Bolivia: Presentan mapa de vulneración de los derechos de los PP. II.

En los últimos 10 años se denunció el debilitamiento de las organizaciones indígenas, que observan y critican las políticas desarrollistas de Evo Morales, por vulnerar sus territorios. 

Servindi, 24 de octubre, 2017.- En los últimos diez años, el Gobierno de Evo Morales no cumplió, en la mayoría de los casos, con respetar y garantizar el derecho a la consulta previa, de buena fe y concertada con relación a la explotación de los recursos no renovables en el territorio de los pueblos indígenas.

Así lo determina una reciente investigación titulada Mapa de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia y realizada por el biólogo e investigador, Marco Octavio Ribera Arismendi.

Otro de los derechos fundamentales  más vulnerados, de acuerdo a la investigación, es el acceso a la tierra y territorio, ya que las organizaciones que agrupan a los colonos de las tierras bajas, manifestaron su posición de reclamo sobre la superficie de dotación de tierras.

En este sentido, los reclamos suponían la redistribución de tierras en los territorios indígenas de la Amazonía, Chaco y el oriente boliviano, que de acuerdo a los colonos no está relacionado con la densidad poblacional y por lo tanto, exigen una nueva Ley de Tierras.

“Esta observación unidimensionalmente analizada, obedece por un lado a una visión netamente agrarista, es decir que solo considera las superficies de uso agropecuario”, detalla la investigación.

Sin embargo, la iniciativa solo buscaría desconocer los sistemas de sobrevivencia y manejo de recursos de los pueblos indígenas de las tierras bajas, principalmente la caza, pesca y recolección, y si bien se da una agricultura itinerante, no es una actividad fundamental para la supervivencia de estos grupos.

Asimismo, de acuerdo a Ribera, en los últimos diez años, se denunció la intención de debilitamiento de las organizaciones indígenas que observan  y critican las políticas desarrollistas que vulneran sus territorios y derechos por parte del gobierno.

La marcada intencionalidad también pasaría por promover la división de las organizaciones representativas, la criminalización de la protesta social y la persecución judicial, o la cooptación de líderes y comunidades.

Mapa de violaciones de derechos humanos

El mapa desarrollado por el biólogo grafica las mayores violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, donde se registran un total de 58 violaciones graves, así como nueve situaciones estructurales relacionados con la aprobación de normas o procesos.

Cabe mencionar que la lista incluida en el mapa es parcial, ya que toma en cuenta los hechos más evidentes o críticos, entre ellos los que tuvieron amplia cobertura mediática a partir del 2007.

Entre los casos de violaciones que recoge la investigación se encuentran la reedición del proyecto de la megarepresa El Bala en el 2007 y la adjudicación del Bloque Liquimuni en el norte de La Paz a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 2008.

Además en el 2009, el gobierno aprueba el proyecto carretero que cruza el TIPNIS en el 2009 lo que desata la octava marcha en defensa de dicho territorio que culmina con la represión violenta en Chaparina en el 2011.

El caso TIPNIS

En agosto último, la Asamblea y el gobierno de Evo Morales, pese a una sólida oposición y rechazo de las organizaciones indígenas y legitimas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), aprobaron la Ley 969 que quitó la intangibilidad al TIPNIS para dar paso a la construcción de una carretera.

El 10 de agosto de 2007, diversos medios denunciaron que colonos del Polígono 7 y Yucacares del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), impidieron el ingreso de dirigentes de las comunidades del TIPNIS, así como a los asambleístas que se oponen a la construcción de la carretera y que buscaban verificar el inicio de operaciones.

Asimismo, los dirigentes de la Subcenbtral TIPNIS denunciaron la militarización del territorio, donde alrededor de 200 efectivos militares controlaban los ríos y además detuvieron de manera improcedente de los dirigentes Modesto Yujo y Antonio Huayacuna.