¿Qué es la Confiep y cómo ha actuado en la pandemia?

Propuso dejar sin empleo a miles de trabajadores en medio de la pandemia aplicando la “suspensión perfecta”; calló ante los abusos de las clínicas privadas; y ahora, valiéndose de falsas afirmaciones, se opone a un acuerdo regional que busca fortalecer los derechos ambientales en nuestro país. Con ustedes: la Confiep.

Servindi, 24 de julio, 2020.- En medio de esta pandemia, uno de los actores políticos que más polémica ha desatado con sus pronunciamientos, ha sido el gremio de empresarios denominado Confiep.

Antes de la llegada de este virus, la noticia más popular acerca de la Confiep la generó su entonces presidente, Roque Benavides, quién confesó que un grupo de empresarios de este gremio, había hecho una bolsa de, nada menos que, 2 millones de dólares, para favorecer la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Parte de ese dinero, 200 mil dólares para ser exactos, había sido “donado” por Odebrecht y jamás se registró ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como no podía ser de otra manera, la Confiep sigue dando que hablar y no precisamente por alguna buena actuación.

En esta nota breve, te explicamos de manera sencilla qué es la Confiep y armamos una lista con tres de sus acciones más cuestionadas durante esta pandemia.

¿Qué es la Confiep?

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) es la organización que reúne al sector empresarial del país, ligado más a los grupos financieros transnacionales que a los pequeños o medianos empresarios.

Se fundó el 12 de noviembre de 1984 con siete gremios empresariales y, con los años, fue incorporando otros sectores, siendo el de mayor crecimiento el sector financiero, que alrededor de los bancos logró ampliar su presencia.

Durante el régimen de Alberto Fujmori, diversos líderes de la Confiep como Rafael Villegas, Jorge Camet, Arturo Woodman (1995), Ricardo Márquez, Manuel Sotomayor (1998), entre otros, “no sólo no condenaron el golpe de abril de 1992, sino que trocaron el overol empresarial por las tareas de gobierno".

Y los que no lo hicieron, como los past-presidentes Jorge Picasso, Manuel Sotomayor y Roque Benavides no tuvieron reparo en confesar su identificación con el régimen fujimorista.

Actualmente, la Confiep representa a más de 10 sectores económicos a través de 21 gremios empresariales y su rostro más visible es María Isabel León de Céspedes, representante legal de la Confiep y presidenta del Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo de la institución.

Este gremio empresarial tiene entre sus principales asociados a la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Son sus asociados también la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep) y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex).

Pero, entrando en materia, dejemos que la Confiep se describa con sus propias acciones.

Representante. María Isabel León de Céspedes es la representante legal de la Confiep en los actos públicos y privados.

Tres actuaciones cuestionadas durante la pandemia:

1) Despidos masivos de trabajadores

Apenas un mes después de que el país entrara en estado de emergencia por la pandemia, la Confiep le propuso al Ministerio de Trabajo (MTPE) un paquete de medidas, entre las cuales solicitaba que se autorice a las empresas la aplicación del despido masivo de trabajadores sin previa autorización.

“Sugerimos que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa, bastando enviar la comunicación correspondiente a la Autoridad Administrativa de Trabajo”, dijo en un documento remitido al MTPE el 6 de abril.

Evidentemente, esta no fue la única medida que planteó la Confiep en su pedido; pero sí la que más indignación causó en la población, que estaba a punto de quedarse sin trabajo y sin ingresos en medio de una pandemia sin precedentes.

Pese a los cuestionamientos a este pedido —incluso desde el mismo Ejecutivo—, finalmente el gobierno terminó accediendo a la “propuesta” de la Confiep y autorizó a las empresas aplicar la suspensión perfecta de labores que implicó darle al trabajador vacaciones no pagadas.

Para inicios de mayo, al menos 200,000 trabajadores ya habían sido afectados por esta medida.

Cese masivo. Parte del documento enviado por la Confiep al Ministerio de Trabajo donde solicitan el permiso para aplicar ceses colectivos de trabajadores.

