Proyecto 1910 pretende desaparecer comunidades campesinas de Piura

Proyecto de Ley 1910 pretende desaparecer comunidades campesinas de Piura

Semanas atrás, las organizaciones indígenas  nacionales que integramos el Pacto de Unidad, expresamos nuestra indignación y alzamos nuestra voz de protesta frente al Proyecto de Ley 1718, “La nueva Ley del Despojo”, el cual fue aprobada por las comisiones de Descentralización y Economía. Ignorando nuevamente el pedido de archivamiento que solicitaban las organizaciones representativas del Pacto de Unidad.

Frente a ello, ahora nos encontramos ante una nueva amenaza, que pretende implementar el Gobierno a través del Congreso de la República, se trata del Proyecto de Ley 1910 -2017-CR “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el programa de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la región Piura”, que fue presentado por el congresista Luis Humberto López Vilela, de la bancada de Fuerza Popular.

Ante ello exponemos:

1. El Proyecto de Ley 1910 constituye una amenaza a la autonomía e integridad territorial de 136 comunidades campesinas que existen en la región de Piura, porque promueve su fragmentación y la titulación individual de sus comuneros, lo cual implicaría su desaparición o extinción en el mediano y largo plazo.

2. En la región de Piura existen más de 1 millón de hectáreas de tierras que controlan las comunidades campesinas, dicho territorio se vería afectado ante la aprobación de este proyecto, lo que constituye un patrimonio atractivo para los grandes inversionistas privados, principalmente agroindustriales y mineros, quienes las adquirirán progresivamente y desplazarán de ellas a sus pobladores.

3. Porque la aprobación de esta ley permitirá que luego sean aprobadas leyes similares para desmembrar, titular individualmente y vender por parcelas los territorios de todas las comunidades campesinas del Perú, como ya ocurrió con decretos anteriores que lograron el desmembramiento y la extinción de cientos de comunidades de la costa y la sierra.

4. Tiene como finalidad facilitar la reconcentración de las tierras en unos pocos grandes propietarios, haciendo que nuestro país retroceda a los tiempos anteriores a la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Revolucionario del General Velasco.

5. Se busca desconocer a las comunidades campesinas su condición de pueblos indígenas u originarios para así no respetar el derecho a la consulta y consentimiento previos ni reconocerles ninguno de los otros derechos colectivos contemplados en el Convenio 169 de la OIT.

Ante lo expuesto, denunciamos que esta medida vulnera la seguridad territorial de las comunidades campesinas, así como normas que protegen sus derechos como son: La Constitución Política del Perú, El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley 24656 (Ley  General de Comunidades Campesinas). Asimismo tiene la intención de convertir en mercancías las tierras y territorios ancestrales de nuestras comunidades campesinas para beneficiar a los intereses de los grandes inversionistas privados.

Finalmente desde la CNA:

EXIGIMOS el archivamiento definitivo de este proyecto, por todas las razones ya expuestas y los peligros que conlleva contra el derecho al territorio de las comunidades de Piura y, a la larga, de todo el país.

SOLICITAMOS que el Estado declare de interés nacional y necesidad pública la culminación de los procesos de saneamiento legal, georreferenciación y titulación integral de las tierras y territorios de propiedad y en posesión de todos los pueblos indígenas del Perú organizados en comunidades campesinas y nativas.

SOLICITAMOS que el Ministerio de Cultura acelere el reconocimiento e inclusión de todas las comunidades campesinas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas, a efectos de salvaguardar sus derechos territoriales. 

INVOCAMOS el pleno respeto a los derechos colectivos de las comunidades campesinas del Perú en su condición de pueblos indígenas amparados por el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI.

EXHORTAMOS que el Estado cumpla con lo que ordena en el artículo 88 de la Constitución respecto al apoyo preferente que debe brindar al desarrollo agrario, garantizando la inversión pública suficiente para el desarrollo de las capacidades productivas de los pequeños agricultores y campesinos dedicados a la agricultura familiar, la cual sostiene la economía nacional y garantiza la seguridad alimentaria de todos los peruanos y peruanas.

¡POR EL RESPETO E INTEGRIDAD DE MIS TERRITORIOS! ¡POR EL ARCHIVAMIENTO DE PROYECTOS DE LEYES QUE VULNERAN NUESTROS DERECHOS TERRITORIALES!