IDL, 30 de mayo, 2019.- Tras tres años de espera, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.
...el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.
En la notificación, el TC manifestó que “las instancias judiciales anteriores han incurrido en un error al rechazar la demanda”, y dispuso su nulidad, manifestando que el caso amerita una pronta respuesta.
El TC admitió a trámite la demanda de amparo –presentada el año 2015- que pide se declare inaplicable el “Convenio de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial” suscrito entre la empresa minera Glencore Antapacay (antes Xtrata Tintaya) y la Policía Nacional del Perú, entre otras exigencias.
El entonces alcalde de la provincia de Espinar Oscar Mollohuanca y el presidente de la Asociación de Productores Pecuarios de Huinipampa, Carlos Umasi, impulsaron esta demanda contra el Ministerio del Interior, el director general de la PNP de la Décima Región Policial del Cusco y la empresa minera Xtrata Tintaya (hoy Glencore Antapacay).
Sin embargo, fue declarada improcedente en primera y segunda instancia: en diciembre del 2015 y junio del 2016. Esta iniciativa y proceso ha sido acompañada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).
Según los demandantes, el citado convenio vulnera una serie de derechos fundamentales de la población y el principio que establece que los trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
Además, la Policía Nacional del Perú (PNP), al resguardar a empresas privadas en exclusividad, desnaturaliza el rol que debe cumplir en un Estado constitucional y se parcializa con estas empresas en desmedro de la ciudadanía y de los pobladores de la provincia de Espinar.
La demanda también pide que se ordene a la PNP la adopción de medidas que garanticen su deber de proteger el orden interno en función del interés general, entre otros.
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