OBSERVACOM, 21 de marzo, 2018.- A partir de una denuncia de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y RTV Cardedeu (Barcelona), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició una investigación en España por no adjudicar licencias a las televisoras comunitarias. El gobierno tiene seis meses para responder.
Las organizaciones denunciaron que al no otorgar licencias para medios comunitarios, el gobierno los discrimina y excluye, vulnerando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
A pesar de que existe normativa que obliga al gobierno a planificar frecuencias para TV local (Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información de 2007 y Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010), el Plan Técnico Nacional de TV digital de 2014 no incluyó frecuencias para operadores comunitarios.
Incluso, a mediados de 2017, el Congreso aprobó una proposición no de ley (PNL) para que el gobierno cumpla con las normativas mencionadas, pero no lo hizo.
De acuerdo con ReMC, desde el Ejecutivo indican que no se adjudicaron frecuencias a los medios comunitarios debido a los cambios en la planificación de espectro por la liberación del primer y segundo dividendo digital (bandas de 700 y 600 Mhz respectivamente).
Sin embargo, la organización señala que eso no impidió que se adjudicaran licencias para operadores privados comerciales.
En América Latina, varios países reconocen legalmente la existencia de medios comunitarios sin fines de lucro. No obstante, según un estudio de OBSERVACOM, el reconocimiento formal no es suficiente si la legislación establece condiciones discriminatorias para su desarrollo y sustentabilidad.
En este sentido, el estudio revela que en nueves de 13 países que reconocen a este tipo de medios, se observan restricciones que se convierten en formas de censura indirecta según los estándares interamericanos.
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