que expresaban su rechazo a la política de impunidad del gobierno de Morales. Ese fue el germen de las movilizaciones en defensa de la democracia de las pasadas semanas.

Cualquiera que conozca la ciudad cruceña sabe que un paro cívico no es posible si los sectores gremiales y del transporte urbano y pesado no lo permiten. Habría que analizar también, incluso a nivel nacional, aquellos sectores considerados bastiones del Movimiento al Socialismo que no se movilizaron para defender al “Proceso de Cambio”. ¿Será que las estrategias de división y cooptación de las organizaciones sociales, los candidatos impuestos por los operadores de Evo Morales (dejando de lado las decisiones de las bases) o las medidas a favor de los empresarios le cobraron factura? “La política se realiza a base de concesiones, y entre éstas y la derrota no hay más que diferencias sutiles”, explicaba Sergio Almaraz.

Decir que no han existido claras expresiones racistas, sería mentir. Saben de esto los indígenas del Territorio Monte Verde que fueron intimidados por los cívicos en San Javier o la gremialista Paola Aguilar que fue obligada a pedir perdón de rodillas por ser masista. En un departamento como Santa Cruz, las reivindicaciones regionales se encuentran a pocos centímetros del racismo. Sin embargo, decir que el origen y fondo del conflicto ha sido el racismo, es intencional. Prueba de ello es la Conferencia de Prensa que dio Álvaro García Linera el 28 de octubre donde mostraba imágenes de un indígena chiquitano golpeado por la Unión Juvenil Cruceñista en 2008 o las publicaciones de las asambleístas Adriana Salvatierra y Susana Rivero el 31 de octubre cuando denunciaron “dos muertos del pueblo pobre que resistían a la arenga de la derecha” al referirse a los dos miembros de la Unión Juvenil que murieron por impacto de bala en Montero en un enfrentamiento con grupos del MAS. El manejo digital de la psicología colectiva ha sido un recurso utilizado de uno y otro lado.

Creer, entonces, que en Santa Cruz se movilizó la derecha para sacar al indio del poder no solo es invisibilizar a las familias enteras, artistas y activistas por el medioambiente que salieron a la calle, sino que no nos permite ver que el MAS operaba como una fuerza política que generó las condiciones para que se recompongan las estructuras de dominación.

II. Chuquisaca

El 2 de octubre en la ciudad de Sucre, la Central Obrera Departamental (COD) instalaba una huelga de hambre. A la cabeza del ejecutivo, Carlos Salazar, aquella medida extrema era una de las tantas que insistían en la solución del desabastecimiento de agua potable en varias zonas periféricas. En el año 2017, Sucre, pero además Cochabamba, La Paz, Potosí y Tupiza enfrentaron una grave crisis por falta de este recurso que es considerado, además, un derecho humano según la Constitución Política del Estado. Las causas van desde condiciones climáticas hasta priorizar el uso del agua para actividades mineras. Lo cierto es que el problema persiste y las largas filas detrás de los camiones cisternas no abastecen. “Están entregando el gobierno a la derecha por falta de gestión e incapacidad”, señalaba Salazar al iniciar la huelga.

En 2018, la dirigencia obrera chuquisaqueña cuestionó a sus líderes nacionales por haber caído en un sistema clientelar y cupular que, lejos de actuar a favor de las necesidades de los trabajadores, se habían convertido en operadores políticos del Movimiento al Socialismo. “Estamos políticamente sometiéndonos al silencio y a callar lo que pasa en el país,” dijo en noviembre pasado cuando denunció que la Central Obrera Boliviana (COB) había proclamado al binomio Evo-Álvaro a pesar de que el ampliado había resuelto que sea un obrero el acompañante de Morales.

El agua no era el único reclamo. Entre las demandas de mayor presupuesto para el sector de educación, la provisión de medicinas para la Caja de Salud y las mejores condiciones laborales, resaltaba la defensa del campo gasífero de Incahuasi. El conflicto se había originado a partir de la discusión de los límites territoriales entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz que puso en cuestión la ubicación del yacimiento de Incahuasi y, por tanto, el pago de regalías generadas por su explotación.

