La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se pronunció sobre la norma aprobada en el Congreso, la cual que pone en riesgo la vida de los indígenas en situación de aislamiento y las áreas naturales protegidas.
Actualidad Ambiental, 23 de diciembre, 2017.- El proyecto de ley 1123/2016 (aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 7 de diciembre), que promueve carreteras en zonas de frontera de Ucayali, no solo ha producido el rechazo de organizaciones civiles e indígenas, sino también el llamado de atención por parte de organismos del Estado como el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente. Ahora, se suma el rechazo de las Naciones Unidas (Leer pronunciamiento).
Foto: ONU
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, se pronunció en contra de esta norma porque “afectará territorios indígenas, amenazando la supervivencia misma de los pueblos que viven en la zona”. Como se recuerda, la norma aprobada solo espera su promulgación en el Ejecutivo.
[Piden al Ejecutivo observar proyecto de ley que pone en riesgo a indígenas en aislamiento]
“Esta ley podría tener consecuencias irreversibles para la supervivencia de estos grupos, ya que su aislamiento los pone en mayor riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos”, dijo Tauli-Corpuz.
“En el pasado, la construcción de carreteras y actividades similares llevaron al contacto forzoso y generaron impactos irreversibles, como el exterminio físico y cultural de pueblos indígenas en aislamiento, debido a diversos factores, como su debilidad inmunológica”, agregó.
La relatora de la ONU pidió al Gobierno de PPK “que genere un amplio debate, antes de la aprobación final de este proyecto de ley, para considerar posibles alternativas, y a que tenga en cuenta los impactos que este proyecto tendría en los derechos humanos de los pueblos que habitan en la zona”.
Tauli-Corpuz señaló que Perú tiene una ley para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, y recordó al Gobierno que estos grupos ameritan una especial atención tanto de los gobiernos como de la comunidad internacional.
Asimismo, pidió al Gobierno considerar los aportes de especialistas en el tema, como las organizaciones indígenas, la Comisión del Congreso de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el Viceministerio de Interculturalidad, el Sernanp, así como los Ministerios de Salud y del Ambiente.
“En futuras discusiones, el Gobierno del Perú debería tener en cuenta la necesidad de que se lleven a cabo consultas adecuadas con los pueblos y comunidades indígenas afectados, respetando los requisitos especiales en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, como se señala en las Directrices de la ONU y en los informes y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos”, añadió Tauli-Corpuz.
Cabe destacar que la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), hizo llegar toda la información necesaria a la relatora de las Naciones Unidas para que esté informada sobre las incidencias relacionadas a la norma promovida por Glider Ushñahua, congresista de Fuerza Popular.
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