Noticias SER, 21 de octubre, 2016.- El conflicto Las Bambas ha traído consigo la muerte de Quintino Cereceda, ciudadano y comunero, quien falleció víctima de un operativo policial no autorizado ni por el Ministerio del Interior ni por los altos mandos de la Policía Nacional del Perú.
Su absurda muerte se convierte en la primera en una protesta social durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y se suma a las más de cien muertes producida en conflictos sociales en la última década.
La causa del conflicto es la misma que la que provocó tres muertos en la misma zona hace menos de un año: el reclamo de la población por los cambios hechos al proyecto, entre ellos la decisión de trasladar el material por carretera, dejando de lado la opción de un mineroducto.
Cabe recordar que estos cambios fueron posibles a partir de las modificaciones a la normativa sobre estudios de impacto ambiental aprobadas por el gobierno de Ollanta Humala como parte del llamado “paquetazo ambiental”.
Tanto el operativo no autorizado como el cambio en el EIA, no son más que una muestra de la dinámica habitual entre el Estado, las empresas mineras y la ciudadanía. La única política de los sucesivos gobiernos ha sido favorecer la gran inversión minera, subordinando a esa relación las obligaciones del Estado para con la ciudadanía, entre ellas algunas tan básicas como garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la propiedad.
En innumerables ocasiones hemos señalado la necesidad de que el Estado recupere su rol de garante de derechos. En ese sentido resulta saludable que el Ministro del Interior Carlos Basombrío haya reconocido que la Policia actúa autónomamente en zonas mineras como el caso de Las Bambas, aunque más preciso es decir que actúa en respuesta de los intereses de las empresas.
Por esa misma razón, es necesario que este primer gesto de enmienda vaya acompañado de la cancelación definitiva de los convenios que la PNP tiene con diversas empresas mineras.
Al mismo tiempo es importante que el Ministerio de Energía y Minas se autonomice de las demandas y necesidades empresariales, para lo cual el Ministro Gonzalo Tamayo debe retirar a los funcionarios que con sus decisiones administrativas han favorecido dichos intereses, apelando a la relevancia de la renta minera para el desarrollo del país.
Funcionarios que han confundido su rol, y que, entre otras cosas, aprobaron las modificaciones al EIA del proyecto Las Bambas, a sabiendas del impacto que la cancelación del mineroducto tendría en la vida de las comunidades en el área del proyecto.
En Noticias SER consideramos que los reclamos de la población movilizada en la provincia de Cotambambas requieren medidas inmediatas para superar la tensión que vive en estos momentos. No son mesas de diálogo lo que se necesita. Se necesitan decisiones rápidas y oportunas como las que hemos señalado.
Lo que se necesita es dejar en claro al menos dos cosas: uno, que la policía no será más subordinada a los intereses de una empresa privada y dos, que funcionarios públicos que han tomado decisiones que afectan gravemente la vida de la gente no puedan seguir en sus cargos como si nada hubiera ocurrido.
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