La disputa por los beneficios económicos del megacampo gasífero, que entró en producción el año 2016, desató una serie de movilizaciones, principalmente de los sectores populares de Chuquisaca que depositaban allí sus esperanzas de desarrollo. Las autoridades del MAS intentaron negociar con millonarias inversiones en exploración de hidrocarburos para el departamento, pero ante la negativa calificaron a estos grupos de afines a la oposición -como de costumbre-.

El conflicto traspasó torpemente al ámbito judicial e institucional cuando el Ministro de Justicia anunció la suspensión y el procesamiento penal de un juez de garantías que resolvió proceder al pago de regalías en favor de Santa Cruz interpretando un fallo previo del Tribunal Constitucional. Magistrados en ejercicio denunciaron intromisión y falta de independencia de los órganos del Estado.

Finalmente, Incahuasi quedó en manos del pujante departamento de Santa Cruz, aunque considero oportuno aclarar que el campo es operado en un 90% por empresas multinacionales y tan solo tiene un 10% de participación de YPFB, porcentaje suficiente para evidenciar dos problemas persistentes en Bolivia: el regionalismo y el rentismo.

En la lucha por Incahuasi se afianzó también el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA). Su ejecutivo, Rodrigo Echalar, es docente del frente troskista Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) que asumió la presidencia cívica el año 2017 bajo la consigna de independencia política partidaria. En los primeros días de las movilizaciones post 20 O, constituyó el Bloque del Sur junto a los Comités Cívicos de Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca y el Comité Cívico Popular de Cochabamba. Fueron ellos los primeros en radicalizar las medidas de presión y exigir la renuncia de Morales ante las evidencias de fraude electoral.

Entre sus demandas se encontraban: la recuperación de los recursos naturales de las transnacionales; presupuesto para garantizar una educación única, fiscal y gratuita; respeto a los territorios, derechos y dignidad de los pueblos indígenas y campesinos; vigencia plena de los derechos laborales conquistados por la clase obrera; y rechazo a la represión criminal de las protestas, contra la persecución política, sindical y judicial de los dirigentes. Demandas que difícilmente puedan ser catalogadas como derecha. “Este Gobierno está repitiendo todas las viejas prácticas que en su momento ha criticado. Es un gobierno vende patria y neoliberal, está regalando nuestros recursos naturales como el litio de Potosí, Tariquía y Chiquitania”, denunciaba Echalar en el Cabildo Abierto de la ciudad de La Paz el 31 de octubre.

Recordemos también que los ayllus de la Nación Qhara Qhara -quienes marcharon hace unos meses reclamando el reconocimiento de su autonomía indígena sin ser oídos por el Gobierno del MAS- formaron parte de las movilizaciones del departamento de Chuquisaca. La carta que dirigieron a Evo Morales el día 28 de octubre lo cuestionaba: “Señor Presidente desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos ¿dónde te perdiste?”. La Nación Yampara del mismo departamento por aquellos días manifestaba: “Evo ha resultado ser más qhara que los ojos azules y los pieles blancas”.

III. Potosí

Para cuando llegó el día de las mentadas elecciones, Potosí ya llevaba meses de movilizaciones. En diciembre del año 2018, Morales promulgó el Decreto Supremo No. 3738 que dispuso la creación de la empresa mixta YLB ACISA, entre la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y la empresa alemana ACI System Asociadas para la explotación del litio del Salar de Uyun.

Cuando a inicios del 2000 Evo abrazaba la agenda social de nacionalización de los recursos naturales, jamás habría osado en firmar un acuerdo a puertas cerradas por 70 años en condiciones tan desfavorables para Bolivia. Con una inversión previa de 700 millones de dólares, el Gobierno de Morales prometía la fabricación de baterías de litio, pero profundizaba el extractivismo primario exportador con un acuerdo de explotación de hidróxido de litio sin transferencia de tecnología que requeriría cerca de 130 millones de dólares más de inversión. “Entonces, el envoltorio ya no sirve y el poder se sustituye por el desgarramiento”, nos recuerda Zavaleta.

