Servindi, 27 de febrero, 2023.- La International Land Coalition pidió al gobierno de Dina Boluarte levantar el Estado de Emergencia y poner fin a las violaciones de derechos humanos y a la criminalización del derecho a la protesta pacífica y libre expresión.
La alianza mundial de más de 300 organizaciones de la sociedad civil e instituciones intergubernamentales que trabajan en 78 países del mundo para alcanzar una gobernanza de la tierra se pronunció frente a la crisis social y política en el Perú.
Mediante un pronunciamiento pidió al gobierno peruano investigar de forma imparcial las muertes y los hechos violentos ocurridos desde hace 60 días, con la intención de llegar a la verdad y esclarecimiento de los actos.
Asimismo, identificar a las y los responsables; implementar la justicia y reparar a las víctimas desde un enfoque intercultural, considerando que la mayoría de los fallecidos son miembro de comunidades rurales indígenas y campesinas del Sur Andino de Perú.
La Internacional Land Coalition expresó su profunda preocupación por el crítico nivel de violencia desatado en el Perú como respuesta al derecho legítimo a la protesta ciudadana.
A continuación la carta completa suscrita por Michael Taylor, director del Secretariado del ILC:
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Carta de la International Land Coalition en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas contra ciudadanos y ciudadanas del Perú durante el presente Gobierno
Roma, 21 de febrero de 2023 Señora Presidenta: Me dirijo a usted en mi calidad de director de la International Land Coalition (ILC). La ILC es una alianza mundial de más de 300 organizaciones de la sociedad civil e instituciones intergubernamentales que trabajan juntas en 78 países del mundo para alcanzar una gobernanza de la tierra que ponga en el centro los derechos de las personas que viven en y de la tierra. A través de la presente, expresamos nuestra profunda preocupación por el crítico nivel de violencia desatado en el Perú como respuesta al derecho legítimo a la protesta ciudadana, y hacemos un llamado al Gobierno de la República para que ponga un alto a las graves violaciones de derechos humanos que se vienen agudizando desde el pasado diciembre. Desde la comunidad global, hemos visto con mucho pesar el deterioro del estado de derecho en el Perú y cómo éste ha pasado a ocupar un puesto en las listas internacionales de democracias defectuosas. Hasta el momento, este escenario de violencia ha cobrado la vida de 60 personas, habiendo indicios de la responsabilidad directa del Estado sobre 48 muertes (1) ocurridas en los enfrentamientos con la fuerza policial y militar del país (2), principalmente de miembros de comunidades rurales indígenas y campesinas, quechuas y aimaras de la región Sur Andina del Perú. La actuación violenta y autoritaria que ha tenido lugar en esta región del país, frente a una población sistemáticamente excluida, evidencia un retroceso de la democracia y una crisis de la gobernabilidad y de la paz que no veíamos en el país hace más de dos décadas atrás. Frente a lo expuesto, consideramos que el recientemente decretado Estado de Emergencia en siete regiones del Perú y mediante el cual se ha cedido el control del orden interno a las Fuerzas Armadas en Puno, coloca en grave riesgo la vida de los pobladores y pobladoras de esta región, al suspender sus derechos ciudadanos y facilitar una intervención desproporcionada del Ejército frente a la movilización de la ciudadanía en legítimo ejercicio de su derecho a la protesta. En el presente contexto de crisis, alertamos que la reciente aprobación de medidas que limitan la libre expresión de peruanos y peruanas en distintas plataformas virtuales vulnera sus libertades individuales y fomenta una persecución indiscriminada de la ciudadanía. De la misma forma, son preocupantes las detenciones masivas y arbitrarias que vienen afectando a aquellas personas que no participan en las movilizaciones, incluyendo a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas; así como la represión ejercida hacia quienes brindan apoyo solidario a los y las manifestantes, y hacia periodistas independientes o de medios alternativos. Ante esta grave crisis política, hacemos un llamado a su Gobierno para que brinde una solución institucional en la que: Se investigue de forma imparcial las muertes y los hechos violentos ocurridos desde hace 60 días, con la intención de llegar a la verdad y esclarecimiento de los actos; identificar a las y los responsables; implementar la justicia y reparar a las víctimas desde un enfoque intercultural, considerando que la mayoría de los fallecidos son miembro de comunidades rurales indígenas y campesinas del Sur Andino del Perú. Se levante el Estado de Emergencia, medida antidemocrática que pone en riesgo la vida de la población movilizada en el Sur Andino del Perú, duramente golpeada con la mayor cantidad de asesinatos desde el pasado diciembre. Se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y a la criminalización del ejercicio ciudadano de la protesta pacífica y libre expresión. Se dé fin a la crisis política que persiste, mediante el reconocimiento de la legitimidad de las demandas de la ciudadanía movilizada en el país. Desde la International Land Coalition reafirmamos nuestra disposición a colaborar con todos los sectores para contribuir con una solución pacífica a la crisis política, que restablezca la paz y que fomente el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas campesinos e indígenas que vienen movilizándose con valor y dignidad en defensa de la vida y la democracia. Atentamente, Notas:(1) Fuente: Reporte Diario de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, 15 de febrero de 2023.(2) Amnistía Internacional documenta 12 casos emblemáticos de muertes por disparos en el pecho, torso o cabeza, lo que señalan como posible indicativo de un uso intencional de la fuerza letal por parte del Estado. Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression |
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