Por Marcos Matías Alonso*
19 de febrero, 2019.- En el 2010, Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN), era presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Marco Antonio Adame Castillo (PAN) era gobernador del estado de Morelos. El panismo dominaba en el país y en varios estados de la República. En el 2010 es cuándo la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), determinaron instalar la Termoeléctrica en Huexca, Morelos.
Con el panismo nació el megaproyecto del Plan Integral de Morelos (PIM) que contempló la construcción y operación de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto y un acueducto que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Desde que surgió el PIM, provocó múltiples conflictos políticos y diversas inconformidades de los pobladores de los tres estados.
En el 2012, con la llegada de Enrique Peña Nieto, Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Presidencia de la República, y con el arribo de Graco Ramírez Abreu, Partido de la Revolución Democrática (PRD), a la gubernatura de Morelos, las actividades del PIM, lejos de disminuir, intensificaron los trabajos e hicieron todo lo posible para que Peña Nieto culminara este proyecto que devoró más de 25 mil millones de pesos. El PIM fue una iniciativa panista que fue secundada por el PRI a nivel federal y respaldado por el PRD en tiempos de Graco Ramírez.
Hoy la Termoeléctrica de Huexca y el PIM están endosados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO/MORENA). En la campaña política por la presidencia, la primera posición de AMLO fue en abierta oposición a la Termoélectrica. En mayo del 2014, en Yecapixtla, Morelos, declaró:
“Nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”.
Ya como Presidente de la República, el 12 de enero del 2019, AMLO visitó Ayala, Morelos, tierra del General Emiliano Zapata. Previo a la intervención del presidente, Jorge Zapata (nieto del general Zapata), intervino ante miles de ciudadanos congregados en territorio zapatista y manifestó:
“Señor Presidente, quiero pedirle a nombre de mis compañeros, que cancele la termoeléctrica, porque es un proyecto que hicieron los gobiernos corruptos de Calderón y Peña Nieto. Por eso, por las afectaciones que nos produce, quiero pedirle señor Presidente que cancele ahorita esa termoeléctrica”.
El planteamiento de Jorge Zapata provocó desconcierto en AMLO. Pidió tiempo para analizar la situación:
“…esa termoeléctrica no es de la iniciativa privada, es de la Comisión Federal de Electricidad…Denme un mes para responder. Voy a analizar bien el tema y luego les daré opciones. Y es que la inversión ya está hecha. Les quiero presentar opciones…Estoy pensando en voz alta: que los habitantes de Ayala y de todo Morelos, paguen la mitad de la tarifa eléctrica”.
La propuesta del Presidente de la República generó desencanto. Los más viejos zapatistas sospecharon que AMLO defendería los intereses de la CFE, de la Termoeléctrica y del PIM.
Un mes después, el mandatario nacional regresó a la tierra zapatista y el 10 de febrero, en Cuautla, propuso:
“Ahora van a ser los ciudadanos los que van a decidir ¿Qué tenemos que hacer? Pues, vamos a consultar a la gente ¿Qué les puedo decir? Que hablé con los técnicos…, la especialista de CONAGUA, Blanca Jiménez, ella me dice: No hay problema, no se va a agotar el agua, no se va a contaminar el agua. Y le creo a ella. Venimos a decirles que en el caso de que se apruebe, de que si empiece a operar la termoeléctrica, todo Morelos y los municipios de Tlaxcala y de Puebla por donde pasa el gasoducto van a tener la tarifa eléctrica más baja…, vamos a seguir todo el proceso legal, no se va atropellar a nadie y va haber un auténtico Estado de Derecho y son las autoridades judiciales las que tienen la última palabra”.
Los morelenses reunidos el 10 de febrero en Cuautla, tomaron nota de la instrucción presidencial para que el 23 y 24 de febrero se instalen casillas en pueblos y municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y realizar la consulta ciudadana sobre el destino de la Termoeléctrica de Huexca.
Insuficientemente, hasta este momento sabemos que será la única pregunta para la consulta ciudadana.
Pongo a consideración de los que toman las decisiones del país, las siguientes reflexiones:
Primero: sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que “todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos, antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses”. La consulta indígena tiene cuatro parámetros que deben cumplirse: 1) debe ser previa, 2) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales, 3) informada y, 4) de buena fe.
Es obvio que la consulta del próximo 23 y 24 de febrero no cumple con los estándares nacionales y tampoco con la normatividad internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. El ejercicio democrático del 23 y 24 de febrero, posiblemente sea una consulta ciudadana y/o popular, pero no una consulta indígena, bajo consentimiento libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuada para los pueblos y comunidades indígenas.
la consulta del próximo 23 y 24 de febrero no cumple con los estándares nacionales y tampoco con la normatividad internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas
Segundo: en las últimas décadas se ha desarrollado suficiente jurisprudencia en derechos indígenas, que la última palabra no la dirán las casillas, sino los tribunales constitucionales.
Tercero: el protocolo de consulta indígena tiene una dinámica distinta a la consulta ciudadana y/o popular. Hay fuerte presencia indígena en la región. En Morelos, Puebla y Tlaxcala, el 28%, 35% y 25% de la población, respectivamente, se autoadscribe como indígena.
Cuarto: la consulta debe hacerse sólo en los 27 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala que son los directamente afectados por el PIM. Para el caso de Morelos, en este rango de afectación se encuentra Ayala, Cuautla, Jantetelco, Temoac y Yecapixtla.
Quinto: desde la puesta en marcha del PIM, a la fecha, se han violado diversos derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Estamos a tiempo de enmendar y/o rectificar, no de agudizar conflictos y aumentar más y nuevos agravios a los pueblos indígenas.
Sexto: sobre el PIM en general y sobre la Termoeléctrica de Huexca en particular, hay tres juicios de amparo en distintos juzgados del estado de Puebla, Morelos y Tlaxcala. La Recomendación N° 3/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas, elaboró observaciones a las dependencias del gobierno federal, que hasta el momento han omitido de dar respuesta a las indicaciones de la CNDH.
Séptimo: se acumulan agravios a los pueblos indígenas y se acumulan omisiones de las instituciones que se resisten a cumplir, no sólo con las recomendaciones del Ombudsman mexicano, sino con las obligaciones establecidas en la normatividad internacional.
AMLO recibió un lastre de diversos compromisos económicos y políticos en el país. Sobre sus hombros carga responsabilidades que no adquirió. Difícil, muy difícil, defender causas que lastiman la dignidad de los mexicanos. Confío en que logremos salir del desencanto transitorio y no se convierta en un destino funesto que nadie desea, ni quiere.
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*Marcos Matias Alonso es investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y miembro de la Comisión Política de la Red Nacional Indígena.
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