Servindi, 22 de junio, 2016.- Aunque la empresa sigue negando el daño ambiental de alrededor de 2 mil 380 hectáreas las imágenes satelitales de principios de 2013, fecha inmediatamente anterior al inicio del proyecto del cacao, demuestran que el área en cuestión no se encontraba deforestada antes del inicio de las operaciones de la empresa.
El cálculo del área deforestada se basa en el análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), que demuestra que no existe concordancia entre los argumentos presentados por la empresa Cacao del Perú Norte, filial de United Cacao Limited SEZC, y el registro satelital en Tamshiyacu, región Loreto.
La empresa argumentó que las tierras ya se encontraban deforestadas por el uso agrícola antes del inicio de sus operaciones en el 2013. Sin embargo, en el siguiente gráfico se puede apreciar la deforestación a gran escala de bosque primario entre marzo y setiembre de 2013. Cada uno de los cuadros designados A-E, muestran exactamente la misma cantidad de área dentro del proyecto del cacao entre el período ya señalado.
Pronunciamiento desde el punto de vista legal
En mayo último, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre(Serfor) mediante un comunicado dió a conocer que la empresa Cacao del Perú Norte no contaba con certificación ambiental aprobada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) ya que no había seguido el procedimiento legal para iniciar nuevas actividades agroindustriales de gran escala.
"El accionar de la empresa ha generado una pérdida de la cobertura forestal y un impacto significativo de degradación del recurso suelo, debido al retiro de cobertura forestal de más de mil 900 hectáreas y teniendo en cuenta que no existe una Clasificación de Tierras por su CUM aprobada por la DGAAA que determinen que las tierras donde opera dicha empresa tiene o no aptitud agrícola, se ha producido un daño al Patrimonio Forestal" enfatizó el documento.
Además, agrega que la empresa en cuestión se encuentra con medida de paralización emitida por la DGAAA que no ha sido levantada, y “está denunciada penalmente por organizaciones de la sociedad civil y es el Estado peruano quien sigue el proceso a través de la Procuradoría del Ministerio del Ambiente quien ha desplegado todo el esfuerzo posible en este caso desde el 2013”, puntualiza el documento.
Puede acceder al documento emitido por el Serfor haciendo clic aquí
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