Por Margarita Warnholtz Locht, la Tlacuila
25 de enero, 2016.- El próximo 4 de febrero se firma en Auckland, Nueva Zelanda, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Después de la firma, iniciarán los procesos de ratificación en los 12 países que conforman el acuerdo, que son Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Esto quiere decir que los poderes legislativos de las respectivas naciones deberán analizarlo, discutirlo y aprobarlo, para que entre en vigor dentro de dos años.
Durante todo el tiempo en que se llevaron a cabo las negociaciones del TPP, su contenido se mantuvo prácticamente en secreto y hasta hace muy poco se comenzó a dar a conocer. Varios sectores han expresado su preocupación por este acuerdo o su rechazo al mismo. Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) declaró recientemente que los industriales mexicanos se verán afectados, y según un estudio de la Universidad de Tufts, citado por el periódico El Economista, se perderán decenas de miles de empleos en todos los países integrantes del TPP. Solamente en México serán 78 mil las personas que quedarán desempleadas en los primeros 10 años de la entrada en vigor de este acuerdo.
En junio del año pasado, un grupo de diez expertos de Naciones Unidas, advirtió que este acuerdo y otros tratados similares podrían tener un impacto negativo en los derechos humanos consagrados en distintos instrumentos internacionales. Hicieron referencia específicamente al derecho a la vida, al agua, a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la ciencia y la cultura, así como a los derechos a la mejora de los estándares laborales, a un ambiente limpio, a un poder judicial independiente, y al derecho a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Manifestaron su preocupación de que estos tratados podrían agravar el problema de la extrema pobreza y afectar los derechos de los pueblos indígenas, así como los de otras minorías.
Entre estos expertos se encontraba Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien en una entrevista publicada recientemente en La Jornada del Campo reiteró que el TPP amenaza los derechos de los pueblos originarios, y se refirió particularmente a los derechos sobre sus territorios y recursos naturales, los cuales están establecidos tanto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Mencionó también que estos pueblos tienen derecho a participar en las negociaciones de acuerdos que puedan afectarlos o por lo menos a ser consultados, lo cual obviamente no sucedió en este caso.
En síntesis, el TPP afectará a muchos sectores de la población y violará sus derechos humanos, comenzando nada más y nada menos que por el derecho a la vida, según afirman los expertos de la ONU. Entre los más afectados estarán, una vez más, los pueblos indígenas. En este caso, como menciona también Tauli-Corpuz, éstos “tienen el derecho de su lado”, con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los poderes legislativos de los países firmantes del TPP, particularmente aquellos que han signado el Convenio 169, deberían tomar en cuenta lo anterior antes de ratificar dicho acuerdo.
De no ser así, los pueblos indígenas estarían en todo su derecho de defenderse, y el resto de los afectados tendrían que apoyarlos. Si no, al paso que vamos, no solamente se llegará al exterminio de los pueblos originarios, sino que terminaremos ya sea desempleados (con todo lo que esto implica), o siendo esclavos de las grandes empresas trasnacionales, mientras éstas acaban con el planeta.
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