Keiko Fujimori, César Acuña y Maria del Carmen Alva se indignan por el desastre ecológico de Ventanilla, pero sus bancadas se opusieron al Acuerdo de Escazú. Aquí se lo recordamos.
Servindi, 26 de enero, 2022.- Los políticos cuyas bancadas se opusieron a la ratificación del Acuerdo de Escazú, hoy se muestran supuestamente indignados por el desastre ecológico causado por el derrame de petróleo en Ventanilla.
Entre estos personajes figuran Keiko Fujimori (Fuerza Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso) y la presidenta del Congreso, Maria del Carmen Alva (Acción Popular).
Recientemente, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, pidió al Congreso priorizar el debate para aprobar dicho tratado ambiental. ¿Allí también se verá la indignación de Fujimori y compañía?
Falsa indignación
Llevaban diez días en absoluto silencio, pero ante la indignación generalizada, a Fujimori y Acuña no les quedó de otra que pronunciarse sobre el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla.
Lo hicieron el 24 de enero mediante sus redes sociales. Fujimori culpó a Repsol como la “principal responsable de esta catástrofe ambiental” y dijo que debía ser “sancionada drásticamente”.
Mientras que Acuña prefirió criticar al gobierno, y no a la empresa, por su “falta de firmeza” para exigirle a Repsol una “actuación más decidida” ante el desastre ecológico.
Un día después, Alva se pronunció en la misma línea cuestionando al gobierno por no tomar “acciones inmediatas” y le increpó al presidente Pedro Castillo que era “hora de trabajar”.
Lo que estos políticos no han querido recordar es que las bancadas de los partidos que representan fueron las mismas que se opusieron a ratificar el Acuerdo de Escazú, en 2020.
Keiko Fujimori, César Acuña y Maria del Carmen Alva: sus bancadas se opusieron a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Fotos: Andina
Acuerdo no ratificado
El Acuerdo de Escazú es un tratado ambiental de carácter regional (América Latina y el Caribe) que promueve el derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
Fue adoptado en 2018, en Costa Rica, y para entrar en vigencia debía ser firmado por los países de la región y luego, al menos ser ratificado por 11 de ellos.
Perú firmó el Acuerdo de Escazú en setiembre de 2018 y un año después el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley para que este tratado ambiental sea ratificado.
La Comisión de Relaciones Exteriores, que debía debatir y dar el primer paso para la ratificación del acuerdo, era presidida por Gilmer Trujillo, congresista de Fuerza Popular, partido de Fujimori.
Además, estaba integrada, entre otros, por los parlamentarios Mónica Saavedra y Yessy Fabián, de Acción Popular; así como por Tania Rodas y Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso.
En medio de ese proceso de debate, surgieron voces opositoras, lideradas principalmente por el sector empresarial y políticos de derecha, que se oponían con mentiras e inexactitudes al acuerdo.
Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por fujimorista Gilmer Trujillo, decidió archivar proyecto para ratificar Acuerdo de Escazú en 2020. Foto: Gilmer Trujillo
Fue así que, en octubre de 2020, la comisión —zurrándose en la recomendación de aprobar el acuerdo del Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo— archivó la propuesta.
Entre los parlamentarios que con su voto impidieron la ratificación del Acuerdo de Escazú figuraban los de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular.
Desde entonces, el tema quedó congelado, hasta que hace unos días el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, pidió poner a debate el proyecto para ratificar el acuerdo.
El pedido fue enviado mediante un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, una de las recientes “indignadas” por el derrame de petróleo en Ventanilla.
“Es importante señalar que las acciones que se desarrollen para superar este desastre ecológico requieren la vigilancia, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales de la población”, señaló Sánchez.
“[P]ara ello es necesario un marco normativo que garantice el ejercicio de estos derechos”, añadió. ¿Acogerán este pedido los políticos indignados que hoy tienen representación en el Congreso?
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