2) Abusos de clínicas privadas

En junio, en medio de los reclamos públicos de pacientes con COVID-19 que relataban como las clínicas privadas les exigían pagar entre 100.000 y 700.000 soles por los servicios prestados en sus instalaciones, el presidente de la República, Martín Vizcarra, tuvo que pronunciarse al respecto el 25 de junio.

Ese día, en conferencia de prensa, dijo que si en un plazo de 48 horas las clínicas no integraban la mesa de negociación planteada por el Ministerio de Salud para establecer acuerdos sobre las tarifas cobradas a los pacientes con COVID-19, se suprimiría sus derechos de propiedad. Es decir, que las clínicas pasarían a ser administradas por el Estado.

La medida que, claramente, buscaba detener el abuso de las clínicas privadas, era absolutamente posible al estar contemplada en el artículo 70 de la Constitución peruana que señala que esta puede aplicarse por razones de seguridad nacional o de necesidad pública.

Es en este contexto que la Confiep volvió a hacer su aparición pública a través de un pronunciamiento; pero no para invocar a las clínicas un mejor comportamiento ni para pedir más solidaridad en medio de esta crisis; sino para expresar su “sorpresa y profunda preocupación” por el mensaje del presidente.

“Dicho mensaje genera inestabilidad a las inversiones nacionales y extranjeras, y quiebra el clima de confianza que debe prevalecer entre el sector público y privado para solucionar los reales problemas del país”, escribió el gremio empresarial.

Lo cierto es que esa misma noche, tras el ultimátum del presidente, se concretó un acuerdo en el que se estableció que el Estado pagaría 55 mil soles a las clínicas por la atención de cada paciente COVID-19 en UCI, sin importar el tiempo que esté internado, ya sea un día o dos o más de 30.

Preocupados. Carta donde expresan su preocupación por el anuncio de Vizcarra de expropiar las clínicas privadas; pero no dicen nada sobre los abusos que estas venían cometiendo.

3) Acuerdo de Escazú

Ahora, aún en medio de esta pandemia, la Confiep ha vuelto a pronunciarse, esta vez para mostrar su desacuerdo en la ratificación de un tratado ambiental regional denominado Acuerdo de Escazú.

Este acuerdo no es más que un tratado internacional que buscar reforzar la implementación de los principios de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en los países de América Latina y el Caribe.

Y, además, establece, por primera vez, disposiciones a nivel regional para fortalecer la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. 

Sin embargo, en línea con los argumentos de algunos congresistas y exparlamentarios de Fuerza Popular que también se oponen al acuerdo, la Confiep emitió un pronunciamiento alarmista donde señala que, la ratificación de este acuerdo, significaría la “abdicación a nuestra soberanía” y que se estaría “exponiendo a más del 60% del territorio nacional”.

Pero estos argumentos, ya han sido desmentidos por diversos especialistas entendidos del asunto, como el abogado y exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, quien ha señalado en reiteradas ocasiones que este acuerdo establece con claridad el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales.

Este acuerdo fue firmado en setiembre del 2018 por el Estado peruano y para que entre en vigencia, necesita ser ratificado por al menos 11 países. Nueve países hasta el momento ya lo han ratificado y solo faltarían 2 por hacerlo hasta antes del 20 de septiembre de este año, fecha en que se vence el plazo para ratificarlo.

El año pasado, el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de resolución legislativa sobre el Acuerdo de Escazú aprobado, que incluía además las opiniones favorables de todos los sectores, incluidos la Cancillería, Energía y Minas, Producción, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y sectores académicos y sociales.

Los pueblos indígenas, quienes más han sufrido vulneraciones a sus derechos en materia ambiental, también exigen que el Estado peruano ratifique este acuerdo que marcaría un hito histórico en la búsqueda de una sociedad más justa, razón por la cual no se encuentra una explicación coherente al pronunciamiento de la Confiep.

Falso. Gremio empresarial utilizó afirmaciones falsas para defender su posición en contra del Acuerdo de Escazú.

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