Servindi, 22 de agosto, 2017.- Organizaciones sociales nacionales e internacionales reunidas en Abancay, Apurímac, rechazaron la declaratoria de Estado de Emergencia decretada por el Gobierno Nacional, mediante el D.S. N° 085-2017-PCM.
Las instituciones reunidas en el evento “Buen vivir desde las comunidades campesinas de las regiones Cusco, Huancavelica, Cajamarca y Apurímac”, sostienen que la medida no contribuye a prevenir y solucionar los desencuentros con la población y "agrava la criminalización de la protesta que afrontan los líderes, lideresas y defensores del medio ambiente".
Indican que las justas demandas de las comunidades campesinas que exigen el respeto de sus derechos "no se pueden responder con el uso desmedido de la fuerza".
Recuerdan que el conflicto en Las Bambas ya tiene un saldo de 4 personas fallecidas por heridas de bala producidas por la Policía Nacional del Perú, sus familias se encuentran en el desamparo y exusre la criminalización de más 100 comuneros y comuneras.
La declaración de Estado de Emergencia se ha decretado en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara de la Provincia de Cotabambas.
De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional, es una medida aplicable de manera “excepcional” cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias, que afecte la vida de la nación.
limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo las comunidades campesinas.
Compartimos el pronunciamiento suscrito por diversas organizaciones en rechazo al Estado de Emergencia decretado la víspera por el Gobierno.
Pronunciamiento
Suspensión inmediata del estado de emergencia en Cotabambas
Las organizaciones sociales, instituciones nacionales e internacionales reunidas en la ciudad de Abancay en el evento sobre “Buen vivir desde las comunidades campesinas de las regiones Cusco, Huancavelica, Cajamarca y Apurímac”, ante la declaración de Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara de la Provincia de Cotabambas, decretada por el Gobierno Nacional, mediante el D.S. N° 085-2017-PCM, manifestamos lo siguiente:
1. De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional, la declaratoria de estado de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias, que afecte la vida de la nación, por lo que creemos que el Ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política, limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo las comunidades campesinas.
2. La declaratoria de Estado de Emergencia ante cada conflicto no solo no contribuye a prevenir y solucionar los desencuentros con la población, sino que agrava la criminalización de la protesta que afrontan los líderes, lideresas y defensores del medio ambiente.
3. Las justas demandas de las comunidades campesinas que exigen el respeto de sus derechos, no se pueden responder con el uso desmedido de la fuerza. El conflicto en Las Bambas ya tiene un lamentable saldo de 4 personas fallecidas por heridas de bala producidas por la Policía Nacional del Perú, sus familias se encuentran en el desamparo y la criminalización de más 100 comuneros y comuneras.
4. Las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental no solo no fueron consultadas, sino que no se previó las medidas adecuadas de mitigación de impactos, como el asfalto de las carreteras por donde transita el transporte minero. La medida implementada por la empresa y aprobada por el gobierno, de regar la carretera, es insuficiente para responder a la movilización de 300 camiones diarios por una vía pública que atraviesa los centros poblados y comunidades.
5. Apoyamos a las comunidades campesinas que exigen la actualización de los contratos celebrados entre ellas y la empresa por el uso de su territorio comunal y el transporte de minerales de la Mina Las Bambas. Asimismo, apoyamos su exigencia de que se les brinde el mismo trato que han recibido las cuatro comunidades de Challhuahuacho y Tambobamba.
6. Exigimos que las instituciones del Estado garanticen que no se vulnere derechos fundamentales de los miembros de las comunidades campesinas. Asimismo exigimos que al Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su papel de garantes del orden constitucional y solicitamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante.
7. Instamos al Gobierno a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de la población y sus comunidades, convocando a un espacio multisectorial entre las comunidades y la empresa para llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes; asimismo lo instamos a dejar sin efecto la declaratoria del estado de emergencia, para que la población y sus organizaciones puedan ejercer su derecho a reunión y libre tránsito garantizando su participación en la solución de este conflicto.
8. Demandamos a la empresa Minera Las Bambas el cumplimiento de su responsabilidad social y ambiental.
Suscriben:
• Federación Interprovincial de Desarrollo Territorial y Ambiental de las Provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro
• Frente de Defensa de la Provincia de Espinar
• Defensoras del Territorio y Cultura K´ana
• Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Haquira
• Federación Regional de Mujeres de la Región de Apurímac
• Derechos Humanos Sin Fronteras
• CEDEP Ayllu
• CooperAcción
• Centro Bartolome de las Casas
• Red Muqui
• IDECA
• APRODEH
• Broederlijk Delen - Bélgica
• Asociación Madre Coraje - España
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