Por Esteban Patricio M.
4 de mayo, 2018.- El desencuentro entre autoridades y los pueblos indígenas estará reflejado palpablemente en las próximas elecciones federales. Ocho comunidades originarias han decidido que no se instalarán casillas electorales en sus territorios y con ello marcan un nuevo antecedente en la historia de Michoacán, el estado donde las comunidades indígenas siguen estableciendo referencias, incluso internacionales.
Si bien es cierto que anteriormente ya se habían presentado casos de comunidades que estaban evitando la instalación de casillas, no se había dado en esta cantidad, y eso es uno de los puntos que más llama la atención.
Raíces que siguen presentes y protegen
En México, las fuentes oficiales señalan que hay un total de 68 comunidades indígenas habitando en el territorio nacional, y los que concentran la mayor cantidad de habitantes son los Nahuas, Mayas, Zapotecos, Mixtecos, Tzotzil, Otomís, Tzeltales, Totonacas, Mazatecos y Mazahuas.
En Michoacán los grupos indígenas que habitan son principalmente Purépechas, Mazahuas y Otomís, además de Matlatzincas, que son descendientes de los purépechas. Según datos oficiales en Michoacán 117 mil 221 personas hablan lengua Purépecha, nueve mil 170 el Náhuatl y cinco mil 431 el Mazahua.
Desde 1994 la ONU aprobó el 9 de agosto fuera conmemorado a nivel mundial como el día de los pueblos indígenas. Esta fecha, pero de 1982, fue cuando se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Es decir, se trata casi del día en que la ONU aceptó o se dio cuenta de que había indígenas en el planeta.
La propia ONU, además de recalcar que la población indígena en el planeta representa el más del 5.0% de la población mundial, reconoció que se trata de un sector de personas que se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. Pero al mismo tiempo destacó que estos grupos son los guardianes de la biodiversidad que hay en el planeta.
Estos pueblos han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente, además tienen rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven.
En Michoacán el ejemplo obligado es el de Cherán, donde un movimiento de autonomía se inició a partir de la intención de evitar la tala ilegal de sus bosques.
Presupuestos, síntoma de descuido e intento de control
La asignación y ejecución de recursos públicos se había mantenido como una forma de condicionar y manejar a los pueblos indígenas; pero a partir del ejemplo de Cherán, que inició su autodeterminación hace casi siete años, otras comunidades vieron el camino, pero la clase gobernante no ha visto esta acción con buenos ojos.
Entre los ejemplos recientes está el de Pichátaro, Santa Fe de la Laguna o Arantepacua y suman entonces al menos 30 comunidades originarias que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán y que buscan proclamar su autonomía frente a los municipios a partir de la conformación de un Consejo Comunal.
La disminución del presupuesto para las comunidades originarias inició con la administración de Fausto Vallejo Figueroa, esto a pesar de que se mantiene una deuda histórica con las comunidades originarias, como se mencionó en párrafos anteriores
Basta mencionar que en los últimos cinco años el Gobierno y el Congreso del Estado de Michoacán han recortado sistemática e irresponsablemente el presupuesto destinado para la “atención integral y sustentable” de los pueblos indígenas, pasando de 114 millones asignados en el 2014, a 22 millones asignados para el 2018.
Este dato deja en evidencia las condiciones de discriminación, pobreza y exclusión social de las comunidades originarias. En síntesis, sin importar la filiación política del gobierno en turno, han cercenado un 80% el presupuesto dedicado a la atención de las comunidades originarias.
Partidos políticos, origen de división
Desde la acción de autonomía de Cherán, expulsando a autoridad y partidos políticos, estos últimos fueron evidenciados como agente de división entre la población.
Apenas a mediados de este mes, Raúl Martínez Elías, jefe de Tenencia de la comunidad de Cocucho, perteneciente al municipio de Carapan, expuso que los partidos políticos sólo los visitan en busca del voto, y ya cuando obtienen el triunfo no regresan a cumplir con la gente.
Indicó que los partidos políticos son también factor de división en las familias, derivado de las dádivas que ofrecen, mientras que se aprovechan de que la gente no está preparada, y más cuando ya están en el poder.
La consecuencia
El pasado 28 de febrero, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán emitió un documento con el que se constata el grado de hartazgo de este sector de la población michoacana, al romper con la práctica electoral.
En este recordaron que: “En el 2004, las comunidades originarias de Nurío, Quinceo, Urapicho y Cherán Atzicurín a través de una decisión de sus respectivas asambleas comunales y ante la discriminación oficial, no permitieron la instalación de casillas electorales. Posteriormente, en el 2011, la comunidad de Cherán, derivado de un proceso de la defensa de sus bosques, también decidió no admitir la colocación de casillas y elegir a sus autoridades por usos y costumbres.”
“En el pasado proceso electoral del 2015, en diferentes movimientos sociales y ante diversas causas, todas generadas por la incapacidad del Estado mexicano para resolver las condiciones de pobreza, marginación, seguridad y discriminación de las comunidades indígenas, los pueblos de Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Urapicho y las comunidades unidas de Cherato, Cheratillo, Oruscato y 18 de Marzo, no consintieron instalar casillas electorales”.
Posteriormente exponen que: “En este contexto de lucha y resistencia histórica de las comunidades indígenas, informamos a las instituciones que ustedes representan, que no permitiremos la instalación de casillas en los procesos electorales federales y estatales en curso, en las comunidades de Aranza, Zopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros y San Benito, lo anterior como expresión concreta de nuestro derecho a la libre autodeterminación y autonomía”.
Finalmente advirtieron: “Informamos al INE y al IEM, así como al Gobierno de Michoacán y al Gobierno Federal, que si insisten en la instalación de casillas en las comunidades ya mencionadas, realizaremos movilizaciones en todas nuestras comunidades mediante la toma organizada de carreteras, antes, durante y después del día de elecciones”.
Secuelas de la resistencia
Días después de este comunicado el propio Consejo acusó que “ni el INE o el IEM han cumplido con los acuerdos tomados con las comunidades originarias, de establecer una reunión de trabajo con todos los representantes de los partidos políticos, para notificarles las decisiones de las comunidades que no permitirán instalar casillas; por el contrario, se han dedicado a hostigar por medio de sus empleados electorales a las autoridades para que instalen casillas. Ningún empleado del INE y IEM son bienvenidos en las comunidades que expulsaron a los partidos políticos.”
Pero el desencuentro escaló ya hasta niveles de violencia que rayan en el terror, pues autoridades civiles de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, recibieron amenazas de muerte, luego de que tomaron la decisión de no instalar casillas el próximo 1 de julio de 2018.
“Nos marcaron por teléfono, no sabemos si fue el gobierno, el ayuntamiento, la maña o quién, pero dijeron que si no permitíamos la instalación de las casillas nos iban a levantar, esa fue la palabra que usaron”, expuso uno de los comuneros.
Pero a pesar de ello no claudican en su pretensión de expulsar a los partidos políticos y ya han dejado claro que cualquier hecho violento o daño a alguno de los integrantes de estas comunidades será responsabilidad de los implicados en el tema electoral, y se tomarán medidas por parte de las comunidades.
La historia se sigue escribiendo y la imagen de las instituciones electorales queda cada vez peor “parada”, ante las comunidades indígenas, años de exclusión de políticas públicas, presupuestos y programas de gobierno cobran cada vez más caras las facturas, mientras los pueblos indígenas reivindican su autonomía y orgullo.
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