Los potosinos consideraron esta norma como entreguista e ilegal, propia de los tiempos neoliberales, por lo que desplegaron una serie de medidas de presión que incluyeron huelgas de hambre, paros cívicos, entre otros que el Gobierno del MAS no quiso atender.

El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) con presencia masiva de trabajadores, maestros, gremiales e indígenas iniciaron un paro cívico el 7 de octubre en rechazo al Decreto Supremo No. 3738, exigiendo derogación de la ley minera, juicio de responsabilidades a las autoridades por realizar contratos lesivos al Estado, y la abrogación del Decreto Supremo 3973 en solidaridad con los afectados por los incendios en la Chiquitanía. La medida tomada en un Cabildo en la ciudad de Uyuni determinó el voto castigo al binomio entonces oficialista y solo fue levantada el día previo a los comicios electorales para que las y los potosinos pudieran acudir a las urnas.

Los cooperativistas potosinos de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) también se sumaron a las protestas. El 30 de octubre, las bases rebasaron a su dirigencia y se convocaron en un ampliado en el puente de la Dignidad de la Villa Imperial: “Desde nuestra institución fuimos manipulados al vestirnos de un color político”, expresaron. Un día después, ingresaron marchando a la ciudad de Potosí para sumarse a la lucha por la reivindicación del pueblo potosino por nuevas elecciones y la defensa de la democracia manifestando su independencia de cualquier partido político y de COMCIPO.

Ante esta situación que empezaba a desbordarse, Evo Morales se reunió el 2 de noviembre con la dirigencia de los mineros cooperativistas para atender demandas de equipamiento y ampliación de áreas de trabajo, señalando a través Twitter su “agradecimiento por el compromiso político”. Un día más tarde, dispuso la abrogación del Decreto Supremo 3738 de industrialización del litio.

A pesar de los intentos de Morales, el presidente de COMCIPO, Marco Pumari, indicó que la defensa del litio era una justa reivindicación del pueblo potosino y que no determinaba el cese de la movilización. Asimismo, los cooperativistas mineros volvieron a pronunciarse el 7 de noviembre esta vez pidiendo la nulidad de las elecciones y la “renuncia del presidente Juan Evo Morales Ayma por contravenir la Ley del Régimen Electoral”.

Las medidas empezaron a radicalizarse en todo el país. Distintos sectores, entre ellos 500 estudiantes y cívicos de Potosí y Sucre, además de 2.500 cooperativistas mineros potosinos partieron a la ciudad de La Paz. Ambas delegaciones fueron emboscadas en Vila Vila y Challapata, respectivamente.

En el primer caso, 37 heridos fue el saldo del ataque con dinamitas, piedras y gases lacrimógenos por grupos afines al Movimiento al Socialismo que, además, retuvieron a 11 personas -entre hombres y mujeres- a las que sometieron a vejámenes y las obligaron a desnudarse. Parte de la delegación de cooperativistas mineros también fue emboscada el 10 de noviembre por francotiradores dejando un saldo de tres heridos, la noticia se conoció unas horas antes de que Evo Morales anunciara nuevas elecciones ante el fraude verificado por el informe preliminar de la OEA.

Inmediatamente, el sector de los mineros asalariados -donde se encuentran los trabajadores de la transnacional San Cristóbal que meses antes habían realizado una huelga de hambre frente al Ministerio de Trabajo por favorecer a la empresa- anunciaron la salida de una caravana de 500 integrantes hacia la ciudad de La Paz y pidió la independencia política de la Central Obrera Boliviana: “No podemos permitir el derramamiento de sangre de gente inocente por intereses políticos. Como regional Potosí pedimos a la COB que reconduzca a todos los trabajadores del país, ni lo uno ni lo otro tiene que tomar el poder el pueblo boliviano como dice la tesis de Pulacayo, un gobierno Obrero Campesino”, manifestó uno de los líderes sindicales.

