Servindi, 29 de marzo, 2019.- El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, rechazó la detención preliminar del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, pues la medida no tiene una motivación debida.
Para la institución, según el comunicado, las medidas restrictivas del derecho a la libertad personal deben encontrarse "exhaustivamente motivadas y cumplir con los señalamientos legales y jurisprudenciales vigentes".
Asimismo, la principal autoridad de la Defensoría del Pueblo espera que la sala a cargo del proceso judicial contra la autoridad comunal resuelva la situación prontamente.
Walter Gutiérrez señaló que el Estado también tiene un “rol de regulador, en el sentido de que da normas y verifica que se cumplan”.
Aseguró también, que el estudio de impacto ambiental se modificó en siete oportunidades y que no se informó a la Defensoría del Pueblo sobre las comunidades que fueron afectadas por el corredor.
“El proyecto se ha cambiado radicalmente”, mencionó.
Gutierrez añadió que “los actores tienen que crear las condiciones para el diálogo. El Estado no debería prorrogar la situación de emergencia en la zona, los comuneros tienen que deponer todo acto de violencia y la empresa tiene que reconocer que el cambio de mineroducto tiene un impacto”.
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La única motivación para la
La única motivación para la detención de Gregorio Rojas es la de que deje de velar y defender los derechos de las comunidades a las que representa.
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