Las empresas, pero también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar corrupto e impune el que asesina al pueblo Tolupan y a los demás pueblos indígenas en el país y en esta tarea de búsqueda de justicia, cese a la impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.
Por Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
2 de octubre, 2019.- Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y febrero de 2019 parecían ser un saldo alarmante, repudiable e insuperable del histórico conflicto generado por empresarios y la institucionalidad hondureña en el pueblo indígena Tolupán.
Pero las muertes violentas de Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo Vieda Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una nueva víctima: su nombre Milgen Idán Soto Ávila de 29 años.
Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa INMARE realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del MADJ, había asumido la dirigencia de las acciones de lucha en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario Domínguez.
Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua en el Campamento Digno donde impartía conocimiento y conciencia a los demás integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad en los crímenes de sus dos familiares José Salomón Matute y Juan Samael Matute.
A apenas siete meses de ese doble asesinato de los familiares de Milgen, también militantes del MADJ ejecutados el pasado febrero, la violencia sistemática derivada del modelo de saqueo le arrancó a la tribu de San Francisco de Locomapa un eslabón fundamental de su lucha en defensa de sus bosques ancestrales.
Frente a la agonía sin tregua que viven nuestros hermanos y hermanas tolupanas, resta volver a preguntarnos, ¿cuántos asesinatos más espera el Ministerio Público de Yoro para detener las muertes violentas de indígenas en San Francisco Locomapa? Esta relación que existe entre Ministerio Público y empresas privadas y corruptas se traduce en el acumulado histórico de impunidad en los territorios indígenas, la aquiescencia del aparato de justicia es la responsable de fondo de la persecución, criminalización y asesinatos sistemáticos.
¿Cuándo el Ministerio Público brindará resultados y cuándo estos trascenderán de la pretensión de desvincular los asesinatos de las luchas que las víctimas sostenían en defensa de su territorio y bosques? Es claro, los asesinos materiales deben ser castigados, pero la finalidad última no es ni debe ser la de castigar doblemente a quienes son el resultado del rompimiento del tejido social en las tribus y comunidades provocado por el capital empresarial que se beneficia de provocar enfrentamientos entre sus habitantes y para ello juegan con el hambre y las necesidades más elementales de quienes reciben el olvido y la indiferencia sistemática del Estado.
Es momento de señalar la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante situación que vive el pueblo tolupán por parte de instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la FETREXI, quienes (...) continúan otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques
Es momento de señalar la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante situación que vive el pueblo tolupán por parte de Instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la FETREXI, quienes la conocen sobradamente y aún frente a ello continúan otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques, transando con los intereses de las tribus y criminalizando a quienes defienden su territorio mientras muestran una demencia voluntaria frente a los asesinatos y otros crímenes.
La población hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la práctica es la de ser puente entre la propuesta y capital transnacional y nacional para el saqueo y la sociedad hondureña. Son instituciones ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la impunidad.
Estas instituciones dirigidas por los sectores más conservadores del poder en Honduras, han asesinado, asesinan y seguirán asesinando porque tienen a su disposición todo el engranaje estatal. Es obligatorio cuestionar, ¿cómo puede haber justicia si el aparato que la aplica está claramente involucrado en el ejercicio de las empresas privadas?
Invitamos a la población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan. Y a superar la clásica pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos?
Las empresas, pero también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupan y a los demás pueblos indígenas en el país y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.
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