IV. La Paz y Cochabamba

Inicialmente, los Comités de Defensa de la Democracia (CONADE) fueron los que convocaron a las movilizaciones ciudadanas. No obstante luego fueron rebasados por las manifestaciones espontáneas populares. Estas entidades cívicas tienen en sus directivas importantes referentes en la defensa de los Derechos Humanos, aunque también han sido criticados -e incluso invisibilizados a nivel nacional- por su acercamiento a Fernando Camacho en las últimas semanas del conflicto.

El límite de extensión no me permite entrar en mayores detalles, pero al referirme a estos departamentos no quisiera dejar de mencionar la movilización de miles de estudiantes de las universidades públicas. A su vez, resulta paradigmático la adhesión a las protestas de una parte de los Ponchos Rojos de Achacachi, lo cual evidencia la división de las organizaciones llevada a cabo por el MAS.

Cabe destacar también a los fabriles de Cochabamba que estuvieron movilizados por la convocatoria a nuevas elecciones y a los grupos de la popular zona sur de esa ciudad que - aunque en menor medida- también formaron parte de las medidas de presión. Tocará hacer un análisis más profundo de la composición social de la llamada Resistencia Cochala, que, de la mano de cientos de motoqueros que actuaron como grupo de choque, han sido acusados de maltratar a la Alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. En sus filas también se encuentran dos jóvenes muertos a golpes por afines al MAS.

La hora del pensamiento crítico y la esperanza

Zavaleta nos permite pensar más allá de lo evidente. El hecho de que los intereses externos estén siempre operando sobre Bolivia -y América Latina- no implica una determinación absoluta ya que la forma en que se articula el conjunto de nuestras relaciones también condiciona nuestra capacidad de resistir a aquellas determinaciones.

Discutir desde el pensamiento crítico la situación actual boliviana nos permite entender diversos elementos que han determinado este amargo desenlace: la desarticulación de las bases sociales; las políticas del Proceso de Cambio, las relaciones prebendales y clientelares que minaron la relación entre las bases y el MAS; la desorganización de las formas sindicales, indígenas y campesinas; y las concesiones otorgadas a la oligarquía y a las transnacionales.

Parafraseando a Almaraz podríamos decir que el “Proceso de Cambio” se empequeñeció y con él sus hombres y mujeres, sus proyectos y esperanzas.

Cabe ahora preguntarnos: ¿por qué nuestra capacidad social movilizadora y movilizante termina cada vez por ser neutralizada y capturada por aquello que pretendemos derrotar? Lejos de “hacerle el juego a la derecha”, reconocer las debilidades y los errores es la posibilidad de nuevos horizontes para enfrentar la ola reaccionaria.

Me obligo a creer que en las movilizaciones desplegadas en distintos lugares del país en rechazo a Jeanine Añez, la represión de las fuerzas armadas y la defensa de la Wiphala se gesta la posibilidad de volver a soñar aquellas utopías transformadoras plurales. Estoy convencida de que los cabildos, los ampliados, los encuentros que se están instalando en tierras altas y bajas no son para discutir si defender o no a un caudillo, sino para defender la vida, lo colectivo y retomar la agenda histórica por autonomía, recursos naturales e interculturalidad. Que desde la angustia y el miedo de mujeres y hombres diversos que se reconocen y se reencuentran en torno a barricadas, vigilias y parlamentos feministas se está reconstruyendo la posibilidad de lo Plurinacional.

Esperanza. No una esperanza pasiva depositada en caudillos viejos o nuevos. Una esperanza rebelde y colectiva que nos convoque a indignarnos, a alzar nuestra voz ante las muertes, pero también ante quienes quieren matar los sueños, vengan de donde vengan.

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* Fátima Monasterio es abogada, investigadora del CEJIS y candidata a magister en Sociología y Ciencias Políticas por FLACSO Argentina. Integra el Grupo de Trabajo Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos de CLACSO.

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Fuente: Debates indígenas: http://debatesindigenas.org/14-la-necesidad-de-decir-lo-incomodo.html

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