El Grupo Repsol, la Marina y las instituciones ambientales del país debilitadas en los últimos años, deben responder por el reciente desastre ecológico que vive el país.
Servindi, 20 de enero, 2022.- El derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar peruano, considerado un desastre ecológico, tiene responsables que se han intentado ocultar.
La principal responsabilidad recae sobre la Refinería La Pampilla S.A., administrada por el Grupo Repsol del Perú S.A.C., que brindó información inexacta sobre esta tragedia.
No menos importante es el rol de la Marina de Guerra del Perú y las instituciones ambientales del país, que fueron debilitadas convenientemente en los últimos años.
Son responsabilidades que no se deben obviar para empezar a atender el problema realmente, uno que desde hace décadas afecta en especial a la Amazonía y no recibe mucha atención.
Responsabilidades
La gran responsable es la Refinería La Pampilla S.A., administrada por el Grupo Repsol del Perú S.A.C., que prosiguió descargando barriles de petróleo en mar peruano pese a la alerta internacional.
Su responsabilidad está también en haber brindado información inexacta, al señalar inicialmente que el derrame fue de solo 7 galones de petróleo y que el incidente había sido superado.
A la fecha, la compañía no acepta que es la causante de este desastre ecológico y tampoco ha sabido responder a la altura de esta tragedia.
Otra institución que tendría que responder por esta situación es la Marina de Guerra, que emitió una alerta tardía de “oleaje anómalo” a raíz de la erupción del volcán Tonga.
El estallido del volcán fue a las 11:30 p.m. del viernes 14 de enero; pero la Marina solo comunicó su alerta por la noche del sábado, apenas horas antes del fallecimiento de dos mujeres.
Esta alerta llegó mucho más tarde que los avisos y evacuaciones que ya se venían realizando en Chile y Ecuador, países que limitan con el Perú por el sur y norte, respectivamente.
Es decir, ni el sistema para detectar oleajes anómalos que adquirieron en 2018 por más de S/ 7 millones, les permitió actuar con mayor diligencia para evitar el desastre actual.
Repsol debe responder por el desastre ecológico más trágico de los últimos tiempos en Perú. Composición: El Popular
Institucionalidad debilitada
No puede dejarse de mencionar tampoco la responsabilidad de nuestras instituciones ambientales: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
Ambas instituciones han sido debilitadas en los últimos años, lo que bien podría haber conllevado a la falta de una respuesta institucional conjunta, rápida y contundente en esta tragedia.
El OEFA actualmente no cuenta un presidente y quien viene asumiendo esa función desde setiembre de 2021 —aunque debió ser temporal— es la gerente general de la institución, Miriam Alegría Zevallos.
Una situación similar ocurre en el Serfor, que desde 2020, tiene a su gerente general, Jorge Amaya Castillo, asumiendo funciones, a su vez, como director ejecutivo de la institución.
Esto, luego de que la entidad fuera descabezada de manera vergonzosa por la gestión de Martín Vizcarra, que destituyó sin razones a su entonces director ejecutivo Luis Gonzáles-Zúñiga.
OEFA y SERFOR son dos instituciones ambientales del país debilitadas en los últimos años. Foto: OEFA
Un problema antiguo
Como hemos recordado desde Servindi, los derrames petroleros son una realidad diaria que sufren los pueblos indígenas principalmente de la Amazonía norte desde hace décadas.
Según el estudio ‘La sombra del petróleo’, solo entre el 2000 y el 2019 se han registrado 474 derrames de crudo en los lotes petroleros de la Amazonía Norte.
El estudio indicó que el 65% de los derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de los ductos y el 28% a la intervención de terceros, es decir, por responsabilidad de las operadoras.
Además, según lo reportado por el Observatorio Petrolero de Puinamudt, desde finales del 2021 han ocurrido cuatro derrames en los lotes 8, 192 y el Oleoducto Norperuano.
Tal situación debería llevarnos a abordar este problema endémico desde su raíz, empezando por establecer una Comisión de la Verdad sobre la minería y los hidrocarburos más allá del Congreso.
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