Servindi, 21 de mayo, 2019.- En el marco del caso Las Bambas, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos alertó irregularidades e ilegalidades en el proceso penal a los 19 comuneros de Cotabambas.
Estos cuestionamientos fueron detallados en el informe “Criminalización de defensores territoriales por protestar contra proyecto minero La Bambas”, creado por el mencionado programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El documento identificó que el Estado peruano cometió detención irregular de las personas manifestantes y vulneración al principio de legalidad y al derecho a la defensa.
De otro lado, el informe sostiene que la empresa incumplió con la responsabilidad de respetar los derechos humanos "al instrumentalizar la justicia para silenciar las denuncias y oposiciones en contra de sus actividades".
Finalmente, el texto del citado observatorio recomendó principalmente al Gobierno peruano salvaguardar los derechos al debido proceso de los 19 manifestantes. Además, pidió garantizar que las empresas respeten plenamente los derechos de los defensores.
Este informe es difundido en el contexto de la reanudación del juicio oral contra los 19 comuneros, el cual se llevará a cabo este 22 de mayo, tras casi cinco años de proceso penal y después de dos suspensiones.
El episodio ocurrió el 28 de septiembre de 2015, en medio de una fuerte represión por parte de efectivos policiales contra la población que protestaba frente al campamento minero.
Dicho enfrentamiento ocasionó la detención de 21 manifestantes, 19 de los cuales se encuentran inmersos en un proceso judicial desde entonces.
Según la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho, se trata de Edward B. Quispe Ccuno, Asunto Huamaní Huamaní, Javier Mamani Coaquira, Edwin Chumbes Challanca, Abraham Vargas Ichuhuayta, Justino Chiclla Quispe, Vidal Ccoropuna Alejo y Nolberto Berrio Huillca.
Asimismo, a Amílcar Quispe Letona, Juan Lima Huamaní, William Richard Huillca Ocon, Uriel Mendoza Espinoza, Leonardo Taype Huamanga, Wilmer Cárdenas Romero, Octavio Ccoropuma Pinares, Jhoel Panique Flores, Clever Sullca Huarcaya y Placido Sullca Costa.
Las protestas iniciaron con las modificaciones arbitrarias que la transnacional china MMG Limited realizó al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.
La principal modificación fue la decisión de no construir un mineroducto para trasladar los minerales. En cambio la empresa decidió que 450 mil toneladas de minerales fueran trasladadas en camiones por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades campesinas.
Hasta la fecha hubo seis modificaciones registradas al EIA.
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Para acceder al informe completo, clic aquí.
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