Servindi, 22 de octubre, 2017.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia la muerte violenta de al menos 7 campesinos, incluyendo dos miembros del pueblo indígena Awá, en el municipio de Tumaco, en Colombia.
La CIDH urge a las autoridades colombianas a adoptar medidas urgentes para investigar de manera exhaustiva estos hechos y garantizar la seguridad e integridad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Asimismo, la CIDH condena el ataque ocurrido tres días después contra una misión humanitaria, periodistas y miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y Policía Antinarcóticos.
La información disponible indica que el ataque contra los campesinos se produjo el 5 de octubre de 2017, en el marco de una movilización campesina en contra de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y en reclamo por el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz y del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) acordado con el Estado. Como resultado al menos 7 campesinos murieron y otras 20 personas resultaron heridas.
El Ejército y la Policía Nacional señalaron que las indagaciones preliminares apuntaron a que un grupo residual de las FARC, ex columna Daniel Aldana, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y que luego atacaron con fusiles y ametralladoras a manifestantes y a autoridades.
No obstante, la CIDH expresa su grave preocupación respecto a la información aportada por habitantes de la región, según la cual miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de estos hechos, por lo que espera un pronto esclarecimiento de los hechos.
Posteriormente, el 8 de octubre de 2017, una comisión humanitaria se trasladó a la zona para verificar los hechos, encabezada por el Vice-defensor del Pueblo y el Director del Sistema de Alertas Tempranas. Testigos aseguraron que los miembros de la delegación fueron atacados por miembros de la Policía Antinarcóticos.
En este mismo sentido, el Defensor del Pueblo señaló que los testimonios recogidos en la zona de los hechos permiten inferir la presunta participación de funcionarios de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas, y recomendó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación y a la Procuraduría General de la Nación determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre constituyen falta disciplinaria.
La CIDH toma nota que la Procuraduría designó al Procurador Delegado de Derechos Humanos para que asuma la investigación integral de los hechos; y que la Inspección General de la Policía Nacional procedió a aplicar la medida de suspensión disciplinaria a cuatro policías que presuntamente accionaron sus armas de fuego.
Asimismo, la CIDH toma nota que la Fiscalía General de la Nación dispuso un grupo especial de investigadores para el esclarecimiento de los hechos.
Misión humanitaria
La misión humanitaria estaba integrada por personas de la Gobernación de Nariño, Personería de Tumaco, Diócesis de Tumaco, Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Misión de Verificación de la ONU y MAPP-OEA. Acompañaban a esta misión periodistas realizando su labor.
De acuerdo a lo señalado por miembros de la misión humanitaria, se realizaron todas las comunicaciones pertinentes para dirigirse al lugar. En medio del recorrido la delegación fue atacada por miembros del ESMAD y Policía Antinarcóticos con varias bombas de aturdimiento pese a que los integrantes de la misión intentaron identificarse.
Los testigos informaron que durante el ataque también se escucharon disparos y fue utilizado algún tipo de gas.
La CIDH nota que el Vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, manifestó que hubo un comportamiento irregular de la Policía frente a la misión y pidió explicaciones a la Policía Nacional al respecto.
Asimismo, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, rechazó la agresión y manifestó que espera garantías por parte del gobierno para que la investigación se adelante. La CIDH toma nota que la Policía Nacional ofreció excusas públicas a los integrantes de la misión y reiteró su disposición de colaborar con la investigación respectiva.
La CIDH observa asimismo que Jhon Jair Cortés, líder comunitario perteneciente a una de las comunidades que denunció el ataque ocurrido, fue asesinado el 17 de octubre. Jhon Jair Cortés era miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y trabajaba para visibilizar la situación de emergencia humanitaria y violencia que campesinos de la comunidad afro e indígena viven en la zona rural de Tumaco.
Según información de público conocimiento, había recibido amenazas, y así como los otros 18 miembros de la Junta, estaba bajo protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Comisión insta al Estado de Colombia a investigar con debida diligencia y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables con el fin de evitar que estos lamentables hechos se repitan.
Asimismo, llama al Estado a garantizar una atención médica integral a las personas heridas. Además, el Estado debe adoptar medidas urgentes a fin de garantizar la seguridad e integridad de los miembros de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El Estado debe también garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión, indicó la CIDH.
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