Por Jonathan Hurtado
Servindi, 20 de mayo, 2016.- Las respuestas del Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre la pertinencia de la consulta previa en el caso del proyecto minero Yagku Entsa, al norte de la región Cajamarca, tomó por sorpresa a los presentes en el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la mañana del martes 17 de mayo.
En dicho tribunal se encontraban Rodolfo Akintui, presidente de la comunidad nativa de Supayacu, Albercio Bazán, presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), y el equipo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) encabezado por el abogado David Velazco.
Supayacu había presentado una demanda de amparo para exigir la consulta previa del proyecto Yagku Entsa -de oro y cobre- a cargo de Exploraciones Mineras Águila Dorada S.A.C., empresa que ha reconocido como zona de influencia del proyecto solo a la comunidad de Naranjos, vecina de Supayacu en la provincia de San Ignacio.
Eso pese a que ambas se ubican relativamente cerca y tienen como límite natural el río Chirinos, en cuya cabecera de cuenca operó la empresa entre los años 2013 y 2015 como parte de su primera fase de actividades de exploración.
"Nosotros compartimos el mismo río. Ahí en la parte de arriba es donde la empresa ha hecho el trabajo. Toda ese agua discurre y llega hasta nosotros. Entonces cómo ellos (la empresa y el Minem) dicen que no somos afectados", explica Albercio Bazan, quien agrega lo ocurrido el año 2014 con la muerte de peces como consecuencia, aparentemente, del vertido de sustancias tóxicas al río por la empresa.
Producto de la contaminación, explica el dirigente awajún a Servindi, han tenido que suspender sus actividades de pesca por cerca de dos años. Para Bazán esta sería una prueba irrefutable para que Supayacu figure dentro de la zona de influencia del proyecto minero y por lo tanto sea consultada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
Cero en interculturalidad
No obstante, para Walter Orlando Pastor Reyes, procurador del Ministerio de Energía y Minas, la consulta no se justifica. Pastor sostuvo durante la audiencia del martes que la comunidad no agotó la vía administrativa antes de presentar su demanda de amparo en la que solicita la consulta.
Para el procurador la comunidad debió impugnar en su momento los documentos que avalaban el inicio de las operaciones de exploración de la empresa. Es decir, la constancia de aprobación automática de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la autorización de inicio de actividades de exploración que se efectuó mediante la Resolución Directoral No. 229-2013 MEM/DGM, del 6 de setiembre de 2013.
Ante dicho razonamiento el juez le pidió al representante del Minem que precise si la comunidad había sido informada a tiempo sobre el inicio de las operaciones. La respuesta de Pastor Reyes fue que sí, a través del diario oficial El Peruano.
Como era previsible, el juez cuestionó lo dicho al indicar que esa no es la forma de notificar a una comunidad nativa —sin adecuado acceso a medios de comunicación— sobre una actividad que les va afectar.
A lo que el procurador replicó que “si ellos (la comunidad) sabían que se estaban realizando actividades en la zona, bien pudieron haberse acercado a pedir información."
"Ellos se enteraron posteriormente, cuando vieron movimiento en la zona, con helicópteros, traslado de material", explica a Servindi David Velazco, abogado de la asociación Fedepaz.
Velazco también cuestiona que el procurador haya citado como sustento para que no se realice la consulta a Supayacu, un informe del Viceministerio de Interculturalidad que diría, según Pastor, que la comunidad no está en zona de influencia del proyecto minero.
"Ese informe no dice eso. Lo que dice es que el proyecto no se va realizar en Supayacu, lo cual es cierto, pero no dice que no haya otras comunidades en el área de influencia", explica el defensor.
Albercio Bazán de la ORFAC, David Velazco de Fedepaz y Rodolfo Akintui apu de Supayacu. Foto: Servindi
Otro argumento lanzado por el procurador durante la audiencia fue que el Minem aprobó el proyecto porque se elaboró un informe en gabinete y en campo que concluyó que no iba haber contaminación en la zona.
"Se trata de un informe de parte. Si yo contrato a alguien para que diga que no voy a impactar y encima le pago, entonces va decir que no voy a impactar", afirma enfático el abogado de Fedepaz.
El sustento final presentado por el procurador apuntó a un informe elaborado por el Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca sobre la calidad del agua del río Chirinos, luego de que se denunciara la muerte de cientos de peces. El informe confirmó la presencia de aceites grasos y fenoles por encima de los límites permisibles para el consumo humano.
“Bueno, pero sabemos quién es el Presidente Regional de Cajamarca y su posición frente a la minería”, sostuvo al respecto el procurador del Minem en un claro intento por desautorizar el estudio. A lo que el juez respondió: "¿Es el Gobierno Regional o es el señor Gregorio Santos el que hace el informe?"
Según explicó el abogado de Fedepaz, en un máximo de 30 días se espera conocer la sentencia del caso. Velazco dejó ver que existen muchas posibilidades de que la demanda se declare fundada.
Comunidades a la expectativa
Si bien en un inicio parte de la comunidad de Naranjos respaldó la actividad minera, desde el año pasado esto dejó de ser así.
"Anteriormente teníamos problemas. Ahorita que ellos (población de Naranjos) han visto lo que ha hecho la empresa, ya no quieren (minería). Hemos conversado y ya no quieren a la empresa", dice Rodolfo Akintui, presidente de Supayacu, comunidad que tiene ocho anexos y cuyos habitantes se dedican a la producción de café, cacao, a la ganadería y la pesca.
En abril de 2015, Naranjos se pronunció en contra de Águila Dorada, por lo que decidió no firmar el convenio necesario para el inicio de la segunda fase de exploración del proyecto Yagku Entsa. La primera fase había culminado justamente ese mes.
Según relata Albercio Bazán de la ORFAC, ese año gente de la propia Naranjos manifestó su sorpresa a la población de Supayacu. "La misma gente que ha trabajado con la empresa ha venido a informarnos de que ellos no sabían que (el proyecto) iba a afectar de esta manera."
"Ellos (la gente de Naranjos) con sus propios ojos han visto los químicos que se desecharon al río, ellos no sabían y echaron y vieron que los peces se morían (...) Luego querían anular el permiso que dieron con una autorización del Minem, pero el permiso del Minem ya estaba. Entonces hasta ellos mismos han sido engañados.", explica Bazán.
Datos:
- En Naranjos tampoco se realizó la consulta previa, pese a que oficialmente figura dentro de la zona de influencia del proyecto minero.
- La comunidad de Supayacu se ubica en el distrito de San José de Lourdes, y Naranjos en el distrito de Huarango, ambos en la provincia de San Ignacio.
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