Servindi, 28 de mayo, 2016.- El caso de Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena de la etnia Otomí, en México, concita la atención pública por revelar la extraordinaria situación de abuso y discriminación estructural del sistema de justicia contra una persona mujer, indígena y además pobre de recursos monetarios pero de una gran riqueza en atributos morales.
Tres humildes mujeres vendedoras en un mercado público y que fueron intervenidas por seis agentes de una corporación federal terminaron acusadas de secuestro de los seis agentes y condenadas a 21 años de prisión en un juicio "ridículo" e "inverosímil" pero real.
Un reporte del abogado Miguel Pulido publicado por el sitio web de Aristegui.noticias resume el proceso en el que se acumularon "irregularidades y barbaridades por igual" y destaca la excepcional lucha de Jacinta contra la injusticia y que es un notable ejemplo de "dignidad, honestidad y valor".
Se trata de un botón de muestra de una violencia institucional que se ensaña contra los más débiles, que produce daños irreparables y que tiene que ser rechazada por oprobiosa, indigna e inaceptable. Jacinta fue condenado en un juicio donde no tuvo acceso a un intérprete a pesar que su entendimiento de la lengua española solo alcanza a un 20 por ciento.
La Comisión Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoció en marzo último que más de 9,000 indígenas están presos por la falta de intérpretes. Y un estudio del CIDE reconoce que el 75 por ciento de las personas presas son las que no tuvieron para pagar un defensor particular, es decir, tuvieron un defensor de oficio.
"Un alto porcentaje de ellas son inocentes o podrían estar libres de haber contado con una defensa adecuada" advierte Miguel Pulido en el reportaje al cual podemos acceder en el siguiente enlace:
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